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05/04/2013 08:19 CEST | Actualizado 04/06/2013 11:12 CEST

La sanidad madrileña del PP: solo negocio

La llegada de Esperanza Aguirre a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, tras el tamayazo, supuso la aplicación de una política sanitaria diseñada con el objetivo de privatizar la totalidad del sistema sanitario público madrileño. Su actuación política, enmarcada en una ideología neoliberal, contempla la salud como un producto de consumo y la asistencia sanitaria como un mercado de negocio con posibilidades de obtener grandes beneficios. Se inició así un proceso privatizador que obvió cualquier planteamiento racional de planificación en la asignación de recursos ya que su finalidad era facilitar la entrada en tromba de las empresas privadas en la gestión y provisión de los servicios y prestaciones sanitarias: se iniciaba un desmantelamiento progresivo de la sanidad pública que hoy es desgraciadamente una realidad poco discutible.

Con inusitada rapidez se procedió a la adjudicación de los contratos para la construcción de ocho hospitales con financiación privada y se utilizó de forma deleznable las falsas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa como cortina de humo que eclipsó e impidió el debate político que una democracia exigía ante un tema de tal calado. Una irrupción de capital privado de tal magnitud y de manera simultanea en la sanidad pública no tenía parangón alguno ni dentro ni fuera de nuestras fronteras y, como algunos dijimos entonces, ponía en peligro el futuro de la sanidad pública madrileña. Hoy, una década después, la deuda sanitaria en Madrid no es suficientemente conocida, la situación financiera de la Consejería de Sanidad es desastrosa y el pago de los cánones durante treinta años a las empresas adjudicatarias de las concesiones son un pesado lastre que hipoteca en gran medida el futuro inmediato. Todo ello sin haber conseguido ninguna de las mejoras sustanciales que el Gobierno del PP publicitó iban a lograrse. Lo que hoy es una realidad es el desmantelamiento de los hospitales de gestión directa y el enorme deterioro de la Atención Primaria, no proporcionándole los recursos humanos necesarios para cumplir su importante misión como puerta de entrada al sistema. Lo que hoy es una realidad es la amortización de plazas, la no renovación de numerosos contratos y la extrema precariedad de los pocos que se realizan; ello está llevando a una disminución de la calidad asistencial a pesar de los esfuerzos de los profesionales y trabajadores del sector.

El marketing despilfarrador puesto en marcha para confundir y engañar a los ciudadanos se ha venido abajo como un castillo de naipes y hoy las masivas manifestaciones en defensa de la Sanidad Pública y contra la política sanitaria del Gobierno regional son un hecho indiscutible, participando en ellas muchos votantes del PP. Los profesionales ajenos durante tiempo a lo que estaba pasando, han reaccionado y mostrado su indignación ante el expolio que se está haciendo con la sanidad madrileña. Las mareas blancas han supuesto la unión en las calles de Madrid de profesionales y ciudadanos defendiendo la Sanidad Pública y rechazando su privatización.

Ante tal rechazo social parecería lógico pensar que el Gobierno pudiese rectificar, como es frecuente en democracia, mas no ha sido así y ante esta actitud inamovible cabría preguntarse: ¿ Por qué no rectifica? Esta es una pregunta que hechos ya conocidos como otros que pudieran aparecer en un futuro, pueden ayudar a darle respuesta. Me explicaré:

En el proceso privatizador llevado a cabo ha habido un elemento que ha tenido una evolución francamente positiva. Me estoy refiriendo al incremento constante que el volumen de negocio de las empresas privadas ha tenido en el campo sanitario; las partidas presupuestarias asignadas a privatizar (lo llaman externalizar) la provisión de determinadas prestaciones (diagnóstico por imagen, cirugías provenientes de la lista de espera, laboratorios) han crecido sustancialmente durante estos años en los que se ha hecho frente también a los pagos millonarios de los cánones a las concesionarias. ES AQUÍ DONDE SE HA PLASMADO EL NEGOCIO SANITARIO con jugosos beneficios para las empresas. Al mismo tiempo hemos sabido que ex altos cargos de la sanidad madrileña han pasado a ocupar cargos de mucha relevancia en empresas a las que la Consejería de Sanidad había adjudicado contratos en época de su mandato o en periodos posteriores muy próximos. Así hemos conocido que el señor Güemes fue nombrado consejero delegado de una empresa que gestiona los laboratorios de análisis clínicos privatizados por él cuando era Consejero. Conocida por la opinión pública esta enorme desvergüenza legal y ante el escándalo que comenzó a producirse, el citado señor Güemes se vió obligado a dejar su sustancioso empleo. Hemos conocido también que la señora Elena de Mingo, ex directora general de infraestructuras con rango de viceconsejera ha sido fichada por una empresa a la se adjudicaron sustanciosos contratos de asesoría y consultoría en el periodo de su mandato. A fecha de hoy no parece que la señora de Mingo se haya planteado abandonar su empleo. Es evidente que se trata de otro caso de desvergüenza legal impresentable.

Acabamos de conocer que el nefasto personaje señor Lamela, exconsejero de Sanidad, protagonista de la actuación política más ruin en la sanidad española en toda su historia (falsas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa) ha sido asimismo nombrado consejero delegado de la empresa Asigna que gestiona todos los servicios privatizados del hospital del Tajo, centro construido y adjudicado en su mandato. También hemos sabido que esta empresa desde que Lamela ocupa en ella un puesto tan relevante ha conseguido contratos por valor de cuatro millones de euros tanto desde la Consejería de Sanidad como de estructuras administrativas dependientes del actual presidente Regional. Parece por tanto que no sólo las empresas hacen negocio sino que determinados ex altos cargos se procuran cargos relevantes en empresas privadas relacionadas directamente con el sector sanitario y que han recibido adjudicaciones importantes desde la Administración sanitaria. Nada ilegal ciertamente, pero asimismo una falta absoluta de ética y una desvergüenza intolerable en una sociedad democrática. Quizás estos casos puedan explicar de alguna manera la negativa del Gobierno regional a rectificar su política sanitaria ya que la privatización sanitaria parece favorecer el futuro laboral de altos cargos cuando abandonan los mismos. Observando lo ocurrido no parece descabellado pensar que si no hay rectificación en la política sanitaria, veamos en el futuro cercano a otros altos cargos político-sanitarios pasar a ocupar puestos relevantes en empresas privadas que han estado relacionadas con la Administración Sanitaria. Parece que al igual que todos los extesoreros del PP tienen un rasgo común -ser multimillonarios-, los ex altos cargos sanitarios del PP madrileño puedan terminar teniendo un rasgo común: ser consejeros delegados de empresas privadas directamente relacionadas con el mundo sanitario.

Ante esta política depredadora, que está produciendo un expolio de la sanidad pública madrileña, los ciudadanos tienen la capacidad y la obligación de evitarlo, haciendo que las mareas inunden pacíficamente las calles de Madrid exigiendo la retirada de la totalidad de los planes privatizadores. En ello va en juego mantener un pilar fundamental del Estado de Bienestar: la Sanidad Pública. Es una batalla que la ciudadanía no va a perder.

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