Polémicas, bandazos y extravagancias: un año de investigación del juez Peinado
La Audiencia de Madrid le obligó a cerrar la investigación de Air Europa, le afeó que hubiera registrado la vivienda de uno de los investigados cuando estaba en el hospital y tuvo que retirar una imputación a otro por alterar su declaración.
El 24 de abril del año pasado, el juez Juan Carlos Peinado inició una investigación contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras una denuncia del sindicato Manos Limpias.
Así comenzaba la instrucción más polémica y caótica que se recuerda en la judicatura española y que, un año después, sigue dejando titulares sorprendentes. El último, esta misma semana, una vez que el juez ha pedido al Supremo investigar al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por supuestos delitos de malversación y falso testimonio.
El propio ministro aseguró el pasado martes que dicha petición de imputación se basa en algunos extractos de su declaración como testigo que el instructor habría transcrito de forma errónea. Es decir, Peinado habría puesto en boca de Bolaños afirmaciones que no hizo.
En concreto, el escrito señala que el ministro dio el nombre de una persona, el de Raúl Díaz, cuando el juez le pregunto quién realizó el nombramiento de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez (que también está siendo investigada por realizar gestiones en favor de los negocios privados de la mujer del presidente del Gobierno). Lo cierto es que, tal como recoge el audio de la declaración filtrado hace unas semanas a la prensa, el juez preguntó al ministro por quién era el responsable de la asesora y no quién la nombró.
En su exposición razonada al Supremo, Peinado también 'mata' a Begoña Gómez al transcribir que Bolaños y la asesora coincidieron en el supuesto funeral de la mujer del presidente, cuando realmente quería referirse al fallecimiento del padre de ésta. Y reitera varias veces que Bolaños tiene ya la condición de "investigado", cuando eso sólo podrá darse en el caso de que el Supremo acepte su petición.
Pero la instrucción de Bolaños ha estado salpicada de otras decisiones polémicas que han puesto en duda la correcta labor del instructor, así como sucesivos bandazos y extravagancias. Una suma de controvertidas acciones que resumimos a continuación:
Todo empieza con recortes de prensa
El caso de Begoña Gómez empezó fundamentándose en los recortes de prensa que escogió el pseudosindicato Manos Limpias para presentar su denuncia contra la mujer del presidente del Gobierno. Noticias que, algunas de ellas, después se demostraron que eran falsas.
Lo más sorprendente, en todo caso, es que el Tribunal Supremo establece desde hace una década que una información publicada, si no va acompañada de más pruebas, no es suficiente para abrir una causa penal contra alguien. “No sirve la mera aportación de recortes de prensa o similares, sin más constatación o acreditación”, se señala desde el Alto Tribunal.
Indefensión de Begoña Gómez
Peinado otorgó desde el primer momento a Begoña Gómez la condición de "investigada" en el sumario del caso. Algo lógico: si una persona es acusada de un delito y un juez admite a trámite la denuncia contra ella, hasta el punto de abrir diligencias previas, tiene derecho a defenderse y solo puede hacerlo si es declarada investigada.
Lo extraño, por tanto, no es que a Gómez se le haya considerado como “investigada” desde el principio, sino que el juez no la citara para declarar hasta casi un mes y medio después de la admisión a trámite de la denuncia. Algo que, según fuentes jurídicas consultadas entonces por El HuffPost, pudo vulnerar el derecho a la defensa de Begoña Gómez.
¿Filtración para influir en las europeas?
Peinado decidió finalmente citar a declarar a Begoña Gómez por primera vez, pero lo anunció el 4 de junio de 2024: en plena campaña de las elecciones europeas y sólo cinco días antes de la votación. De ahí que algunos sectores piensen que Peinado intentó utilizar esta anuncio para influir de forma directa en el resultado de estos comicios. Cabe recordar que la citación era para el 5 de julio, casi un mes después del anuncio, por lo que perfectamente podría haberse dado a conocer la fecha una vez pasadas las elecciones.
Ademas, aunque es una regla no escrita, los altos tribunales procuran no resolver durante las campañas electorales asuntos susceptibles de ser utilizados a favor o en contra de los candidatos o los partidos.
Una causa bajo secreto... a ratos
Cuando se levantó el secreto del sumario, se descubrió que Peinado había entregado documentación a una de las partes personadas: Vox. La Ley establece que sólo el juez y la Fiscalía pueden tener acceso a las actuaciones cuando la causa está secreta. De hecho, el Código Penal castiga en su artículo 466.2 el delito de revelación de secretos con entre dos y cuatro años de cárcel si es cometido por un juez.
Por si fuera poco, el fiscal asignado al caso sólo se enteró de la apertura de diligencias y de la citación de seis testigos por los medios de comunicación, después de que Peinado facilitara al gabinete de comunicación del TSJM la información para publicar una nota de prensa. Sobre la apertura de diligencias, el fiscal se enteró de ello más de dos semanas después de que el juez tomara esa decisión y dictara un auto.
