Advierten de que miles de empresas no van a poder cumplir con la nueva ley de Trabajo

El Consejo de Ministros aprobaba a principios de febrero el proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 37,5 horas semanales y fija nuevas obligaciones para las empresas. Entre ellas, destaca la exigencia de disponer de un registro horario conectada con la Inspección de Trabajo en tiempo real. Este requisito preocupa a algunos empresarios, que advierten de las dificultades que conlleva su implantación, sobre todo para los pequeños negocios y sectores sin acceso continuo a herramientas digitales.

El Consejo Económico y Social (CES), en su valoración sobre el anteproyecto del Ministro de Trabajo, subraya las dificultades a las que tendrán que enfrentarse sectores como son los de la agricultura o la pesca, donde acceder a medios digitales puede ser algo limitado o prácticamente inexistente. "Se deben tener en cuenta las dificultades que entraña en muchos casos el cumplimiento de este requisito”, señala el informe respecto a todos los trabajadores que no usan herramientas informáticas o desempeñan su trabajo en zonas con poca cobertura, según recoge Autónomos y emprendedor.

Además de este punto, el informe del CES también critica que el anteproyecto de ley no considere excepciones para el derecho a la desconexión digital en sectores como el del transporte o el de las reparaciones, donde las condiciones laborales exigen flexibilidad. "Es fundamental que se tenga en cuenta a sectores con necesidades específicas, como las explotaciones agrarias, dependientes de la climatología", recalca el informe.

El organismo también reclama que el ministerio que dirige Yolanda Díaz cree un régimen transitorio para la aplicación de la reducción de jornada así como una serie medidas de acompañamiento para las pymes. "Es imprescindible aplicar políticas complementarias que faciliten el cumplimiento de la norma”, insiste el CES en su informe, donde sugiere la revisión de los precios de los contratos públicos para compensar todos los incrementos de costes que se derivarán al aplicarse la nueva ley.

El informe del CES también pone en evidencia la falta de diálogo social en la elaboración del anteproyecto. El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, presentó el texto sin contar con el acuerdo de las organizaciones empresariales y de autónomos. “Hubiera sido deseable que el Ministerio hubiera consultado primero a la ciudadanía y con posterioridad a las organizaciones más representativas”, critica también el Consejo Económico y Social en un texto que, además, denuncia la “excesiva premura” con la que se envió el texto para su revisión, en pleno periodo navideño.