Juanma Cabañas, profesor: "Si una familia pide copia física del examen de un alumno hay que ser muy cuidadoso"

En muchos centros educativos, los exámenes no suelen salir del aula, ya que forman parte del expediente del alumno y deben custodiarse con cuidado. Sin embargo, cada vez más familias quieren revisarlos con calma en casa, pedir una copia o entender mejor cómo se ha evaluado a sus hijos. Entre esa necesidad de transparencia y el cumplimiento de las normas que regulan la documentación académica, surgen dudas que no siempre tienen una respuesta fácil.

En este contexto, el profesor Juanma Cabañas ha reavivado el debate al explicar que, aunque estas solicitudes son cada vez más habituales, no pueden resolverse de forma improvisada ni individual. Según advierte, la entrega de una copia de examen no depende solo de la voluntad del docente, sino que forma parte de un procedimiento que debe gestionarse desde el propio centro educativo, con criterios claros y siguiendo la normativa vigente.

En un vídeo difundido en TikTok, el docente defiende que estas situaciones deben abordarse con rigor y sin atajos, recordando que la evaluación forma parte de un proceso administrativo. “Si una familia pide copia física del examen de un alumno hay que ser muy cuidadoso”, señala, antes de insistir en que no es el profesor quien debe entregarlo directamente, sino el centro, tras una solicitud formal y siguiendo los cauces establecidos.

El centro es el que manda

Esta cuestión no responde a un criterio personal, sino que tiene respaldo legal. La Ley 39/2015 reconoce a las personas interesadas en un procedimiento administrativo el derecho a conocer su tramitación y a “acceder y obtener copia de los documentos” que formen parte de él. “No olvidemos que la evaluación, en última instancia, es un proceso administrativo y siguiendo el principio de transparencia, lo normal es acabar dándolo”, asegura el profesor.

A partir de ahí, el foco se desplaza del derecho en sí a la forma en que se gestiona dentro de los centros educativos, donde entran en juego tanto la organización interna como la protección de datos del alumnado. “Se debe informar al centro de la situación y que el centro requiera a la familia una solicitud formal y será el centro quien decida cómo y cuándo entregarlo”, subraya Cabañas, insistiendo en que estos procesos deben seguir un cauce claro para evitar errores y garantizar que se actúa conforme a la normativa.

La prudencia que pide el docente también encaja con el marco de protección de datos. La Agencia Española de Protección de Datos recuerda que los centros educativos manejan datos personales de alumnos y familias, y que el expediente del alumno forma parte de ese tratamiento. Por eso, cualquier acceso o entrega de documentos debe realizarse con garantías, evitando exposiciones indebidas y respetando siempre los canales oficiales del centro, que es quien debe velar por la correcta gestión de esa información sensible.