Hacienda reclama a un jubilado 300 euros tras localizar su piscina ilegal oculta mediante imágenes por satélite

Daniel, acusado por ocultar una piscina ilegal. Gracias al uso de la inteligencia artificial y la información satelital, las autoridades francesas han capturado a un jubilado que ocultaba una piscina ilegal en su jardín. Tal y como informa el medio de comunicación Le Figaro, los agentes rastrean aquellas propiedades que no han sido declaradas en Hacienda, y, por tanto, se han librado de pagar el impuesto. El protagonista es uno de esos propietarios desenmascarados.

Según la publicación, solo en 2023, las autoridades francesas lograron expulsar en torno a los 200.000 euros. En declaraciones recogidas por el medio de comunicación, el jubilado explica que "construí una piscina enterrada justo antes de jubilarme, hace cinco años. De hecho, mis amigos me ayudaron a construirla. Nos llevó menos de dos meses excavarla, instalar la impermeabilización y luego las baldosas", dice.

"Como la mayoría de mis vecinos en mi urbanización, cavé mi piscina en mi jardín, sin esperar a que me dieran permiso por hacerlo", reconoce el francés. Pero en abril de 2023, su idea cambio para siempre: recibió una carta de Hacienda en su buzón. Al que le sentó como "una ducha de agua fría". 

En la carta, dice, las autoridades explicitaban que "habían identificado mi piscina, que no había sido objeto de autorización previa y que, por tanto, debía regularizar mi situación bajo pena de una sanción severa". De este modo, solo tenía 30 días para regularizar su situación: publicar la fecha de construcción de la piscina, su superficie, sus características... "Cuando abrí el correo, tenía algunos sudores fríos. Regularicé todo a tiempo", dice.

Por todo esto, Daniel tuvo que pagar los impuestos que le correspondía por su piscina para el periodo comprendido entre 2020 y 2023. En total, una penalización de 310 euros. 

En declaraciones recogidas por el medio de comunicación, Jérôme Célié, un abogado francés, informa que "en cuanto al impuesto sobre la propiedad, la sanción puede alcanzar el 40% por incumplimiento deliberado, es decir, si el individuo muestra mala fe y no regulariza su situación dentro de los plazos establecidos". En algunos casos, los alcaldes tienen derecho a ordenar la destrucción del espacio si lo consideran pertinente.