Una ambiciosa ley para la cultura

Disfrutar de un monumento o de un parque, dejarse llevar por un libro sacado de la biblioteca del barrio, utilizar el espacio público para jugar o para bailar, acceder a una sala de ensayo, escuchar una pieza de violoncello en el centro de salud para aliviar la migraña, aprender en el colegio mientras se pone en escena una ópera, conservar las recetas de la abuela, participar en la gestión de un centro cultural, o decidir cuáles son los objetivos de la política cultural de un municipio… son solo algunos ejemplos de las muchas concreciones de lo que un derecho cultural puede significar.

A la pregunta de por qué son necesarias leyes que regulen estos derechos culturales, las respuestas son varias. En primer lugar, porque son el instrumento necesario para hacer del derecho a la cultura, recogido en el artículo 44 de la Constitución, un derecho efectivo. La cultura forma parte de los derechos que, junto al medio ambiente, la vivienda o la salud, necesitan leyes de desarrollo para poder ser alegados en caso de vulneración; es, por lo tanto, necesario una ley para que se pueda exigir su cumplimiento. En segundo lugar, una ley de derechos culturales sirve, precisamente, para concretar cuáles son esos derechos. Como decía el investigador Nicolás Barbieri, para que el discurso y práctica en torno a los derechos culturales forme parte de la agenda de las políticas públicas, es necesario definir y concretar de qué se habla cuando hablamos de estos. Y, por último, una ley de derechos culturales supone una apuesta por un cambio de paradigma de las políticas culturales. Es una apuesta por abandonar aquella política que se entiende a sí misma como una mera proveedora o productora de actividades y servicios culturales, y pasar a entenderla como el instrumento que puede crear las condiciones para que los proyectos culturales de la sociedad puedan llevarse a cabo y para que todas las personas puedan desarrollar una vida cultural plena.

Por todas estas razones, desde Más Madrid hemos presentado una ley con la que establecer una serie de garantías presupuestarias, orgánicas, de planificación y de gestión que hagan de la proclamación de los derechos culturales una realidad efectiva. Como garantía presupuestaria, la ley establece el 2% del presupuesto total de la Comunidad de Madrid como porcentaje mínimo destinado a la cultura, porque en política pública solo existe aquello que está dotado económicamente. En cuanto a las garantías orgánicas, se fija la existencia en cualquier caso de una Consejería de Cultura, de modo que no puedan rebajarse sus competencias convirtiéndola en una oficina o dirección general y se crea una oficina de atención al tejido cultural para informar, acompañar y apoyar los proyectos que se pongan en marcha. Asimismo, la ley recoge la obligación de un marco estratégico de acción cultural que fije los principales objetivos y líneas de actuación que se llevarán a cabo y, también, prevé la creación de una unidad de evaluación cultural encargada del seguimiento y valoración de la política desarrollada.

Finalmente, por lo que respecta a la gestión, la ley establece medidas de buen gobierno, transparencia de la administración e independencia del tejido cultural. Por otra parte, la ley hace una clara apuesta por la transversalidad de la cultura y su necesaria coordinación con otras áreas de gobierno en la implementación de políticas comunes. Sirvan como ejemplos la creación de una mesa de coordinación permanente entre Cultura y Educación, planes de acción sostenible, medioambiental y energética en los equipamientos culturales, y medidas para velar por la igualdad de género en el trabajo de las artistas y profesionales. Asimismo, se incorporan políticas de diversidad para personas con discapacidades, mecanismos para garantizar la diversidad étnico-racial y políticas para garantizar el ejercicio de los derechos culturales de la juventud y de las personas mayores.

Una ley de cultura y derechos culturales supone el reconocimiento de la cultura como un elemento central de nuestra vida, y de la política cultural como una política pública de primer orden. Con esta ley Más Madrid pretende poner a la Comunidad de Madrid en sintonía con otras comunidades autónomas donde ya existen leyes similares, como la ley foral de Navarra de derechos culturales —pionera en nuestro país— o la del Sistema Público de Cultura de Canarias —actualmente en tramitación—, y otras como las de Aragón o Cataluña en las que se está trabajando en la misma dirección. Los derechos culturales son derechos humanos, y no solo son indivisibles e interdependientes del resto de derechos, sino que en cierto sentido son su clave de bóveda, pues el fortalecimiento de los derechos culturales sirve también para consolidar el resto de nuestros derechos. Por esto la política no debe ver la cultura como un lujo, sino como un bien esencial. Esto no será posible sin el compromiso político y las garantías normativas que iluminen un mañana abierto a entender e impulsar el cambio social, a favorecer el diálogo y a acompañar las transformaciones que requieren que hablemos de todos los derechos. Si no es ahora ¿entonces cuándo?