En la cárcel de Villahierro, a las afueras de Mansilla de las Mulas (León), faltan manos por todas partes. El centro funciona con una cuarta parte de su plantilla sin cubrir: 138 plazas vacías, de las que 98 afectan al área de vigilancia. Así lo ha denunciado Acaip, el sindicato mayoritario en Instituciones Penitenciarias. Y eso no es lo peor. En el área médica, solo quedan cuatro facultativos para atender a una población reclusa que se acerca a los 900 internos. Nadie da el paso para solucionarlo. Ni Gobierno central ni el de Mañueco.

El problema va a más. Hace unos meses, el centro albergaba a 750 personas. Ahora ya son casi 900, pero ni han llegado nuevos funcionarios ni se han reforzado los turnos. Al contrario: el personal se reduce por jubilaciones, el desgaste se acumula y el ambiente se enrarece. Cada vez hay más peleas, más agresiones, más episodios que ponen en riesgo tanto a trabajadores como a reclusos. Según ha publicado León Noticias, la plantilla está tan envejecida que muchas jornadas se salvan con parches. Y así, día tras día.

Desde Acaip lo tienen claro: sin una convocatoria de empleo público que cubra las plazas vacantes y rejuvenezca el equipo, la prisión no podrá funcionar en condiciones mínimas de seguridad. La sobrecarga es tal que hay turnos donde apenas da tiempo a cubrir lo básico. “Una cárcel no puede operar con el piloto automático”, insisten desde el sindicato.

Sanidad penitenciaria en cuadro

Pero si la situación es grave entre los funcionarios, lo que ocurre con la parte sanitaria es directamente insostenible. En Villahierro hay cuatro médicos cuando deberían ser diez. El ABC ha publicado que esto supone un déficit del 60% y está provocando consecuencias en cadena. Sin facultativos, muchos presos tienen que ser trasladados fuera para recibir atención, lo que exige movilizar patrullas, coordinar con fuerzas de seguridad y reorganizar citas hospitalarias que se priorizan por encima de las de la población general.

Dentro de la prisión, la falta de médicos complica aún más las cosas. Más del 30% de los internos sufre algún tipo de patología mental, pero sin personal suficiente no se puede evaluar su estado clínico ni aplicar las sanciones correspondientes. Aumentan los conflictos, se multiplican los episodios de tensión y nadie asume el coste de una sanidad que se cae a trozos.

En febrero, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, recibió una carta en la que exponía el deterioro de la atención médica en las cárceles de toda la comunidad, especialmente en León. Acaip le pidió asumir el compromiso que marca la ley: traspasar las competencias a la Junta. En agosto, el sindicato también solicitó una reunión al nuevo subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, pero aún no ha recibido respuesta.