La Unión Progresista de Fiscales solicita la intervención de la Relatora de la ONU tras las "graves anomalías" detectadas en el juicio del fiscal general

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) considera que durante el juicio del fiscal del Estado se detectaron "graves anomalías", motivo por el cual ha solicitado la intervención de la Relatora de la ONU para la Independencia Judicial, pues considera que durante este hubo una "sucesión de irregularidades institucionales". 

"Hemos decidido dar este paso excepcional, que nunca antes había sido necesario en democracia, porque el caso presenta problemas estructurales que afectan no solo a los derechos del afectado, sino al funcionamiento de la justicia en España y a la confianza pública que la sostiene", han señalado desde la UPF. 

Y es que, según han argumentado en su petición, durante el juicio hubo "anomalías que comprometen la independencia judicial" bajo una "aparente falta de imparcialidad" que afecta al equilibrio institucional de un Estado de derecho. "Todo ello, más allá de la intención de los magistrados, erosiona la confianza de cualquier observador razonable", agregan. 

Algunos de los motivos que señalan como muestra de ello son las intervenciones en sala, el curso remunerado impartido durante el periodo de deliberación ante una de las acusaciones populares, algunos comentarios del propio presidente del tribunal sobre la sentencia antes de su adopción o los vínculos entre algunos de los magistrados y la parte acusadora. También critican el hecho de que, de forma previa a la sentencia, los componentes del TS anunciaron un fallo condenatorio sin motivación o prueba consistente alguna. 

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue condenado por el Tribunal Supremo (TS) el pasado 20 de noviembre de 2025 a dos años de inhabilitación por revelación de secretos, así como a una multa económica de 7.200 euros y una indemnización a la pareja de Ayuso de 10.000 euros.