¿Habla Sánchez catalán en la intimidad?

La situación política española se encuentra una vez más bloqueada por la negativa de la oposición conservadora a aceptar el resultado de los pactos de la mayoría progresista. Como es bien conocido, la derecha nacionalista catalana formada por los herederos de Jordi Pujol exigió a Sánchez en 2023 la condonación de una parte de la deuda autonómica, y el gobierno -o, mejor, la mayoría de investidura-, que lógicamente no podía aceptar privilegiar a una comunidad en detrimento de las demás, ha ofrecido a todas las CCAA una condonación idéntica para mantener la equidad. El PP se niega a aceptar la dádiva porque la considera viciada de origen al provenir de una exigencia de una minoría nacionalista.

Conviene señalar, para entender bien lo que sucede, que la mal llamada “condonación” no borra la deuda sino que la cambia de lugar. Con ella, lo que debería cada comunidad autónoma, ahora lo deberá el Estado. El sector público mantiene, pues, el compromiso contraído, pero las comunidades se liberan del pago de intereses. Si se piensa que estamos hablando de 83.000 millones de euros, se entenderá que el ahorro que obtendrá cada CCAA es una cantidad sustancial, que podrá aplicarse a otros menesteres. Curiosamente, mientras Cataluña se desprenderá de unos 15.000 millones de deuda, la mayor parte del beneficio iría a las comunidades gobernadas por el PP ; como explicó este martes María Jesús Montero con cifras oficiales, la comunidad con más potencial quita de deuda en términos absolutos, casi 19.000 millones de euros, será Andalucía; la que más quita tendrá per cápita será la Comunidad Valenciana, y la que más quita tendrá en porcentaje, más de un 50% de su pasivo, será Canarias. Siempre que la pidan, claro. Es llamativo observar que la quita de Andalucía supone más de un quinto de la cifra final, los citados 83.000 millones.

El PP de Feijóo está indignado por el funcionamiento del ‘gobierno frankenstein’, que se caracteriza por el peso que logran en la toma de decisiones las mayorías necesarias para la estabilidad gubernamental. Pero para asimilar esta indignación conviene a veces repasar la historia. En 1996, Aznar, que había conseguido la victoria electoral en las generales con solo 156 diputados, necesitó el apoyo de los nacionalismos para llegar a la Moncloa, ya que el PSOE había logrado 141 escaños y 21 Izquierda Unida. Para conseguirlo, ante un Jordi Pujoi que había sido insultado clamorosamente por las bases populares, Aznar se puso incluso en ridículo al manifestar que él solía “hablar catalán en la intimidad”.

Evidentemente, la derecha estaba dispuesta a todo para consentir el beneplácito y los 21 diputados de un Pujol que estaba por aquellos tiempos en la cumbre de su prestigio y exultaba poder e influencia. Aznar delegó en Rodrigo Rato las negociaciones, que fructificaron en el llamado Pacto del Majestic, por las que se cedía a las comunidades autónomas una colosal cesta de impuestos, que bien pocos cuestionaron, y algún detalle pintoresco como la eliminación de las tareas de control del tráfico de la Guardia Civil en Cataluña. Toda la derecha pasó por las horcas caudinas del nacionalismo conservador catalán.

En 2023 sucedió algo parecido: la mayoría de gobierno que resultó de aquellas elecciones obligaba al PSOE a pactar con varias minorías nacionalistas. Incluso con el nacionalismo catalán conservador, que no perdonó las insidiosas campañas del PP contra el nuevo estatuto catalán, el maltrato de Moncloa a la Generalitat, la creación de la policía patriótica y la escasa habilidad de Rajoy para impedir el estallido final del conflicto. Sánchez, que se sepa, no ha reconocido hablar catalán en la intimidad, pero ha tenido que claudicar ante Puigdemont de la misma manera que Aznar lo hizo ante Pujol. Las diferencias son de matiz.

En ambas circunstancias, algunos politólogos han achacado a la Constitución estas situaciones inconvenientes que pudieran haberse evitado impidiendo, por ejemplo, que partidos regionales accedieran al Congreso de los Diputados y limitaran su presencia al Senado… Algo así pretendería Feijóo cuando sugiere una reforma para que haya que disolver el parlamento si no se logra por dos veces sacar adelante una ley presupuestaria. Pero quien conozca bien la peculiaridad de este país, el sentido último del reconocimiento solemne a las ‘nacionalidades’, entenderá fácilmente que si se limita la representatividad de las naciones históricas, acercará peligrosamente la llama a la gasolina de la secesión.

Es cierto que la quita de deuda se produce porque lo exigen los nacionalistas catalanes (como lo fue la transferencia de la cesta de impuestos de Aznar). También lo es que, tal como se ha planteado, la quita de la deuda beneficia objetivamente al conjunto de las comunidades. Rechazar, pues, esta reforma por simple prurito político es irritar de nuevo innecesariamente a Cataluña, perder una mejora de las haciendas autonómicas y erigir muros entre el centro y la periferia que el propio PP lamentará el día que gobierne, si llega esta fecha alguna vez. Deberían pensarlo los populares con un poco más de calma y sentido común.