La Fiscalía se opone a la puesta en libertad de Santos Cerdán porque hay riesgo de destrucción de pruebas
Las acusaciones populares también se oponen a ello. Lo ha adelantado el 'Canal 24 horas' y confirmado 'Europa Press'.

La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares se han opuesto al recurso presentado por el exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán, para salir de prisión provisional al considerar que hay riesgo de destrucción de pruebas, según ha podido adelantar el Canal 24 horas y confirmar Europa Press.
La defensa de Cerdán solicitó el pasado 3 de julio que su cliente fuese puesto en libertad de forma "inmediata" defendiendo que no existen "indicios suficientes" para su detención, sino una "causa general" en su contra. De hecho, según la misma, la prisión ha sido "adoptada sin indicios de criminalidad suficientes", por lo que es "incompatible con la presunción de inocencia".
"La perspectiva asumida en todo momento por el órgano jurisdiccional es netamente inquisitiva", agregaba la defensa, que denunció que "la apreciación del instructor es en todo momento contra reo" y que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) fue asumido de forma "acrítica".
Sin embargo, el Ministerio Público ha rechazado las argumentaciones y motivos expuestos por la defensa de Cerdán, defendiendo que aún persiste el riesgo de destrucción o alteración de pruebas por parte del exsocialista, al cual se le acusa de delitos de tráfico de influencias, cohecho y organización criminal.
De hecho, cuando el fiscal jefe Alejandro Luzón pidió su ingreso en prisión preventiva, se refirió a Cerdán como "el jefe de una organización criminal" que intentó "penetrar en el Gobierno" junto con el entonces ministro Jose Luis Ábalos y su exasesor Koldo García para amañar obras públicas. "Santos llevó la corrupción al Ministerio", agregó.
Cabe recordar que además de Cerdán— quien entró en la cárcel de Soto del Real por orden del juez Leopoldo Puente el pasado 30 de junio— también están siendo investigados Ábalos, Koldo García, Víctor de Aldama y otros cinco empresarios por el presunto reparto de mordidas por supuestas adjudicaciones irregulares de obra pública a varias constructoras.
