En un pueblo de Málaga recaudan 40.000 euros para evitar el desahucio de un hombre con discapacidad
“Esta casa es lo único que realmente se ajusta a sus necesidades”, asegura el alcalde.
La solidaridad humana, cuando se convierte en acción concreta, tiene el poder de transformar vidas y proteger a quienes más lo necesitan. En Alameda, un pequeño pueblo de Málaga, esa fuerza se ha materializado en un gesto colectivo: un grupo de vecinos ha logrado reunir 40.000 euros para evitar el desahucio de un hombre con discapacidad, garantizándole la continuidad en el hogar que ha sido su refugio durante toda la vida.
La iniciativa, que mezcla cooperación vecinal y presión institucional, ha frenado la amenaza de desahucio que pendía desde el pasado octubre sobre la casa donde el afectado ha vivido toda su vida. Para Fran Custodio, un hombre de 64 años y con 93% de discapacidad, este no es un domicilio cualquiera, ya que es el único espacio adaptado a su movilidad reducida y conservarlo significa mantener su independencia, su rutina y su bienestar emocional.
El caso, que se arrastra desde hace cuatro décadas, remonta a una deuda antigua contraída por su padre que acabó traspasada a un fondo de inversión. Según recoge El Debate, la deuda original rondaría los 36.000 euros y la familia llegó a ofrecer cantidades superiores para resolver el conflicto, incluso una propuesta de 60.000 euros. Sin embargo, la entidad propietaria no respondió a ninguna de las ofertas ni intentos de mediación.
A esperas de resolución judicial
Esa falta de comunicación por parte del fondo de inversión es uno de los principales obstáculos para cerrar la operación con garantías legales. “Esta casa es lo único que realmente se ajusta a sus necesidades”, explica con convicción el alcalde, José García Orejuela. Por ello, el Ayuntamiento se implicó como intermediario y llevó el expediente al Juzgado número tres de Antequera para luchar por la vivienda.
La administración local, el alcalde y el abogado del afectado han aportado al juzgado los correos y los avales documentales para demostrar que existen ofertas serias y respaldadas por la comunidad y por particulares dispuestos a garantizar que Fran pueda seguir viviendo en su hogar sin riesgo de desahucio. Mientras se espera una resolución judicial, los vecinos sostienen la compra como la opción más humana y rápida.
Por ello, en representación de la comunidad, un vecino ha firmado ante notario la compra de la vivienda por los 40.000 euros exigidos por el fondo, con el compromiso de cederla a Fran de por vida. Más allá de los aspectos legales o económicos, este gesto refleja una solidaridad genuina, uniendo al grupo de vecinos en torno a la protección de uno de los suyos y demostrando que la cooperación humana puede convertirse en un auténtico salvavidas.
La movilización social ha movilizado desde concentraciones masivas en la calle hasta más de 4.800 firmas de apoyo que piden frenar cualquier lanzamiento. Desde la comunidad se pide ahora que el procedimiento judicial tenga en cuenta la situación de vulnerabilidad y que la operación de compra consumada por los vecinos permita cerrar el expediente sin lanzar a la calle a una persona dependiente. Mientras, el silencio del fondo y los cambios en las vías de comunicación han obligado a multiplicar los recursos legales y la presión mediática para forzar una respuesta.