Junts en el Constitucional

El pasado 7 de octubre, el Tribunal Constitucional admitía a trámite por ocho votos a cuatro el recurso de amparo del líder de Junts, Carles Puigdemont, contra la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía al delito de malversación, pero hoy sigue todavía en pie la orden de detención dictada en su contra si se detecta su presencia en España. También eran admitidos a trámite los recursos de los exconsellers de la Generalitat Toni Comín y Lluís Puig, que se han añadido a los cuatro recursos que ya fueron aceptados por el tribunal en relación con el procés: los presentados por el líder de ERC, Oriol Junqueras; por el secretario general de Junts, Jordi Turull, y por los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa. Según se ha filtrado, el Tribunal pretende que todos ellos queden resueltos en el primer trimestre del año próximo. Estamos, pues, cerca del desenlace del gran contencioso.

Como se sabe, el Tribunal Supremo no ha dictado una única sentencia sobre la amnistía sino varios autos que confirman su no aplicación a delitos como la malversación en la causa del procés, y que plantean cuestiones de inconstitucionalidad sobre la ley en general, que vulneraría supuestamente diversos derechos, como la igualdad. En definitiva, el cierre judicial del procés está a expensas de que el Constitucional, a partir de enero, aborde las demandas pendientes, que son de dos tipos: un primer grupo de recursos, presentado por exmiembros de la Generalitat de Cataluña que fueron condenados por el Supremo, indultados y amnistiados, y un segundo grupo planteado por los procesados que nunca llegaron a ser juzgados, como es el caso del expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont.

La amnistía acordada por el Gobierno a todos los protagonistas de la intentona independentista del 1 de octubre de 2017, sus antecedentes y consecuentes, fue evidentemente una decisión política, adoptada con el apoyo de una mayoría relevante de ciudadanos, consciente de la necesidad de superar una fractura descabellada que había protagonizado un sector político de Cataluña, tras una larga historia de desentendimiento con el gobierno de Rajoy, que desde 2011 gobernó el Estado con mayoría absoluta y que se desentendió de las crecientes reclamaciones que le llegaban de Cataluña, en un tono cada vez más bronco.

La amnistía es una medida de gracia excepcional que el Ejecutivo, a través del jefe del Estado, gestiona y concede para resolver un diferendo político de forma radical. La Constitución apenas menciona el derecho de gracia en dos ocasiones y muy de refilón: el art. 62 i) dispone que corresponde al Rey “ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales”; y el art. 102.3 establece que la prerrogativa real de gracia no será aplicable a los supuestos de responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno, exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. En su reducción a la política concreta, la medida, aplicada a una tentativa de fractura de la unidad nacional, pretendió ser un lenitivo poderoso que permitiera al Estado recuperar la normalidad. Es decir, representó el renovado acatamiento (siquiera tácito) de todos a una Constitución que es impecablemente democrática y que nadie tiene derecho a menospreciar o a ignorar. Así lo entendió la mayoría de españoles, incluidas las dos minorías nacionalistas catalanas, que aceptaron más o menos explícitamente aquella solución.

Infortunadamente, el celo quizá excesivo del Supremo ha frustrado la aplicación rápida de la medida, ya que, en una interpretación poco flexible de las normas, el alto tribunal ha ignorado la voluntad y el objetivo de quien otorgaba la amnistía y ha puesto inoportunos palos en las ruedas de un proceso de distensión que debió permanecer lo más desjudicializado posible. No tiene sentido que, mediante objeciones leguleyas, se frustre un designio legislativo perfectamente legítimo. Con todo, y aunque pueda entenderse el nerviosismo de Puigdemont, acuciado no solo por sus urgencias sino también por el ímpetu con que crece en su mismo espacio Aliança Catalana, no tiene en absoluto sentido que el expresidente haya decidido a estas alturas romper la baraja y dar por concluida su cooperación con el gobierno que pilotó la vuelta a la normalidad. Debería ver la cúpula de Junts que las decisiones pendientes del Tribunal Constitucional no solo deben ajustarse a Derecho sino también, han de ser subjetivamente audaces, dentro del margen posibilista de discrecionalidad que proporciona el sentido común, de manera que la amnistía resulte eficaz, cierre heridas y sea lealmente correspondida con el acatamiento del nacionalismo conservador a la Carta Magna. En otras palabras, si Puigdemont arrastra el sistema político hasta la catástrofe, es muy probable que no encuentre comprensión alguna en el Constitucional, lo que le vetaría sine die su retorno a España, a menos que quiera disfrutar de una temporada larga de residencia carcelaria. En todo caso, la normalidad de las relaciones Estado-Cataluña volvería a estar en el alero.

Puigdemont no puede desconocer que, si tras inestabilizar a la actual mayoría política que sostiene al Gobierno, llegase al poder el Partido Popular asociado con VOX, la cuestión catalana, todavía en carnazón, experimentaría un dramático retroceso. Porque aunque sea obvio que la posición del Partido Popular, hoy beligerante en este asunto, se templaría cuando alcanzase el poder —que obtendría gracias a VOX, si no se produce un verdadero milagro—, no hay que ser un profeta para entender que el conflicto se recrudecería en cualquier caso. La insensibilidad que mostró Rajoy durante su mandato, sin ver que la rigidez que adoptaba frente a las reclamaciones todavía moderadas de Artur Mas, tendría malas consecuencias, es solo un referente tibio de lo que podría llegar a representar una alianza entre la derecha y la extrema derecha en todo lo concerniente a Cataluña.

Hay algo extraño en la conducta de Puigdemont cuando su dramatizada ruptura con Sánchez no lleva implícita la propuesta de una moción de censura que derribe definitivamente a este gobierno. Es claro que a Puigdemont no le agrada lo que hay pero todavía le disgusta más lo que vendría si se consumara su desafección. Parece “el perro del hortelano, que ni come ni deja comer”, como diría Lope de Vega. El líder de Junts ha adoptado, en fin, una posición estridentemente absurda que, si no se incorpora al realismo, redundará en una crisis española que llevará implícito el naufragio de los diversos proyectos de reforma que lícitamente plantea el catalanismo político.