El Tribunal Supremo condena al Fiscal General del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos
El alto tribunal impone también una multa económica de 7.200 euros y le obliga a indemnizar a González Amador con 10.000 euros. El fallo se ha producido con el voto a favor de cinco de los siete magistrados.
Ya hay fallo contra el Fiscal General del Estado (FGE). La Sala II del Tribunal Supremo (TS) ha condenado a Álvaro García Ortíz a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito revelación de secretos contra Alberto González Amador, quien también tendrá que ser indemnizado por el FGE con 10.000 euros por daños morales. .
La sentencia del alto tribunal no se ha producido por unanimidad, ya que ha contado con el apoyo de cinco de los siete magistrados que formaron el tribunal que contaba con mayoría conservadora. Las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana han sido las únicas disidentes a dicha resolución.
De hecho, Polo era la ponente de la sentencia, pero finalmente ha asumido su redacción el presidente de la Sala de lo Penal del TS, que también presidió el tribunal, Andrés Martínez Arrieta. El fallo ha sido comunicado a las partes, pero no surtirá efectos hasta que se notifique la sentencia, que se conocerá posteriormente.
El juicio contra Álvaro García Ortiz por un supuesto delito de revelación de secretos se celebró entre el 3 y el 13 de noviembre, días en los que testificaron todos los implicados en el caso; entre ellos, periodistas, el propio FGE, Alberto González Amador -novio de Ayuso- y Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, entre otros.
Con esta resolución se pone fin al juicio más mediático de la historia reciente de España, y el primero contra un Fiscal General del Estado, que se vio obligado a sentarse en el banquillo de los acusados.
El fallo es el siguiente: "Debemos condenar y condenamos a D. Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, art. 417.1 del Código Penal a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años, y al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular. Como responsabilidad civil se declara que el condenado deberá indemnizar a D. Alberto González Amador a 10.000 euros por daños morales.
Le absolvemos del resto de los delitos objeto de la acusación. Los objetos intervenidos en los registros practicados se devolverán a sus titulares y, en su caso, se destruirán", apuntan.
Hay que señalar que una vez que la sentencia sea firme no podrá ser recurrida, aunque sí podrá ser impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC) en amparo por vulneración de derechos fundamentales. Sin embargo, para que esto se produzca, se debe cumplir el requisito legal de presentar un incidente de nulidad, de forma que el TS tendría que volver a pronunciarse sobre la cuestión.
