Más de un millón de migrantes solicita la regularización a un día del cierre de plazo

Más de un millón de migrantes han registrado sus solicitudes de regularización para poder residir de forma legal en España, según cifras de la plataforma Mercurio que ha publicado este lunes el diario El País. El Gobierno, en una primera estimación, habló de que sería alrededor de medio millón, pero sus previsiones se han quedado cortas. 

De hecho, fueron las cifras preliminares de Funcas (que habló de 840.000 personas en situación irregular) y las de la Policía Nacional (1.350.000 personas) las que más se han aproximado. El Gobierno hará pública la cifra oficial en los próximos días. 

Para Pedro Sánchez, este proceso no es solo una medida social; es la gran apuesta política para el cierre de la legislatura. En pleno tsunami judicial por los frentes que salpican al PSOE, el presidente ha utilizado la regularización para exhibir sintonía internacional, logrando incluso el respaldo explícito del Papa León XIV durante su reciente visita a España. Un balón de oxígeno frente a las cuerdas.

Sin embargo, el consenso inicial se ha agrietado en el Congreso. La iniciativa nació de la calle, avalada por 700.000 firmas en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y apoyada por sindicatos, la patronal y la Iglesia. Aunque los conservadores populares no bloquearon que se pudiera tramitar la propuesta, con los meses se han desmarcado para abrazar el discurso de Vox, exigiendo la "prioridad nacional" en las comunidades donde gobiernan juntos.

En el espacio europeo, Sánchez también ha recibido críticas por esta decisión. El presidente del Gobierno tuvo que escuchar la semana pasada el enfado de varios líderes de la Unión Europea por la regularización durante una discusión a puerta cerrada el jueves en el Consejo Europeo en Bruselas. Entre tres y cuatro jefes de Estado y de Gobierno europeos tomaron la palabra, según indicaron a Europa Press fuentes europeas, para responder a Sánchez con reproches por haber puesto en marcha una regularización de ese calado sin haber consultado previamente con el resto de Estados miembros. Entre los críticos, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, o el belga Bart de Wever, pero también la primera ministra danesa, la socialista Mette Frederiksen, de acuerdo a las distintas fuentes consultadas.

Hacer aflorar a casi un millón de personas en tiempo récord tampoco está siendo fácil a nivel administrativo. El proceso ha sufrido varios tropezones logísticos que han desquiciado a solicitantes y funcionarios. Por ejemplo, la exigencia de un informe de vulnerabilidad colapsó durante semanas los servicios sociales municipales y las ONG, se expone.

A eso se suma el colapso consular: conseguir una cita en los consulados de origen para validar los antecedentes penales se ha convertido en una misión imposible. Y más: la Seguridad Social no ha ido especialmente rápido y el envío por correo postal del número de afiliación provisional ha ralentizado las admisiones.

Pese a las críticas, PSOE y Sumar insisten en el beneficio puramente económico del proceso de regularización. Estudios académicos estiman un beneficio fiscal neto de 4.000 euros por cada extranjero regularizado, dinero que pasará directamente de la economía sumergida a las arcas públicas a través de las cotizaciones. El plazo para presentar la solicitud concluye este martes 30 de junio y el Gobierno tiene tres meses para resolver cada expediente.