Son funcionarias desde hace 22 años pero jamás han pisado su colegio: la Justicia dicta sentencia y acaba con su "excedencia eterna"

Dos profesoras funcionarias del sistema educativo de Baja Sajonia han pasado más de dos décadas sin impartir una sola clase en el centro público al que estaban destinadas. Ahora, una sentencia del Tribunal Administrativo de Gotinga ha puesto fin a una situación que se había prolongado durante 22 años y que las docentes pretendían mantener hasta su jubilación.

Las dos maestras obtuvieron su plaza como funcionarias en el verano de 2004. Sin embargo, en lugar de incorporarse a la enseñanza pública, solicitaron una excedencia sin sueldo para trabajar en un colegio privado reconocido por el Estado y gestionado por la Iglesia Evangélica Luterana de Hannover. Durante ese tiempo desempeñaron su labor docente en ese centro y percibieron su salario de la institución eclesiástica.

La autorización inicial de ausencia fue concedida por cuatro años y posteriormente se fue prorrogando en distintas ocasiones. Con el paso del tiempo, esa situación excepcional terminó prolongándose hasta alcanzar los 22 años, con permiso vigente hasta julio de 2026.

El problema surgió cuando la administración educativa cambió sus criterios. En 2018 se estableció un procedimiento unificado para este tipo de permisos en escuelas privadas sustitutorias. Según esta normativa, la excedencia solo puede concederse durante un máximo de seis años, con una única prórroga adicional de hasta tres años. Es decir, nueve años como límite absoluto.

Aunque las profesoras ya superaban ampliamente ese plazo, la autoridad educativa les concedió un permiso transitorio hasta julio de 2024 y posteriormente una última ampliación de dos años, hasta 2026. A partir de esa fecha, deberían reincorporarse a la enseñanza pública.

Las docentes no aceptaron la decisión y acudieron a los tribunales. Defendían que su caso debía considerarse excepcional porque ocupaban puestos importantes dentro del colegio privado y porque cambiar de centro en la fase final de sus carreras supondría una alteración profunda de sus redes profesionales y personales.

El tribunal, sin embargo, rechazó sus argumentos. En su sentencia recordó que, pese a encontrarse en excedencia, las profesoras siguen siendo funcionarias del estado de Baja Sajonia y, por tanto, mantienen obligaciones hacia su empleador público.

La resolución también subraya que la legislación escolar regional no reconoce un derecho automático a la excedencia, sino únicamente el derecho a que la administración tome una decisión razonada. En este caso, los jueces consideran que la autoridad educativa actuó correctamente al limitar la duración del permiso.

Además, el tribunal concluyó que las demandantes no desempeñaban funciones de dirección ni responsabilidades especiales que hicieran imprescindible su permanencia en el centro privado. Por ello, el final de su excedencia no se considera una carga desproporcionada.