Los saharauis que se quedan fuera de la regularización del Gobierno: "Mi vida ha quedado en el aire" 

Frustración, decepción y el sentimiento de ser víctimas de discriminación. Así se sienten muchos ciudadanos de origen saharaui que viven en España como solicitantes del estatuto de apátrida tras quedar excluidos de la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno.

"Sentí que se me caía el mundo encima", relata a EFE uno de estos afectados, Larabas Mohamed Moulud, sobre el momento en que supo que el real decreto finalmente los dejaba fuera.

Nacido en El Aaiún en 1970, cuando el territorio era provincia española, es solicitante de apatridia desde agosto del año pasado pero teme que aún tenga que esperar mucho más. Como mientras tanto no tiene permiso para trabajar en el país, había puesto su esperanza en esta regularización.

Su caso es especialmente sangrante porque, al haber nacido en una colonia española, su familia tiene carnés de identidad o el libro de familia españoles mientras que él, a ojos de España, no tiene patria.

Desde que hizo su solicitud hace ocho meses, no ha vuelto a saber nada del proceso mientras vive de la ayuda que le ofrecen algunos familiares que tiene aquí en España: "Incluso fui desde Almería hasta la oficina de Bilbao donde hice mi solicitud para preguntar pero nadie me dice nada", reclama.

Su percepción es que el Gobierno simplemente ha borrado las palabras que se referían a su situación del real decreto sin ofrecerles ninguna solución, por lo que su vida y la de miles de personas como él han quedado "en el aire".

Una exclusión de última hora

Los borradores en los que había trabajando el Ejecutivo incluían a los solicitantes de apatridia pero el dictamen del Consejo de Estado desanconsejó su inclusión y el texto definitivo dejó fuera al colectivo.

El estatuto de apátrida reconoce legalmente a toda persona que no es considerada como nacional suyo por ningún Estado. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones actualizados hasta diciembre de 2025, en España viven 11.516 personas apátridas, de las cuales al menos el 95 % son sahararuis.

El Gobierno ha defendido esta exclusión de última hora alegando que los apátridas ya tienen un procedimiento específico que los protege, pero organizaciones como la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara o Juventud Activa Saharaui han denunciado la situación de vulnerabilidad a la que esto les aboca.

Muchos ven esta exclusión como una discriminación respecto al resto de migrantes y, en especial, en relación a los solicitantes de asilo, que sí se pueden beneficiar de la medida incluso sin renunciar a su petición de asilo hasta que reciban una resolución de la regularización.

La secretaria de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España, Fatma El Galia, no entiende este "trato desigual" ante "situaciones idénticas" y solo ve un "acto de discriminación intencionado hacia el colectivo de sahararuis", según ha señalado en una entrevista con EFE.

Es más, los peticionarios de protección internacional están más protegidos que los de apatridia, explica la letrada, ya que pueden trabajar a los seis meses desde su solicitud, mientras que los apátridas tienen que esperar una resolución sin este derecho reconocido.

"En esos dos o tres años ni tiene autorización para poder trabajar, ni tiene asistencia sanitaria ni puede salir de territorio español... No hay garantía ninguna", precisa la abogada.

El estatuto de apátrida, cuando se concede, da permiso de residencia y trabajo por cinco años y acceso a todos los derechos que tiene cualquier extranjero con papeles en el país, pero el problema es que este procedimiento "no funciona", asegura El Galia, porque no se ponen los medios materiales y humanos necesarios para ello.

Sobre la motivación del Gobierno para tomar esta decisión, la abogada asegura que "no queda otra" que pensar que el Ejecutivo lo ha hecho por orden de Rabat o, al menos, con intención de no molestar al Gobierno marroquí ante la ausencia de cualquier otro argumento jurídico o lógico.

El riesgo de renunciar

Para el director de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente, la exclusión de los apátridas del real decreto de regularización es "claramente una discriminación" para este colectivo pero, según ha precisado a EFE, no se trata de una exclusión automática de todas las personas saharauis.

En su opinión, existe la opción de renunciar a la petición de apatridia, lo que les colocaría en situación irregular, para solicitar la medida extraordinaria, aunque desde CEAR siempre recomiendan el camino de la protección, ya que, si se la juegan y su regularización no es aprobada, quedarían desprotegidos.

Aún más en el caso de los saharauis, que enfrentan graves dificultades para, por ejemplo, aportar un pasaporte válido en España o conseguir un certificado de antecedentes penales de su país de origen, requisitos indispensables para la regularización.

Para Valiente, este sería un buen momento para mejorar el reglamento de apatridia en España e incorporar las mismas garantías que a los solicitantes de asilo, de forma que estas personas tengan derechos básicos como poder trabajar mientras se resuelve su petición.

División en el Gobierno y dentro de Sumar

La decisión de dejar fuera del real decreto a los apátridas ha creado controversia dentro del Gobierno de coalición y también dentro de la formación Sumar.

La diputada de Sumar en el Congreso Tesh Sidi, ha mostrado esta semana su enfado en redes sociales ante lo que consideró una política "hecha a medida contra los saharauis y a petición de Rabat", emprendida "con nocturnidad y alevosía".

Sidi tachó de "desfachatez" que la ministra de Migraciones, Elma Saiz, asegurase que los saharuis ya tienen derechos por ser apátridas cuando tardan tres años en conseguir el estatuto, "un tiempo en el que no pueden trabajar y están abocados a la clandestinidad más absoluta".

Por su parte, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, aseguró que trabajarán para desbloquear la ley de nacionalidad para los saharauis con el fin de garantizar su regularización.

No lo ve igual el coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo, quien, en la línea de la postura del PSOE, negó que con esta medida se discrimine a los saharauis, ya que la regularización y la apatridia son dos procedimientos "absolutamente diferentes".