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08/02/2017 07:24 CET | Actualizado 08/02/2017 07:24 CET

Atajar los problemas medioambientales, defender el patrimonio común

emisionLos problemas ambientales más estructurales, como la pérdida de biodiversidad y de suelo, efectos ambos de un modelo económico y territorial que ha desvalorizado el medio rural, convirtiéndolo en lugar de paso para las infraestructuras o para la instalación de actividades muy contaminantes, se ha agudizado como consecuencias de las políticas del PP.

Foto: EFE

La situación del medio ambiente en España después de un largo periodo de crisis económica y políticas austeritarias solo puede ser calificada de calamitosa.

Los problemas ambientales más estructurales, como la pérdida de biodiversidad y de suelo, efectos ambos de un modelo económico y territorial que ha desvalorizado el medio rural, convirtiéndolo en lugar de paso para las infraestructuras o para la instalación de actividades muy contaminantes -como centrales nucleares y vertederos de residuos tóxicos- se ha agudizado como consecuencias de las políticas del PP.

Así, se ha incrementado el número de incendios forestales por efecto del recorte de los recursos presupuestarios destinados a prevenir su aparición, pero, también, de la irresponsable modificación de la Ley de Montes por el PP, facilitando los cambios en la ocupación del suelo en las superficies afectadas por el fuego.

Del mismo modo, los sistemas naturales del litoral, protegidos por su condición de Dominio Público Marítimo Terrestre, han visto reducida esta protección por la reforma de la ley de Costa aprobada por el PP en la que, además de proteger concesiones extinguidas que causan un fuerte impacto como las de ENCE o PETRONOR, se sigue estimulando la ocupación de las franjas litorales, colocando a España a la cabeza de los países de nuestro entorno en el aumento de la artificialización del suelo litoral.

El tratamiento de las aguas residuales urbanas, sobre todo en poblaciones pequeñas, es muy deficiente, generando graves problemas de contaminación de los ríos, lo que ha costado la apertura de varios expedientes sancionadores a España por las autoridades comunitarias. El problema de la contaminación de ríos y acuíferos se cuenta muy agravado en algunas cuencas hidrográficas por efecto de las ingentes demandas derivadas de la intensificación del regadío y de usos residenciales y recreativos como las segundas residencias y los campos de golf

La contaminación atmosférica en algunas grandes ciudades ha vuelto a causar estragos entre la población más vulnerable. La respuesta de algunos ayuntamientos, como el Madrid, restringiendo el uso del automóvil privado, y la favorable reacción de la mayoría de los ciudadanos, ha demostrado que es posible atacar este problema, que es posible configurar entornos urbanos a la medida de las personas y que tales medidas no implican restricciones a la actividad económica. Si las mismas pudieran ser integradas en un planeamiento urbanístico orientado a rescatar la ciudad para los ciudadanos, las ciudades podrían ser muy significativas.

Los gobiernos del PP no solo han traído más poder y privilegios a los de arriba y más pobreza e incertidumbre a los de abajo sino que intensificado de forma insensata los factores del riesgo que amenazan la pervivencia de los sistemas naturales.

Los indicadores relativos al calentamiento global son ya inequívocos. El año pasado ha sido el más caluroso de los que se tienen registrados, y en España se ha dejado sentir especialmente en términos de la salud de las personas y de aumento y en la aparición de incendios forestales, además de los efectos de largo plazo como la disminución del régimen de precipitaciones hídricas y la afección sobre cosechas, deltas y estuarios marinos. Es este un problema que debe ser abordado globalmente, y España, con los países del sur de Europa, debiera impulsar una política comunitaria más enérgica en la reducción de emisiones de gases efectos invernadero, adaptación y mitigación de los efectos del calentamiento. Pero no es menos cierto que puedan y deban ser emprendidas medidas en el ámbito interno en materia de energía, y especialmente, en sectores como la vivienda y el transporte.

La energía constituye uno de los principales problemas en España por sus efectos en términos económicos y ecológicos. Una economía en extremos dependiente de las importaciones, de combustibles fósiles, con mercados en curso de precios ascendentes, a la que se suma su condición de fuerte ineficiencia en términos de consumo energético por unidad de PIB, hace de la reconversión energética una necesidad apremiante. Y a ello se añaden los efectos ya perceptibles en términos del incremento de emisiones de CO2 muy agravados por la incorporación de pautas de consumo muy intensa como la generalización del aire acondicionado o el deficiente aislamiento térmico de los edificios o, en fin, el irracional diseño urbano con la extensión en "mancha de aceite" de las ciudades y el consiguiente incremento del transporte diario.

Todo ello con una estructura de la propiedad muy oligopolizada de la producción, distribución y comercialización de los suministros energéticos que ha convertido a millones de usuarios en rehenes de esos oligopolios que imponen, sobre la base de un irracional mercado mayorista, unos precios exorbitantes que condenan a miles de hogares a la pobreza energética. El restablecimiento de la condición de servicio público para esos suministros es una de las tareas urgentes que un Gobierno del cambio debiera acometer.

De modo que los gobiernos del PP no solo han traído más poder y privilegios a los de arriba y más pobreza e incertidumbre a los de abajo sino que intensificado de forma insensata los factores del riesgo que amenazan la pervivencia de los sistemas naturales que constituyen la condición de existencia de la vida en sociedad.

Recortan la protección de nuestros bosques y nuestros ríos, de nuestras costas, de las especies animales y vegetales de las que España constituye la principal reserva europea; los recortan como a los salarios de los trabajadores, las pensiones de viudas y jubilados, las ayudas a mayores y miinusválidos.

Quieren ofrecer con esos recortes un país amable con los grandes negocios, un país de siervos en el que el patrimonio de todos se subaste al mejor postor. Impulsan una verdadera desamortización y arruinarán el país como hicieron las que la precedieron si no lo impedimos

Se lo debemos a los que nos legaron este hermoso país pero, sobre todo, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos.

La destrucción de nuestro patrimonio natural no es el precio del progreso ni del bienestar, es la expresión del egoísmo y la incapacidad de las minorías que nos han gobernado

Podemos y debemos poner fin a estas políticas.

Sí, SE PUEDE Y NO HAY QUE ESPERAR A 2020

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