La Fiscalía Anticorrupción está investigando una presunta financiación ilegal de Vox. La noticia que ha saltado ahora a la actualidad viene a cerrar un círculo que lleva abierto casi un lustro. En esta ocasión, las diligencias se han abierto tras encontrar cierta base sólida en una denuncia interpuesta por el PSOE el pasado mes de diciembre. Según los socialistas, el partido político de Abascal podría haber embolsado al menos 4,6 millones de euros de manera fraudulenta. La sombra de la duda rodea ahora al partido ultraderechista poniendo el foco en las "huchas" o "cajas de caudales" que estos ponían en sus eventos y que podrían disfrazar como "ventas promocionales" posibles "donaciones ilegales encubiertas". Sin embargo, no es la primera vez que la lupa se posa en la opaca financiación del partido verde.

Un complejo "entramado societario"

El pasado 2023, a raíz de que Macarena Olona sembrara la duda sobre las cuentas de Vox en una controvertida entrevista con Jordi Évole, El HuffPost desveló la existencia de lo que fuentes cercanas al partido denominan "el entramado societario" que "alimenta de dinero público" al partido de Abascal. Concretamente, este periódico hizo un exhaustivo análisis de las cuentas de Tizona Comunicación SL, la consultora liderada por Gabriel Ariza —hijo del dueño de Intereconomía, Julio Ariza— y por Kiko Méndez Monasterio, exasesor parlamentario de Vox e íntimo amigo de Santiago Abascal.

En dicha información, este diario pudo comprobar que la sociedad se embolsó de 2018 a 2022 más de 3,7 millones de euros prestando en exclusiva sus servicios "a Vox y sus satélites" y que el 70% de esta facturación (2,7 millones) fue destinado a pagar ‘otros gastos de explotación’ no especificados.

Las cuentas analizadas demostraban que en el año 2022 la agencia gastó el 99% de todos sus ingresos en esos ‘servicios externos’; en 2021 dedicó un 63% de los mismos; en 2020 un 58%; en 2019 un 92% y en 2018 llegó a gastar 42.050 euros en estos pagos a terceros aun habiendo reportado una cifra de negocios de tan solo 13.700 euros en todo el año. Voces cercanas a la formación apuntaron a este medio que esta es precisamente una de las claves de cómo funciona la estructura empresarial que rodea y alimenta a Vox.

Aquí se cruzaban los caminos de Tizona Comunicación y Disenso, la fundación privada creada por Vox en 2020 y que preside Santiago Abascal. Fuentes conocedoras aseguraron a El HuffPost que Vox había estado usando el organismo sin ánimo de lucro como "vehículo e instrumento" para "desviar dinero a terceros". Es decir, para financiar al resto de componentes de su ‘universo’ empresarial. Uno compuesto por diferentes personas jurídicas —entre las que se encontraría Tizona— pero con tres únicos apellidos al mando de sus órganos administrativos: Abascal, Ariza y Méndez Monasterio.

Cabe recordar que, pocos meses antes, ElDiario.es también había revelado que la formación verde había traspasado de 2020 a 2023 alrededor de siete millones de euros a Disenso. Un periodo en el que la fundación, a su vez, también habría pagado un millón anual a su personal y enviado más de 1,3 millones de media cada año a la partida de "otros gastos". Una dinámica cuanto menos curiosa.

Las fuentes cercanas al partido aseguran que por este motivo Macarena Olona retó públicamente a Santiago Abascal a que, como presidente de un organismo que ha recibido millonarias cantidades de dinero público, mostrara en un alarde de transparencia el modelo tributario 347 de la Fundación Disenso. De esta manera se podría seguir el rastro del dinero destinado al epígrafe 'otros gastos', o lo que ella denominó como la "cuenta de putas y varios", para acabar así con las "acusaciones de corrupción". Por el momento no ha sucedido.

Su vínculo con Tizona, en el foco del Tribunal de Cuentas

Ese mismo año, en 2023, el Tribunal de Cuentas sacó a la luz, a través de su informe de fiscalización de las cuentas anuales de los Partidos Políticos de los ejercicios 2018 y 2019, la existencia de facturas por un importe de 516.670 euros solo en el año 2019 al "proveedor que gestiona los servicios de comunicación" de Vox. Es decir, la ya mencionada Tizona Comunicación.

