"Compra una vivienda con inquilino y obtén rentabilidad": el anuncio del piso de alquiler social en Santander que Morgan Stanley vende por 230.000 euros
Decenas de vecinos de una promoción de alquiler social impulsada hace más de una década por la Fundación La Caixa denuncian presiones para abandonar sus viviendas.
"¿Y si pudieras comprar un piso para vivir… y mientras tanto generar ingresos?". La frase aparece destacada en uno de los anuncios inmobiliarios publicados en internet para vender viviendas en Santander. Lo que convierte el mensaje en especialmente delicado no es solo el precio del inmueble -unos 230.000 euros-, sino el hecho de que el piso anunciado forma parte de una antigua promoción de alquiler social y que, dentro, todavía vive una familia.
El anuncio continúa prometiendo "rentabilidad" hasta el momento en que el nuevo propietario decida mudarse. Y añade incluso un argumento financiero: "El alquiler puede cubrir gran parte de la cuota mensual e incluso generarte un ingreso adicional".
Para los vecinos del Primero de Mayo de Peñacastillo, en Santander, leer esas líneas ha supuesto comprobar definitivamente algo que llevaban meses temiendo: sus casas han dejado de ser viviendas sociales para convertirse en un activo inmobiliario más.
Del alquiler asequible al mercado inmobiliario
La historia se remonta a 2013, cuando la Obra Social La Caixa promovió en Santander dos edificios de viviendas sociales en régimen de alquiler. En total, más de un centenar de pisos destinados, en teoría, a facilitar el acceso a la vivienda a familias con dificultades para entrar en un mercado inmobiliario ya entonces complicado.
Los contratos se firmaron inicialmente por siete años y muchos vecinos pudieron prorrogarlos otros siete más. El problema es que ese segundo plazo termina en 2027 y, tras la venta de las promociones el pasado octubre, los inquilinos han descubierto que no habrá continuidad.
Las viviendas ya no pertenecen a la Fundación La Caixa. Ahora están en manos de Mosaic Propco, una sociedad vinculada al grupo financiero estadounidense Morgan Stanley. Y los vecinos denuncian que desde entonces la presión para abandonar sus pisos ha ido aumentando.
"Un intermediario del fondo vino a preguntarnos cuáles eran nuestros planes", cuenta uno de los afectados al diario El Diario Montañés. "Querían tantearnos".
Otros residentes aseguran haber recibido ofertas de hasta 6.000 euros para dejar antes sus viviendas.
"Ahora es acoso y derribo"
La sensación de incertidumbre se mezcla con el miedo. Muchos de los vecinos reconocen que encontrar otra vivienda similar en Santander resulta prácticamente imposible con los precios actuales.
"Miramos otras cosas y todo es muy complicado", explica uno de los inquilinos afectados, actualmente desempleado. "Hay pisos en esta zona que cuestan más de 200 euros por encima de lo que pagamos nosotros".
Los alquileres de estas viviendas sociales rondan actualmente los 800 euros mensuales, una cifra que ya consideran elevada muchos de los residentes teniendo en cuenta, denuncian, el escaso mantenimiento del edificio durante años.
Carmen Martínez, otra de las vecinas afectadas, resume así la situación: "El fondo lo que está haciendo ahora es acoso y derribo para que nos marchemos lo antes posible".
El malestar no se dirige únicamente hacia la nueva propiedad. Muchos residentes reprochan también la falta de intervención institucional después de que las viviendas fueran presentadas hace más de una década como una apuesta por el acceso asequible a la vivienda.
"Se pusieron en la foto cuando se inauguraron las viviendas y hablaron de casas asequibles", lamenta Martínez en referencia al Ayuntamiento de Santander.
El anuncio que encendió todavía más el enfado
Pero si algo terminó de disparar la indignación vecinal fue la aparición de los pisos en portales inmobiliarios. Especialmente por el lenguaje utilizado en algunos anuncios.
"Compra una vivienda con inquilino y obtén rentabilidad".
La frase se ha convertido en símbolo de un conflicto mucho mayor que afecta desde hace años a numerosas ciudades españolas: promociones nacidas como vivienda asequible que terminan entrando en dinámicas de mercado puro una vez vencen los periodos de protección o cambian de manos.
En este caso, además, el anuncio especifica incluso cuándo termina el contrato del actual inquilino: abril de 2027.
Laura Camus, otra de las residentes afectadas, considera que toda la operación se ha llevado a cabo "por detrás".
"Se llenan la boca con el acceso a la vivienda y ahora están intentando vender estos pisos especulando con ellos", denuncia.
Camus ya se ha puesto en contacto con plataformas vecinales de Madrid que atraviesan situaciones similares y ha solicitado acogerse al decreto que contempla prórrogas extraordinarias de alquiler.
La respuesta de La Caixa
Desde la Fundación La Caixa defienden que el alquiler social "estaba estipulado por un tiempo determinado" y aseguran que la entidad decidió hace años abandonar progresivamente el área de vivienda social para centrar sus recursos en otros programas.
"Se decidió salir del área de la vivienda social, que no era estratégica", explican fuentes de la entidad citadas por El Diario Montañés.
La fundación sostiene además que parte de las viviendas fueron vendidas a particulares y el resto a "un fondo especializado", aunque rechaza definirlo como un "fondo buitre".
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Santander también se ha desvinculado de la operación. El concejal de Fomento, Agustín Navarro, explicó en el último pleno municipal que el papel del consistorio en su día se limitó a facilitar el acceso de personas que cumplieran los requisitos establecidos entonces por La Caixa.
Pero para muchos vecinos, el debate ya va mucho más allá de quién tenga la responsabilidad jurídica directa. Lo que sienten es que un proyecto nacido bajo el paraguas del alquiler social ha terminado convertido en una operación inmobiliaria tradicional.
Y mientras los anuncios prometen "rentabilidad" a futuros compradores, decenas de familias siguen intentando averiguar dónde vivirán dentro de un año.