La UCO exculpa a Begoña Gómez
Varios informes de la UCO entregados al juez durante este año no ven nada sospechoso o que pueda conllevar indicio de delito en el desarrollo profesional de Begoña Gómez. En el primero entregado, se señalaba que no podían acreditar la influencia de la mujer del presidente del Gobierno en el millonario rescate que el Gobierno de España realizó en 2020 a Air Europa. Otros dos posteriores establecieron que no se habían encontrado vinculaciones entre la carta de recomendación que Begoña Gómez hizo para el empresario Carlos Barrabés y los contratos públicos concedidos a las empresas del mismo.
Los 'tirones de orejas' de la Audiencia de Madrid
Pese a todo, Peinado insistió en mantener estas dos líneas de investigación. La Audiencia de Madrid tuvo que pedirle hasta en dos ocasiones que abandone el asunto de Air Europa por falta de pruebas y que la relacionada con Barrabés se circunscriba únicamente a las adjudicaciones públicas. Este empresario, a su vez, consiguió en enero la anulación de los registros a su casa y el clonado del móvil que dictó Peinado aprovechando que éste estaba ingresado en el hospital por una enfermedad grave. "No se puede obtener la verdad real a cualquier precio", le dijeron al instructor desde la Audiencia.
Pero los 'tirones de oreja' no han acabado ahí. A lo largo de este año, la Audiencia también anuló las imputaciones de Joaquín Goyache, rector de la Complutense, y Juan José Güemes, alto cargo del Instituto de Empresa (IE) al considerar que “carecían de fundamento”. Para imputar al segundo, Peinado dijo que Güemes había contradicho a la directora de Recursos Humanos del IE al rechazar que se hubiese contratado a Gómez por ser la mujer del presidente. Pero las actas de ambas comparecencias demostraban que no dieron versiones distintas y la Audiencia tuvo que rectificar. Un caso muy similar al que se podría estar dando ahora con la declaración de Bolaños.
Y este mismo viernes, sin ir más lejos, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló las multas que el juez impuso a la defensa de Begoña Gómez y también a varios abogados de las acusaciones populares por informar a los medios de comunicación sobre declaraciones celebradas en el juzgado.
De testigo... a imputado
El ministerio público ha denunciado igualmente una práctica habitual de Peinado en esta instrucción: imputar a personas a las que ha llamado previamente a declarar como testigos. Es decir, sin la asistencia de un abogado y con la obligación de decir la verdad.
El monitor de esquí
Peinado también citó como testigo a un hombre llamado Félix Jordán de Urríes por ser el "monitor de esquí de Pedro Sánchez" y de su esposa y quien, supuestamente, habría presentado a Barrabés a la pareja.
La citación partió de un escrito elaborado por un abogado de nombre Ramiro Grau, al que el juez dio veracidad sin hacer más pesquisas. El sesgo ideologíco de Grau es evidente: ha escrito artículos en los que defiende que en España vamos "camino de la dictadura" y ha publicado un libro titulado 'El feminismo y otras mentiras'.
Acudir a Moncloa para que declararan Sánchez y Bolaños
Peinado también quiso disfrutar de sus minutos de gloria en la Moncloa, obligando a declarar primero a Pedro Sánchez y meses después a Bolaños. El presidente del Gobierno no lo hizo amparándose en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que contempla en su artículo 416 que el cónyuge de una persona investigada está "dispensado de la obligación de declarar". Para la declaración de Bolaños, Peinado pidió una tarima que le diera una posición de preeminencia. "No puede ser que yo esté más bajo que el testigo", dijo. A ninguno de los dos les permitió declarar por escrito.
La investigación prospectiva
Cuando parte de la causa relacionada con los contratos de Barrabés fue asumida por la Fiscalía Europea, la defensa de Begoña Gómez preguntó de forma reiterada al juez cuáles eran los indicios de delito que motivaban la investigación de su defendida. Peinado les respondió en un auto que investiga a Begoña Gómez por sus actos "desde que su esposo es presidente del Gobierno".
Una aseveración que podría llevar al juez a incurrir en una investigación prospectiva, algo prohibido en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, cuando se investiga para ver si se localiza algún indicio delicitivo en la conducta del investigado; en lugar de partir, precisamente, de lo contrario: la existencia de unos indicios para después llevar a cabo una investigación concreta.
En el caso de Begoña Gómez, el juez ya tuvo que dar carpetazo a la investigación por la supuesta intermedación de la mujer del presidente en el rescate de Air Europa. Y sobre la referida al software de la Complutense que Begoña se habría apropiado, la propia universidad ya señaló que no se había detectado ninguna ilegalidad.
Quedan abiertas las investigaciones por los supuestos tratos de favor al empresario Barrabés - aunque buena parte de ella ya depende de la fiscalía europea - y por la supuesta ayuda que la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, prestó a Begoña para sus "actividades privadas", investigación que la Audiencia de Madrid no ha cerrado porque creen que la mujer se excedió "claramente sus funciones". Sobre lo segundo, Moncloa ha señalado en diferentes ocasiones que todas las mujeres de los presidentes han tenido personas trabajando para ellas "porque las llaman, las invitan a actos y todo eso tiene que tener cierto control”.
