Golpe de la nueva ley de veterinaria con la primera multa de 90.000 euros por curar a una mascota
El sector veterinario se moviliza contra una normativa que prohíbe la venta directa de medicamentos en clínicas y exige notificar cada prescripción de antibióticos.
La nueva ley que regula el uso de medicamentos en clínicas veterinarias ha empezado a dar muestras de su lado más polémico con la imposición de la primera multa de 90.000 euros a un veterinario en Islas Baleares, según ha comunicado el presidente de la patronal balear de clínicas veterinarias, Andreu Oliver. Este caso marca el inicio de lo que temen muchos profesionales: un aluvión de sanciones tras aprobarse el Real Decreto 666/2023, que regula la distribución, prescripción y dispensación de fármacos para animales.
El decreto, que entró en vigor el pasado julio, no solo restringe el uso de los antibióticos en mascotas, sino que también prohíbe la venta directa de medicamentos en las clínicas veterinarias. Además, desde enero, los profesionales están obligados a notificar cada una de las prescripciones de antibióticos a través del sistema PRESVET, una medida que ha generado gran malestar en el sector, según la revista Jara y Sedal.
La Dirección General de Farmacia del Govern balear ha tratado de desvincular la multa de la nueva normativa, asegurando que el expediente sancionador se abrió incluso antes de entrar en vigor PRESVET. Sin embargo, el argumento no ha calmado a los veterinarios de toda España, que han convocado una manifestación para el 5 de marzo en Madrid bajo el lema 'Esta pastilla no nos la tragamos'.
El conflicto, sin embargo, ha dividido al sector. Mientras los colegios de veterinarios piden al Gobierno una moratoria de la norma y una aplicación más flexible de la ley, la patronal de las clínicas veterinarias exige directamente su derogación.
El Real Decreto 666/2023 no establece un régimen sancionador específico, pero remite a otras normativas que fijan multas de entre 60.000 y un millón de euros, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida. Estas sanciones se aplican a quienes incumplan las obligaciones de prescripción y dispensación de medicamentos, algo que los veterinarios consideran excesivo y contraproducente para su labor sanitaria.
La tensión en el sector ha llegado a su punto álgido tras la muerte de una perra de 9 años en Galicia la semana pasada. La mascota, de la raza Jack Russell, falleció por una sepsis después de no recibir a tiempo el tratamiento antibiótico adecuado. Samuel Fernández, gerente del grupo veterinario Adrisa, ha explicado que la normativa impidió administrarle a la perra un antibiótico más potente sin un cultivo previo. Cuando llegaron los resultados del laboratorio, ya era demasiado tarde.
Este caso, considerado la primera víctima documentada de la nueva ley, ha reforzado la determinación de los veterinarios en su lucha contra una normativa que, según ellos, prioriza la burocracia sobre la salud de los animales.