Junts, más cerca de conseguir el traspaso de competencias en inmigración: ¿qué significa eso?

Junts sigue negociando con el Gobierno de Pedro Sánchez la delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña, una cuestión que se acordó en enero del año pasado pero que, a día de hoy, todavía no se ha materializado. Este escollo es, ahora mismo, la principal discrepancia que separa a los de Puigdemont con el Ejecutivo central y, presumiblemente, el asunto que podría desbloquear la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025.

El pacto está "bastante avanzado", según señalaba este martes la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Sobre lo que se está negociando, Alegría apeló la discreción para no dar más detalles, pero sí aseguró que todo se hará "bajo el paraguas de la Constitución". "Y cuando haya acuerdo, se trasladará y se informará con total transparencia", ha añadido. 

Pero, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a un traspaso de competencias de inmigración? El Gobierno se comprometió a dar este paso en enero del año pasado para salvar la aprobación de sus tres primeros decretos de 2024, relativos a las medidas anticrisis, el subsidio de desempleo y la reforma de la administración de la Justicia.

Junts acabó votando a favor de los tres a cambio de concesiones, entre las que se encontraban la publicación de las balanzas fiscales, la supresión del artículo 43 Bis de la Ley de Enjuiciamiento civil (que amenazaba, según los independentistas, la ley de amnistía) o la bajada del IVA del aceite al 0%.

Sin embargo, el acuerdo más polémico fue el relativo a la delegación de las competencias de inmigración, que la formación independentista despachaba de este modo: "Delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalitat, modificando el artículo 150.2 de la Constitución española a través de una ley orgánica específica para Cataluña. La delegación de esta competencia vendrá acompañada de los recursos necesarios y permitirá a Cataluña una política integral, para que sean tanto el Govern como el Parlamento de Cataluña los que determinen una política propia, adecuada a las necesidades y a la realidad de nuestro país".

Los de Puigdemont aseguraron en su momento que el objetivo es que la Generalitat, ahora en manos del PSC, pueda expulsar a inmigrantes que cometan delitos, controlar los flujos migratorios o gestionar los permisos de residencia. El Gobierno central, mientras, rebajo rápidamente las expectativas de la cesión migratoria. "Veremos hasta dónde puede llegar con sentido común el alcance de la delegación de competencias", señaló por entonces  la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El tira y afloja al respecto se ha matenido a lo largo de todo este año. Fuentes del Ejecutivo sostienen que Junts ha demandado, por ejemplo, la delegación de competencias en el control de las fronteras para Cataluña. Es decir, que sean los Mossos (y no la Policía Nacional o la Guardia Civil) quienes 'vigilen' las entradas y salidas en puntos tan sensibles como el aeropuerto del Prat de Barcelona. Algo que el Ejecutivo no parece estar dispuesto a conceder.

El diario El País señalaba el pasado jueves que otras pretensiones de los independentistas son controlar la tramitación del NIE (número de identificación de extranjeros) o los procesos de expulsión. Esto último es una competencia del Ministerio del Interior que sólo puede ejecutarse tras una sentencia judicial. Además, chocaría también con la política migratoria europea, que señala como competentes únicos en esta cuestión a los Estados miembros.

En este contexto, el Gobierno habría ofrecido la posibilidad de que los Mossos participen en todas estas laborales, "pero siempre bajo el mando de las autoridades estatales". Algo que a Junts le parece insuficiente. El objetivo es llegar a un punto intermedio que sirva a ambas partes para vender un relato triunfalista ante los suyos.

Esto es lo que dice la Constitución

Pero, ¿es constitucional dicha cesión de competencias? Los expertos consultados por El HuffPost admiten que la Carta Magna no impide, en virtud del artículo 150, ceder a las autonomías "transferir o delegar, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación". Sin embargo, la Constitución no hace un listado de las materias que "por su propia naturaleza", como dice el articulado, se pueden delegar o transferir. De hecho, el artículo 149 señala expresamente que la inmigración es “competencia exclusiva” del Estado, lo que anuncia recursos de inconstitucionalidad por parte de PP, Vox y, probablemente, de numerosas CC.AA. si finalmente se produce alguna transferencia de competencias.

Ya en su sentencia sobre el Estatut dictada en 2010, el TC determinó que "sería claramente inconstitucional" que la Generalitat pretendiera asumir determinadas facultades sobre inmigración, exclusivas del Estado. Por eso, hasta ahora, algunas CC.AA. sólo han asumido facultades sobre la integración de los inmigrantes (como la asistencia social, la sanidad, la formación y la tramitación de permisos de trabajo), pero nada de calado o que pueda interferir directamente en las competencias actuales del Estado.