Guía para no perderte en el caso David Sánchez: el "hermanísimo" y su nombramiento en la Diputación de Badajoz

Prosigue el lío judicial en la agenda del Partido Socialista. Este jueves le toca a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno o 'hermanísimo' como se le ha apodado en las últimas semanas por las declaraciones emitidas del juicio. Se trata de uno de los casos que perturban la estabilidad del Ejecutivo en unas semanas donde tanto la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; como la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede socialista de Ferraz o la próxima comparecencia de Begoña Gómez —mujer del presidente—; además de los casos de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, dos de los exsecretarios de Organización del PSOE, generan uno de los puntos más tensos de la legislatura. 

Durante años, el nombre de David Sánchez apenas apareció en la conversación pública más allá de su condición de músico y gestor cultural extremeño. Vamos, que directamente no aparecía en el imaginario colectivo. Sin embargo, su parentesco con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acabado convirtiendo su contratación en la Diputación de Badajoz en uno de los asuntos más controvertidos y uno de los puntos críticos que saca a relucir habitualmente la oposición. Ahora, con el juicio ya en marcha, el conocido como caso del "hermanísimo" ha regresado al primer plano con la comparecencia de David Sánchez este jueves ante la Audiencia Provincial de Badajoz y obliga a reconstruir una historia que comenzó hace casi una década entre expedientes administrativos, decisiones políticas y sospechas de tráfico de influencias para que el hermano de Sánchez obtuviera un cargo gracias a los organismos públicos.

El inicio de la historia: 2016 

Todo arranca en 2016, cuando la Diputación de Badajoz puso en marcha la creación de una plaza vinculada a la coordinación de actividades musicales de los conservatorios provinciales. Entonces, el actual Pedro Sánchez trataba de conquistar la secretaría general del Partido Socialista en su Peugeot. Sobre el papel, la institución defendió que se trataba de reforzar un área cultural con una creciente actividad. Sin embargo, para la Audiencia Provincial de Badajoz, aquel puesto pudo haber nacido con un destinatario concreto desde el principio: David Sánchez Pérez-Castejón. Lo que constataría un presunto tráfico de influencias. 

La sospecha que ha acompañado al caso desde sus primeros pasos es sencilla de formular y compleja de demostrar: si la plaza se creó para cubrir una necesidad real de la administración o si, por el contrario, fue diseñada para facilitar la incorporación del hermano del entonces líder socialista a la estructura de la Diputación. Esa es la pregunta que, años después, sigue sobrevolando cada sesión del juicio y por la que se sustentan las numerosas declaraciones de testigos y presuntos implicados en la operación.

La convocatoria se resolvió en junio de 2017, un mes después de que Pedro Sánchez obtuviera más del 50% de los votos en las primarias socialistas. David Sánchez fue elegido entre varios aspirantes y comenzó a desempeñar funciones relacionadas con la programación y coordinación cultural del Área de Cultura supeditada por la directora Elisa Moriano y los presupuestos de Villanueva de la Serena, dirigidos por Miguel Ángel Gallardo. En aquel momento el nombramiento apenas trascendió fuera del ámbito extremeño. Pero con el paso de los años comenzaron a aflorar testimonios y documentos que alimentaron las dudas sobre la limpieza del proceso.

Durante la instrucción y ahora también ante el tribunal, varios testigos han asegurado que existía la impresión de que el puesto tenía nombre y apellidos incluso antes de que concluyera la selección. Una de las candidatas que concurrió al proceso, Cristina de Frutos, ha llegado a declarar que "percibió una clara desigualdad de oportunidades" y que recibió comentarios que apuntaban a que el resultado estaba decidido de antemano. Para las acusaciones, esas declaraciones refuerzan la tesis de que la convocatoria fue poco más que una formalidad destinada a legitimar una decisión previamente adoptada.

La defensa, sin embargo, dibuja un escenario completamente distinto respaldada por una docena de funcionarios que sostienen la legalidad del proceso. Los abogados de David Sánchez sostienen que no existe ninguna prueba que acredite un trato de favor y recuerdan que el puesto se adjudicó mediante un procedimiento público al que podían presentarse otros candidatos. Además, subrayan que muchas de las afirmaciones que sostienen las acusaciones se basan en percepciones o "rumores", no en evidencias documentales. De hecho, el autor del correo en el que se esgrimió por primera vez el famoso "hermanísimo" reconoció en sede judicial que escribió esa palabra precisamente por "un rumor" y no por conocimiento de causa. 

Miguel Ángel Gallardo, en el centro 

En el centro de la causa aparece también la figura de Miguel Ángel Gallardo, entonces presidente de la Diputación de Badajoz y uno de los principales dirigentes socialistas de Extremadura durante aquellos años. Su papel resulta clave porque la investigación considera que la decisión política de impulsar la plaza pudo partir de los máximos responsables de la institución. De hecho, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han señalado durante el juicio que la iniciativa no habría surgido de una necesidad detectada por los técnicos del área cultural, sino desde instancias superiores de la dirección política provincial. Incluso, en palabras textuales del jefe de departamento de delincuencia, Antonio Balas, que ha declarado este miércoles que el puesto en la alta dirección estaría "predeterminado" para el hermano del presidente del Gobierno. Gallardo siempre ha defendido la legalidad de todas las actuaciones y ha negado cualquier irregularidad.

Además, le tribunal ha retirado uno de los delitos de los que se acusan a David Sánchez. "Declaramos extinguida por prescripción la responsabilidad penal por el delito de aceptación de nombramiento ilegal en el ámbito subjetivo del enjuiciamiento", afirmó el presidente de la sala, José Antonio Patrocinio. Además también acordó dejar fuera de una de las acusaciones a Gallardo, del que las acusaciones piden tres años de cárcel. 

Clave en la actualidad política

El juicio llega después de años de enfrentamiento político. Para la oposición, el caso es una muestra más de la corrupción de Sánchez y su entorno y un argumento más que añadir a lista para que se convoquen elecciones cuanto antes. Desde el entorno socialista, se defiende la presunción de inocencia del hermano del presidente del Gobierno. El propio Pedro Sánchez ha asegurado que "hay que dejar a la justicia trabajar" y que, al igual que en el caso de Begoña Gómez, "esta causa quedará en nada". 

Mientras tanto, el tribunal deberá decidir si detrás de aquel nombramiento hubo simplemente una contratación discutible desde el punto de vista político o si realmente se utilizaron los resortes de una administración pública para beneficiar al hermano del actual presidente del Gobierno otorgándole un puesto a dedo de lo que se podría inferir tráfico de influencias. Esa es la frontera que separa la polémica de la responsabilidad penal y la cuestión que determinará el desenlace de uno de los procesos en los que están involucrados figuras cercanas al Partido Socialista.

Casi diez años después de la creación de aquella plaza en la Diputación de Badajoz, la historia ha dejado de ser una controversia administrativa para convertirse en un caso judicial de alcance nacional. Y aunque el juicio todavía no ha dictado su veredicto, el debate que lo acompaña ya ha instalado una pregunta de hasta qué punto el apellido de una persona puede influir en su llegada a un cargo público. Sea como fuere, el transcurso del juicio determinará cómo obtuvo David Sánchez su puesto en la Diputación de Badajoz.