La política es la actividad que abarca la totalidad de la polis, es decir, del espacio compartido desde el municipio hasta el Estado. O de los Estados en comunidad como la Unión Europea, que cuenta con el parlamento multinacional más grande del mundo. En todos estos ámbitos, personas de distintas procedencias e ideologías dedican sus vidas al servicio de los demás, la mayoría de ellas sin remuneración alguna.

Lo sabemos bien los que hemos tenido la fortuna de pasar por la escuela del municipalismo como concejales y alcaldes. Éstos forman la verdadera fuerza viva de organizaciones como el Partido Socialista. Son presencia local y concreta de un proyecto basado en la mejora del día a día de la ciudadanía, especialmente de los más vulnerables y, en fin, de la clase media y trabajadora, de aquellos que no tienen más resortes para su prosperidad que la política.

Desde los tiempos de mayo del 68 suele proclamarse desde la izquierda que todo es política. Más bien es al revés: la política (la democracia) es la vida toda, en su plenitud colectiva, hacia la consecución de un bien común superior. Porque, como escribía José Luis López Aranguren: “la democracia no es un estatus en el que pueda un pueblo cómodamente instalarse”, sino que “es más una aspiración que una posesión”.

Por eso, la corrupción es una quiebra tan dolorosa, porque afecta a la noble tarea que la política tiene encomendada. Precisamente, por ese motivo, la reivindicación de la política y de lo público es hoy más necesaria que nunca, en unos momentos en que avanzan los movimientos antipolíticos con una fuerte carga ideológica. Su concepción del mundo es excluyente y exclusivo, fuente de privilegios, de corrupciones y desigualdades.

Desde la política democrática es necesario activar los mecanismos de transparencia y corrección, dando la cara y apartando de la vida pública a las personas sospechosas de corrupción, como ha hecho el presidente Pedro Sánchez ante las últimas informaciones provenientes de la Guardia Civil. Un hecho que demuestra, además, la fortaleza del estado de derecho en nuestro país. Desmiente, además, las acusaciones de la derecha contra este Gobierno como propulsor de un Estado dictatorial en el que ya no regiría la separación de poderes, como paradójicamente viene vociferando en sus numerosas plataformas públicas.

Al respecto, esta derecha es la misma que cuestiona la legitimidad de este Gobierno desde su inicio. Paradójicamente, ahora su argumento muta para decir que ha perdido esa legitimidad (qué contradictorio) y debe convocar elecciones. Lo cierto es que la derecha las viene reclamando desde el principio de esta legislatura porque no ha digerido todavía que la mayoría de españoles rechaza la coalición reaccionaria formada por el PP y VOX. Porque ante tal supuesto, cabría cuestionar también la legitimidad de los gobiernos del PP que, con el apoyo explícito o implícito de VOX, se sirven de sus mayorías parlamentarias para desmantelar el estado de bienestar en sus comunidades autónomas. Y lo hacen con el objetivo de promover el odio a las minorías o la fobia a las lenguas cooficiales del Estado, atentando de forma clara contra nuestra convivencia constitucional.

Ahora, la derecha suma un nuevo argumento para pedir elecciones y sustraerse a su responsabilidad de presentar una moción de censura: el de la supuesta negación a la alternancia democrática por parte de la maligna y autoritaria izquierda, obviando que el Congreso es elegido por cuatro años en nuestro sistema constitucional. Para forzar una alternancia cabría disponer antes de una alternativa limpia y sin mancha, de la que carece el PP, a tenor de su historial y de un futuro nutrido de numerosas causas judiciales.

Es el momento de la política, de la mejor política, honrada y decente, cuyo nuevo demos incluye una subjetividad feminista y liberadora, esa política que representa la mayoría de representantes y servidores públicos en todos sus ámbitos. Siempre con un proyecto de avances en derechos y en prosperidad, como viene haciendo el Gobierno progresista en los últimos siete años. Un proyecto desplegado a través de la apuesta por las inversiones públicas y la protección social, a través de la generación de empleo y de oportunidades.

Es el momento de la defensa de la democracia, cuyo principio definitorio es la igualdad. Una tarea infinita que, según Aranguren, requiere una autocrítica vigilante, sabiendo que la democracia “no es nada fácil de hacer durar”, sobre todo en unos momentos de retrocesos sociales y civiles palmarios. Porque la democracia es “una conquista ético-política de cada día”, una voluntad moral que debemos liderar a conciencia. Y es que sin democracia no hay prosperidad ni libertad ni derechos, esos que nos quieren negar los nuevos defensores de una democracia en retirada.

Amador Marqués es diputado por Lleida y portavoz de Deporte del Grupo Parlamentario Socialista.