Vuelve el bulo de que no se pueden limpiar los montes: esto es lo que dice la ley

España arde en un nuevo verano sacudido por los incendios. El Ministerio para la Transición Ecológica cifra ya en 172.000 las hectáreas quemadas en España durante lo que llevamos de verano, sobre todo después de que el fuego haya devorado 50.000 hectáreas en Ávila. "El incendio más importante y más agresivo de la historia de España”, decía este domingo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Actualmente, hay focos activos muy importantes también en Madrid, Toledo y y Vall d'Uixò (Castellón), con miles de personas evacuadas o confinadas.

Con los incendios llegan también los bulos. Y uno de los más recurrentes es el que dice que en España no se pueden limpiar los montes. A esta teoría ya se sumaron el año pasado el entonces diputado de Vox, Javier Ortega Smith, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En este 2026, dicha afirmación sigue vigente. “Atendamos a las gentes del campo, que son las que de verdad conocen lo que pasa en los montes. Tienen dificultades para limpiarlos, para trabajar en sus propios terrenos”, decía este lunes de nuevo la presidenta madrileña después de que hayan ardido unas 25.000 hectáreas en su región. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, defendía la misma tesis en una entrevista radiofónica. "La ley de montes no implica ninguna prohibición, pero sí tenemos la ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Hay muchas zonas de España en las que no se puede ni tocar una castaña", aseguraba. 

Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Se puede o no se puede limpiar el monte? Como siempre, lo mejor es irnos a la normas. La Ley de Montes aprobada en 2003 establece la obligación de limpiar los montes para prevenir incendios y conservar el entorno natural. De manera específica, la norma contempla como principio que los dueños y gestores de los montes tienen la obligación legal de efectuar su gestión y mantenimiento.

Lo que sí se establece en algunas CC.AA. son calendarios o la necesidad de pedir permisos para poder llevar a cabo estas tareas con el fin de proteger fauna, suelo y vegetación. Pero no es cierto que no se permita limpiar o ejecutar tareas como el desbroce. Los gobierno autonómicos y ayuntamientos tienen la obligación de gestionar los montes públicos, y los terrenos de titularidad privada también tienen que llevar a cabo estas tareas, aunque estén sujetos en ocasiones a plazos y petición de permisos. En Galicia, por ejemplo, los propietarios de terrenos forestales deben mantener sus parcelas limpias. Si no es así, pueden ser multados con hasta 3.000 euros. En Castilla y León, la región con la mayor superficie forestal de España, la regulación establece que en los 100 metros alrededor de cualquier terreno urbanizado se puede limpiar sin necesitar ninguna autorización y que el desbroce, en todos los casos, es libre. 

Más restrictiva es la regulación de las quemas y el uso de fuego para eliminar rastrojos o residuos vegetales agrarios. En prácticamente todos los territorios se requiere autorización previa y, en muchos casos, sólo se puede llevar a cabo bajo condiciones geográficas o climatológicas muy concretas. Aquí puedes leer las limitaciones en Castilla y León, Andalucía, Galicia o Extremadura.

Por tanto, podemos decir que es falso que la ley de montes prohíba la limpieza de estos terrenos salvo en lugares con protección ambiental especial, como parques naturales o enclaves de alto valor ecológico. Lo que sí podemos encontrarnos son ciertas normas sobre el uso del fuego, pero es totalmente falso que esté prohibido limpiar el monte. Todo lo contrario, es una obligación de los titulares privados y de las administraciones públicas. 

Otro de los bulos más extendidos por redes sociales durante esta ola de incendios es el de que el Gobierno podría estar favoreciendo los incendios para "obtener terrenos baratos donde desplegar placas solares y molinos". La ley de Montes establece en su artículo 50 que está prohibido "el cambio de uso forestal al menos durante 30 años" de los terrenos incendiados. En 2015 hubo una reforma para suavizar esa norma "por razones imperiosas y de primer orden", pero siempre mediante una ley y con medidas compensatorias que aseguren la recuperación de la superficie forestal perdida.