El presidente de la Sala del Supremo que condenó a García Ortiz participó en un curso de una de las acusaciones: "Concluyo, que tengo que poner la sentencia al fiscal general"
El magistrado Andrés Martínez Arrieta estuvo en unas jornadas del Colegio de Abogados de Madrid con otros dos de los jueces que condenaron al fiscal general del Estado, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral. El curso tuvo lugar en plena deliberación del fallo.

"Y con esto, señores, concluyo, que tengo que poner la sentencia al fiscal general". La afirmación, con obvios tintes de chascarrillo por las risas que generó en la sala, pertenece al magistrado del Tribunal Supremo Andrés Martínez Arrieta, según puede escucharse en un audio al que ha tenido acceso el programa La Hora de La 1. El asunto podría parecer anecdótico, o de simple intercambio coloquial intrascendente, si no fuera porque Martínez Arrieta espetó tal aseveración el pasado 18 de noviembre en plena deliberación de la condena a Álvaro García Ortiz, de la que él formaba parte. Lo hizo, además, en un curso organizado por el Colegio de Abogados de Madrid, acusación particular en el juicio contra el ya exfiscal general del Estado. Dos días después de esa despedida, el 20 de noviembre, se dio a conocer la condena.
Además de Martínez Arrieta, presidente de la Sala Segunda del Supremo y según avanzó eldiario.es este martes, en el curso participaron también los magistrados Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral, otros dos de los jueces que condenaron a García Ortiz. Por su participación, los jueces percibieron 180 euros (Martínez Arrieta) y 360 euros (Berdugo y Del Moral, que además cobró otros 270 por coordinar el curso).
Aunque la participación en cursos por parte de jueces o fiscales sea habitual, compatible con su labor y no exija de autorización siempre y cuando se produzca "fuera de las horas de audiencia", no deja de resultar chocante que tres de los jueces que condenaron al fiscal general, en un fallo del que todavía no se conoce la sentencia, participaran en unas jornadas organizadas por una de las acusaciones particulares, el ICAM, que pedía cuatro años de prisión para García Ortiz. "Es tan importante la imparcialidad como la apariencia de la misma", ha señalado a La Hora de La 1 la magistrada Victoria Rosell.
La noticia se suma a un conglomerado de hechos inauditos que definen el juicio a Álvaro García Ortiz; nunca antes, de hecho, se había juzgado a un fiscal general del Estado. La condena sorprendió a buena parte del mundo jurídico. Hace unos días, el experto en Derecho Constitucional Joaquín Urías mostró a El HuffPost su estupor ante la ocurrencia del Supremo de emitir una condena antes siquiera de tener la sentencia escrita. "El Tribunal Supremo ha trasladado la idea de: primero decidimos y luego nos inventamos algo para que parezca que la decisión es jurídica", dijo. La propia decisión de condenar a García Ortiz llamó la atención después de que varios periodistas negasen durante el juicio que el exfiscal general fuera el filtrador del correo en el que el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, reconocía haber cometido dos delitos de fraude fiscal.
El juicio a Álvaro García Ortiz ha dado la sensación desde el principio de haber estado escrito antes de producirse. De los siete magistrados que tenían que decidir sobre su futuro, cinco eran del sector conservador y dos, del progresista. Los cinco primeros votaron por la condena y los dos restantes, por la absolución. El día en el que Martínez Arrieta hizo esas declaraciones todavía no se conocía, de hecho, que finalmente sería él, como presidente, quien escribiría la sentencia y no la jueza Susana Polo.
Por recordar: el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, denunció a García Ortiz por revelación de secretos. Lo señaló como culpable de haber filtrado un correo de su abogado en el que reconocía dos delitos de fraude fiscal cometidos por su cliente a cambio de lograr una condena menor. El correo se publicó en diferentes medios de comunicación después de que el diario El Mundo publicase un bulo fabricado por el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, según el cual había sido la Fiscalía la que le ofrecía un pacto a González Amador, y no al contrario. A pesar de que los periodistas que publicaron ese correo electrónico declararon en el juicio que su fuente no había sido el fiscal general del Estado, el Supremo condenó a García Ortiz por un delito de revelación de secretos a dos años de inhabilitación para el cargo.
