Rajoy y Santamaría se alinean con la Fiscalía y Vox para apuntalar el cargo de rebelión

La política ha irrumpido en el juicio del procés (si es que en algún momento no estuvo ahí). La primera sesión de la fase testifical ha hecho pasar por la sala a los que fueran primeras espadas de la política española del último lustro –de Rajoy hasta Mas, pasando por Santamaría y Montoro– y, como era de esperar, la jornada no ha defraudado.

"No empezamos bien", ha arrancado cerca de las 10 de la mañana el presidente de la Sala, Manuel Marchena, ante las intenciones del diputado de ERC, Joan Tardà, de responder a las preguntas de Vox en catalán. Lo que venía era una jornada con alta carga política, intensos careos y continuas advertencias de Marchena sobre el contenido opinativo de muchas preguntas y respuestas. "Limítense a los hechos", insistía.

La expectación era máxima ante la comparecencia como testigos de Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, presidente y vicepresidente del Gobierno que gestionó la crisis independentista en otoño de 2017. Ambos, con matices, se han alineado con las tesis de la Fiscalía y de Vox: durante esas semanas hubo violencia en Cataluña, tanto en el 20-S como durante el 1-O. Cristóbal Montoro, por su parte, ha hecho equilibrios para no desbaratar la acusación por malversación: Hacienda controlaba las cuentas del Govern, pero igualmente pudieron malversar dinero público en el referéndum al utilizar, por ejemplo, los colegios electorales.

Santamaría ha sido más clara que Rajoy -siempre críptico- y ha utilizado incluso las mismas expresiones que el partido de extrema derecha y el Ministerio Público. Según la ex vicepresidenta, el 1-O hubo "murallas humanas" y durante las semanas previas al referéndum había aglomeraciones de "naturaleza violenta" en Cataluña.

Los recuerdos sobre lo que ocurrió se han ido disipando cuando ha tocado hablar del dispositivo policial del 1-O. Tanto Santamaría como Rajoy han decidido entonces desmarcarse de cualquier responsabilidad y lo han ligado todo a "temas operativos". En cualquier caso, según su versión, si hubo cargas con heridos fue por culpa de la Generalitat por haber mandado a los ciudadanos a los colegios.

Santamaría, responsable del CNI y de la política territorial del Gobierno, no sabía nada del operativo policial. No sabe si alguien ordenó parar las cargas durante la tarde. Desconocía cuántos agentes se desplazaron a Cataluña y tampoco recuerda por qué el mecanismo de cooperación policial entre Policía, Guardia Civil y Mossos se rompió durante el 1 de octubre.

Pasó todo el día en su despacho en La Moncloa, pero se enteraba por los medios de lo que ocurría. La memoria también le ha fallado al ser preguntada por la búsqueda de urnas por parte de los servicios secretos.

Por lo visto tampoco se enteraba de nada ese día Rajoy, que ha afirmado que su interlocutora durante el 1-O era Santamaría y que ni siquiera sabe quién estaba al frente del operativo policial.

Varias de las preguntas a Rajoy –tanto de la defensa como de la acusación particular– han girado alrededor de una hipotética negociación con la Generalitat. El expresidente ha negado en varias ocasiones que él estuviera dispuesto a hablar de un referéndum con nadie y también ha rechazado que el lehendakari Íñigo Urkullu ejerciera como mediador. "Ahí no ha habido ningún mediador de nada. Mis posiciones estaban claras y las de los otros también", ha respondido Rajoy. "Quedémonos con lo sustancial: todo el mundo sabe que el Gobierno no negocia esto".

Durante las casi dos horas de declaración como testigo, el expresidente ha dicho que "lamenta muchísimo" las imágenes de las cargas. "No me gustan este tipo de imágenes", ha sostenido. "Pero ni estas ni otras", ha zanjado. Menos clarividente que Santamaría con el uso de la expresión "violencia", Rajoy no ha pronunciado esa palabra pero ha respondido afirmativamente a la pregunta de Vox de si tenía conocimiento de "actos de violencia" contra la Policía y la Guardia Civil. Según Rajoy, el conocimiento de estos "actos de violencia" fue lo que motivó la aplicación del artículo 155. El expresidente, no obstante, ha preferido usar la palabra "acoso" y "excepcionalidad" en el resto de su declaración para describir lo ocurrido en Cataluña.

Santamaría ha comparecido desafiante. Nada más empezar ha dado algunas lecciones de derecho tanto a los letrados de Vox como a los de la defensa. Mientras las preguntas giraban en torno a su gestión política se la veía sumamente cómoda, contenta de volver a primera línea. La operación diálogo y sus encuentros con Junqueras, la aplicación del 155... La ex vicepresidenta ha sacado pecho de su gestión y ha defendido su legado político ante las preguntas de la Fiscalía y de la acusación particular.

Mucho más incómoda se la ha visto con las preguntas de la defensa, sobre todo cuando se referían al operativo policial del 1-O. El rostro de Santamaría ha ido mutando, su sonrisa ha desaparecido poco a poco y ha empezado a moverse en su silla. Tras un intenso careo con el abogado de Junqueras, Andreu Van Den Eynde, se ha visto acorralada por Xavier Melero, letrado de Forn y Borràs, en un vehemente careo entre ambos.

Ha sido entonces cuando Soraya ha entrado en más contradicciones, incapaz incluso de explicar desde dónde le llegaba la información sobre lo que ocurría en Cataluña. Ha reconocido que los policías atendidos fueron 90, no los 400 que aseguró en otoño de 2017 y a pesar de seguir todo el operativo del 1-O desde su despacho en La Moncloa, ha sostenido que no sabía nada del dispositivo. Los rodeos de la exvicepresidenta han llevado incluso a Melero a recordarle la figura del "testigo renuente".

La intensidad de los testimonios de Santamaría y Rajoy ha dejado en segundo plano al resto de personalidades que han pasado por la Sala, algunas de primer nivel como la del expresident de la Generalitat, Artur Mas. El expresident ha confirmado que había discrepancias en el seno del independentismo sobre qué caminos debían tomarse y, según su versión, el referéndum unilateral fue una idea de Carles Puigdemont. Mas ha indicado que la declaración de independencia del 27 de octubre fue "simbólica" y ha confirmado que participó en reuniones políticas del llamado "Estado Mayor del Procés", en el que participaban políticos y miembros de organizaciones sociales.

Marta Pascal, excoordinadora General del PDeCAT, ha tratado de desmontar el relato sobre la supuesta violencia del 20 de septiembre mientras que la expresidenta del Parlament, Núria de Gispert, ha apoyado a Forcadell asegurando que ella también habría permitido la tramitación de las llamadas "leyes de desconexión".

Más accidentada ha sido la intervención de Joan Tardà, Antonio Baños y Eulàlia Reguant (CUP). Tardà ha arrancado calificando el juicio de "venganza política" y ha manifestado que quería responder en catalán, lo que le ha valido la reprimenda de Marchena. Baños y Reguant, por su parte, se han negado a responder a las preguntas de Vox a pesar de estar obligados por ley. El Tribunal les ha impuesto una multa de 2.500 euros, sanción que pueden recurrir en un plazo de 5 días.