El órgano fiscalizador señaló que dichas facturas giradas "indican conceptos de carácter genérico", apuntando que "sería conveniente que recogiesen un mayor detalle sobre las unidades facturadas, la naturaleza de los servicios prestados y las fechas de prestación de los mismos, habida cuenta del elevado importe facturado".

Ese mismo año las cuentas de la mercantil Tizona Comunicación el importe neto que se embolsó la entidad por desarrollar su actividad fue de 682.342 euros. Es decir, de ser Tizona la agencia a la que aludía el TC, más del 75% de los ingresos de dicho ejercicio habrían llegado gracias a contratos directos con Vox. Ya por aquel entonces cobró especial relevancia el hecho de que tanto Disenso como Tizona derivaran importes tan elevados a una partida tan opaca cuando su principal pagador es una formación política financiada en más de un 65% con dinero público.

"Simulación de venta de merchandising"

En la línea de presuntas "irregularidades", lo que ahora investiga la Fiscalía Anticorrupción ya fue un quebradero de cabeza para el partido de Abascal en 2019. Dicho año el departamento de tesorería de Vox envió un correo electrónico "urgente" con instrucciones para su departamento de contabilidad. Según adelantó eldiario.es, la orden fue: "Regularizar de manera urgente todo el dinero que tengáis por merchandising. (...) Los ingresos han de realizarse tal y como se recaudaron, cantidades inferiores a 299 euros, indicando la fecha de recaudación".

En la información adelantada por El Independiente este lunes se añade que los socialistas estimaban que Vox podría haber obtenido 4.650.234,47 euros "de forma fraudulenta", basando parte de sus sospechas en el informe del Tribunal de Cuentas donde la formación contabilizaba 1,8 millones de euros por "ventas promocionales" sin justificar. Según el digital, para el PSOE se trataría de "donaciones ilegales encubiertas".

La estrategia del grupo habría consistido en reflejar ingresos derivados de supuestas ventas promocionales que no se justifican "con una mínima contabilidad" y "con el objetivo de captar fondos en metálico de un modo absolutamente opaco".

Un préstamo húngaro

En la reciente denuncia también se menciona un préstamo de 6 millones y medio de euros de la entidad bancaria húngara MBH Bank Nyrt en las elecciones generales de 2023. Cabe recordar que la Ley de Financiación de Partidos mantiene prohibidas las donaciones procedentes de una misma persona superiores a 50.000 euros al año. Además, la prestación presuntamente ilícita podría estar ligada al primer ministro y ultrapopulista Viktor Orban.

Para los denunciantes se atisba cierta sospecha en la salida de Vox del grupo que lidera Georgia Meloni en el Parlamento europeo para integrar el de Orban ya que según reza la denuncia, podrían existir "flujos de financiación irregular entre los partidos europeos calificados como ultraderecha que se engloban en el grupo del Parlamento europeo como 'Patriotas por Europa', en torno al partido político húngaro del presidente Orban".

Sancionados por financiación irregular

Vox carga con numerosas incógnitas en torno a su financiación a las espaldas, pero por el momento solo ha tenido que abonar una sanción por este asunto. El pasado mes de julio el partido político tuvo que pagar 233.324,22 euros por financiación irregular después de que el Tribunal de Cuentas abriera un expediente sancionador al examinar las cuentas de 2019 de la formación.

Según el órgano fiscalizador, Vox cometió dos infracciones continuadas muy graves contra la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos (LOFPP), al recolectar donaciones, que están expresamente prohibidas, para financiar la querella interpuesta por la formación ultra contra el expresidente de la Generalitat Quim Torra y abonar la fianza de un joven procesado por la muerte de un ladrón. Por el primer caso, la sanción fue de 50.000 euros —el mínimo fijado por ley para las infracciones muy graves— mientras que por el segundo tuvo que abonar 183.324,22 euros.