En noviembre de 2020, un cazador acabó con la vida de una osa de forma accidental en la Montaña Palentina, algo que le ha terminado por costar muy caro. Los hechos, se saldaron con una denuncia que fue llevada en primer lugar, al Juzgado de lo Penal de Palencia, y posteriormente a la Audiencia Provincial.

En ambos tribunales, se le condenó a dos años de prisión, cuatro de inhabilitación y al pago de 17.500 euros de indemnización. Esta sentencia fue recurrida por el cazador, que llevó la causa al Tribunal Supremo, y no ha corrido mejor suerte que antes: el máximo organismo judicial ha ratificado la condena, y el hombre tendrá que cumplirla tanto en la vertiente económica como en la penal.

Esto es así porque ya no tiene posibilidad de recurrir a ningún órgano judicial superior, por lo que tras la sentencia del Supremo, no le queda otra opción que aceptar la condena.

El Supremo ha rechazado así las alegaciones presentadas por la defensa del hombre, que centraban su estrategia en que el disparo había sido completamente accidental. Sin embargo, el Alto Tribunal ha considerado que al tratarse de un tirador experimentado, que conoce la zona, sabía que había osos por sus alrededores y además no había tomado las precauciones necesarias, asegura que se trata de un "dolo eventual".

"El disparo fue realizado por el acusado a una distancia de unos 40 metros sin extremar las precauciones necesarias, sin emplear el visor que llevaba, pese a ser advertido y ser conocedor de que se encontraba en una zona osera, y sin comprobar ni cerciorarse con toda la seguridad que es necesaria por el lugar en el que se encontraba del tipo de especie o ejemplar al que estaba disparando", se puede leer en la sentencia.

Como parte de la acusación se encontraban, además de la Fiscalía, la Fundación Oso Pardo (FOP). Ambos exigían el pago que inicialmente se aplicó al cazador, y se opusieron desde el primer momento a cualquier recurso que el hombre pudiera elevar. 

Finalmente, y con la sentencia del Supremo se pone fin a esta historia. Pese a ello, también se declaró culpable a la Junta de Castilla y León por haber permitido la caza en una época no adecuada. Por tal motivo, la multa inicial que se exigía al implicado, se vio reducida debido a este factor.

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