Gobernar -o querer gobernar - es dar respuestas

Empezamos un año nuevo con las pilas cargadas y con la legitimidad que dan los hechos y los resultados. En lo que llevamos de legislatura, el Gobierno y el Parlamento han cumplido: 52 leyes y reales decretos-leyes aprobados y publicados en el BOE, en un contexto de fragmentación política y dificultad para alcanzar acuerdos. No es autocomplacencia, es balance. Y, sobre todo, es punto de partida: arrancamos el año con una agenda legislativa activa y más de 50 nuevos proyectos ya en tramitación, que dibujan una hoja de ruta clara de modernización, protección social y fortalecimiento del Estado del bienestar.

Ese compromiso se concreta desde el primer mes del año. En enero, el Congreso deberá convalidar el Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno en el último Consejo de Ministros del pasado 23 de diciembre: se trata del nuevo escudo social, e incluye, entre otras medidas, el aumento de las pensiones mínimas entre un 7 % y un 11,4 %; la subida del Ingreso Mínimo Vital en un 11,4%; la prórroga del bono social eléctrico y de la garantía de suministro de agua y energía; la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional; incentivos fiscales para la adquisición de vehículos eléctricos; la exención del IRPF de las indemnizaciones por daños personales derivados de incendios forestales; y la actualización de las entregas a cuenta a comunidades autónomas y entidades locales. Un real decreto-ley de contenido inequívocamente social, imprescindible para millones de personas en nuestro país.

Y es que la agenda social del Gobierno se apoya en una economía que funciona: España encadena varios años creciendo por encima de la media de la zona euro, en torno al 2–3%, y las previsiones internacionales siguen situándonos entre las economías más dinámicas. Ese crecimiento se refleja en el empleo: más de 22 millones de personas trabajando y una temporalidad en mínimos históricos tras la reforma laboral. Además, el nuevo empleo se concentra cada vez más en sectores de mayor valor añadido, como la digitalización, la investigación, los servicios avanzados o la transición energética.

También mejora la cohesión social. Entre 2018 y 2024, nuestro país ha sido uno de los de la Unión Europea donde más se ha reducido la desigualdad, cerrando cerca del 40% de la brecha con la media europea en la diferencia de ingresos entre el 20% más rico y el 20% más pobre. Al mismo tiempo, las cuentas públicas avanzan en la buena dirección: el déficit ha bajado por debajo del 3% del PIB, la deuda se ha reducido en torno a veinte puntos desde los peores momentos de la pandemia y la prima de riesgo se mantiene en niveles bajos, muy lejos del escenario de 2012. Hoy, el Tesoro se financia incluso en mejores condiciones que otros países que hacen bandera de la ortodoxia fiscal.

Nada de esto es casual. Es el resultado de una política económica que ha combinado protección y responsabilidad. Durante la pandemia, los ERTE evitaron la destrucción de millones de empleos y las líneas ICO sostuvieron a miles de empresas. En la crisis energética, la excepción ibérica, la rebaja del IVA de la luz y el gas, los bonos sociales y las ayudas directas amortiguaron el impacto. A ello se suman la revalorización de las pensiones conforme al IPC, el despliegue del Ingreso Mínimo Vital, la subida del salario mínimo hasta acercarlo al 60% del salario medio y la movilización de más de 70.000 millones de euros de fondos europeos para modernizar la economía. El balance es claro: España ha superado dos crisis consecutivas con más empleo, más inversión y creciendo por encima de la media europea.

En este contexto, la responsabilidad parlamentaria no admite ambigüedades. Como ya he apuntado, en las próximas semanas el Congreso deberá convalidar el nuevo escudo social del Gobierno. No es una votación más. Es una decisión que afecta directamente a millones de pensionistas, familias vulnerables, trabajadores y administraciones territoriales. Convalidar este Real Decreto-Ley es optar por la estabilidad, la protección y la mayoría social; rechazarlo sería dar la espalda a una realidad que exige respuestas. La legislatura ha demostrado que puede ser útil incluso en un escenario complejo, y ahora toca reafirmarlo con un voto responsable, a la altura del momento.

Porque gobernar es dar respuestas, y este Gobierno las está dando.Porque ser oposición no es bloquear, es ofrecer una alternativa responsable para gobernar. Y porque España necesita seguir avanzando con certidumbre, justicia social y ambición colectiva.

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Patricia Blanquer es portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y diputada por Alicante.