Multa de 100.000 euros y prisión a un hombre por un fraude de combustible con el que ahorró 3,8 millones de euros en impuestos
Un caso que ha sacudido al sector de los carburantes en Bélgica.
Durante años, las autoridades fiscales han alertado del auge de los fraudes vinculados al combustible, un negocio ilícito que erosiona millones en ingresos públicos y distorsiona la competencia en el sector energético. Una de esas investigaciones, iniciada tras detectarse movimientos sospechosos en varias empresas de Bélgica, ha destapado un entramado que operó a gran escala durante meses.
Más concretamente, la correccional de Tongerenha ha impuesto una condena de cuatro años de prisión y una multa de 100.000 euros a un empresario de 66 años vinculado al grupo de empresas que operaba desde Genk y que controlaba, entre otras sociedades, Dalga-Trans. Se trata de un caso que ha sacudido al sector de los carburantes en el noreste de Bélgica y que vuelve a poner el foco sobre las prácticas fraudulentas en el mercado del combustible.
El tribunal consideró probado que, en el plazo de menos de un año, se decoloraron y comercializaron a gran escala más de 7 millones de litros de gasóleo de calefacción transformándolo en combustible susceptible de soportar impuestos mucho más altos. De esta forma, el empresario se apropiaba de la diferencia fiscal que, según recoge VRT NWS, rondaba los 3,8 millones de euros.
Más de 5 años de vigilancia
Según la investigación, iniciada tras el aviso de autoridades fiscales y aduaneras, la trama funcionaba mediante una cadena de empresas y estaciones que compraban gasóleo gravado con un tipo reducido y lo blanqueaban para venderlo como diésel menos gravado. La vigilancia, empezada en enero de 2020 por la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales, detectó repostajes sospechosos, camiones cisterna que descargaban en depósitos intermedios y ventas cruzadas entre sociedades controladas por el condenado.
Este tipo de operaciones permitieron extraer un beneficio fiscal ilegal. Por ello, además de la pena personal, el tribunal impuso sanciones económicas a las compañías implicadas. Varias de las sociedades vinculadas al caso fueron multadas por un total que ronda los 13,95 millones de euros, así como se ordenó la incautación de los camiones cisterna y del combustible recuperado. Finalmente, la empresa matriz vinculada al procesado ha sido declarada en quiebra recientemente.
No es la primera vez que el empresario de Genk se enfrenta a la Justicia por hechos similares. En sentencias anteriores también se le condenó por fraude de combustible, lo que, según el tribunal, influyó en la severidad de la pena actual. Las condenas previas y las investigaciones anteriores ya dejaban ver un modus operandi consistente en usar empresas fantasma y rutas internacionales para ocultar el origen y la naturaleza del producto.
Este caso no solo supone un perjuicio fiscal considerable, sino también riesgos reales para el mercado energético y la competencia, además de posibles daños ambientales y técnicos derivados de la manipulación del combustible. Con esta sentencia, la Justicia lanza un mensaje claro contra el fraude en el sector y refuerza el compromiso de las autoridades belgas en la persecución de este tipo de delitos económicos.
