Okupa una vivienda, compra una alarma y enseña el ticket del sistema de seguridad para empadronarse
"Ahora se oyen muchas cosas", fue la justificación que la mujer ofreció ante los servicios municipales al explicar la instalación del sistema de alarma en el domicilio.

Una mujer ha solicitado su inscripción en el padrón municipal de Alicante utilizando como prueba una factura de internet y un contrato de alarma. Hasta aquí todo parece normal, pero lo llamativo del caso es que ninguno de estos documentos corresponde a una vivienda en propiedad ni alquiler, sino que, según recoge El Debate, se trata de un inmueble ocupado de forma ilegal, en el que reside con su novio.
La pareja acudió al Ayuntamiento con la intención de empadronarse oficialmente en la vivienda, una práctica cada vez más extendida, ya que la legislación española no exige ser propietario ni inquilino legal para solicitar el empadronamiento. Basta con demostrar la residencia en el inmueble, lo que puede hacerse con facturas o contratos de servicios.
"Porque ahora se oyen muchas cosas", fue la justificación que la mujer ofreció ante los servicios municipales al explicar la instalación del sistema de alarma en el domicilio.
En el caso del chico, que es extranjero y se encuentra en situación irregular, la situación adquiere una dimensión especialmente relevante, pues la Ley de Extranjería contempla la posibilidad de regularizar a personas sin papeles por vía de arraigo, siempre que demuestre una residencia continuada en España durante menos de tres años. El padrón municipal es uno de los documentos fundamentales para acreditar dicha permanencia.
Esto significa que, aunque el acceso al padrón se haya producido tras la ocupación ilegal de un inmueble, puede acabar siendo la base documental para iniciar un proceso de legalización.
Aunque empadronarse no confiere ningún derecho de propiedad, su uso para consolidar situaciones irregulares en inmuebles ajenos genera un fuerte malestar entre propietarios y expertos jurídicos. Además, las restricciones de protección de datos impiden a los dueños saber quién figura empadronado en su propiedad, lo que agrava la indefensión ante estos casos.
