El expolio fiscal de la derecha: de Rato a Montoro

El Ministerio de Hacienda es en España la clave del arco del Estado de Bienestar, entronizado por la Constitución de 1978. Si la civilización consiste en generar una gran organización pública que garantice a todos una mínima capacidad de supervivencia y ciertas oportunidades de ser feliz, el departamento recaudador es el que realiza la indispensable redistribución de la riqueza y facilita por tanto las necesarias dosis de recursos en un marco de equidad.

Pues bien: las dos veces que el Partido Popular ha estado en el poder en España (1996-2004 con Aznar al frente y 2011-2018 con Rajoy), su comportamiento ha sido denigrante en este capítulo esencial de su actividad. Las dos figuras señeras, Rodrigo Rato y Cristóbal Montoro, están implicados en lamentables delitos económicos, que sin duda indignan a una ciudadanía que ha adquirido ya niveles occidentales de conciencia fiscal. La derecha española, sin embargo, ha dado un pésimo ejemplo, lo que demuestra que cincuenta años no han sido suficientes para convencer a las esferas conservadoras de que España no es patrimonio de unas elites dispuestas a las mayores inmoralidades para mantenerse.

Rodrigo Rato fue desde mayo de 1996 vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, cargo este último que mantuvo hasta el 17 de abril del 2004 (también fue ministro de Hacienda entre 1996 y 2000). Montoro, por su parte, fue ministro de Hacienda con Aznar (2000-2004) y con Rajoy (2011-2018). Es evidente que ambos, Rato y Montoro, elaboraron la política económica y fiscal de las etapas conservadoras.

Pues bien: la historia criminal de Rato comenzó judicialmente con el caso de las tarjetas black, cuando era presidente de CajaMadrid. En octubre de 2018, el Tribunal Supremo confirmó la condena de cuatro años y seis meses de cárcel para Rodrigo Rato por aquellos hechos; días después, ingresaba en la prisión de Soto del Real. En 2012, Montoro sacó adelante una amnistía fiscal, a la que se acogió también Rato; unos 600 amnistiados fueron posteriormente investigados, Rato entre ellos, y se le abrieron varias causas que desembocaron en septiembre de 2023 en un juicio por la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio. Rato fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid en diciembre de 2024 a cuatro años, nueve meses y un día de prisión, así como a multas por más de dos millones de euros y a abonar a la Hacienda Pública más de medio millón de euros por tres delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales y un delito de corrupción entre particulares.

Montoro, por su parte, acaba de ser imputado por un juzgado de Tarragona por los presuntos delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, falsedad documental y negociaciones prohibidas. El asunto es de esta guisa: en 2006, Montoro, que dos años antes había dejado de ser ministro, fundó un despacho de asesoramiento fiscal llamado “Equipo Económico”, junto a numerosos ex altos cargos que habían trabajado con él en la etapa de Aznar. Cuando fue llamado otra vez al gobierno, esta vez por Rajoy en 2011, se llevó al Ejecutivo a varios de sus asociados, pero otros quedaron en el despacho, que no cerró. Y el auto judicial considera que Montoro habría hecho favores a diversas empresas a cambio de elevadas retribuciones al referido despacho. El auto imputa a 28 personas, entre las que la mayoría son altos cargos de la segunda etapa de Montoro en Hacienda. También figuran responsables de su primer paso por el ministerio y directivos y asesores de empresas privadas. Las empresas beneficiarias de esta “red de influencias”, englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), habrían logrado la aprobación de al menos dos rebajas fiscales, en 2013 y 2018.

La acción combinada de Rato y Montoro convierte al Partido Popular en un agente peligroso cuando se trata de gestionar el dinero público, por lo que sus responsables deberán graduar mejor sus palabras al referirse a las corruptelas de los partidos que hoy gobiernan este país. No hay corrupciones buenas y malas: todas son detestables, y por ello mismo no es saludable la banalización del problema. Pero sí caben ciertas comparaciones cuantitativas: la contaminación del PP fue grave e intensa durante sus dos etapas, en las que, además del enriquecimiento de algunos políticos concretos, hay que anotar la financiación ilegal del partido, la doble contabilidad y las hazañas de Bárcenas, con sus varias docenas de millones de euros en el extranjero. Quien trate de omitir este negro historial al criticar a sus adversarios, poco podrá exhibir las virtudes cívicas que el PP jalea, olvidando sus propias miserias.