Por una universidad de calidad
El Real Decreto 640/2021 supuso un hito importante, ya que estableció una serie de requisitos mínimos de calidad que debían cumplir todas las universidades, tanto las públicas como las privadas.
“Apoyamos a la universidad pública con la misma convicción con la que queremos combatir el avance de centros privados que priman sin rigor y sin escrúpulos el negocio sobre la calidad”. Así argumentaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la reforma del Real Decreto 640/2021 de creación de universidades, aprobada esta semana por el Consejo de Ministros, con un objetivo principal: velar por la calidad de la universidad en nuestro país.
El Real Decreto 640/2021 supuso un hito importante, ya que estableció una serie de requisitos mínimos de calidad que debían cumplir todas las universidades, tanto las públicas como las privadas. Exigía, además, que los nuevos proyectos de universidades contasen con un informe preceptivo, aunque no vinculante, de la Conferencia General de Política Universitaria, que se pronunciase en términos favorables o desfavorables a la creación de una universidad pública o al reconocimiento de una privada.
Pues bien, a pesar de la necesidad de contar con este informe, el hecho de que no fuera vinculante hizo que varios gobiernos autonómicos de la derecha autorizasen la creación de universidades privadas que no cumplían los requisitos mínimos de calidad y contaban, por tanto, con evaluaciones negativas. Este incumplimiento no responde a deficiencias en la regulación, sino a una clara falta de responsabilidad política por parte de estos gobiernos. Los ejemplos más claros los tenemos en Madrid, Andalucía y Canarias.
Si el Partido Popular fuera responsable y gobernase pensando en la mayoría social, priorizando el interés general y el rigor académico, no habría autorizado proyectos en estas condiciones. Porque autorizar iniciativas que no cumplen con los requisitos mínimos establecidos por ley no solo debilita al sistema universitario en su conjunto, sino que también devalúa los títulos universitarios obtenidos por los y las estudiantes, al socavar los estándares mínimos de calidad y rigor institucional.
Ante esta realidad, y en aras de potenciar una universidad de calidad, el Gobierno de Pedro Sánchez ha considerado imprescindible intervenir para proteger el prestigio del sistema universitario español, amenazado por las políticas de la derecha. Por eso, la nueva reforma del Real Decreto contiene un punto clave: para la creación de nuevas universidades se exigirá, además del actual informe preceptivo, un informe vinculante. Vinculante, esa es la piedra angular de la reforma. Ese informe deberá emitirlo la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación (ANECA) o la agencia de calidad correspondiente en cada Comunidad Autónoma y, si resulta ser desfavorable, impedirá que se autorice el proyecto al no cumplir los requisitos de calidad exigidos en la normativa.
Esto es vital, y la derecha sabe que con esta medida tendrá muy difícil seguir desmantelando la universidad pública a base de autorizar privadas de dudosa rigurosidad. Por eso, su primera reacción no ha sido otra que acusar al Gobierno de ir contra la universidad privada. Una actitud que no se sostiene, ya que lo que se está haciendo es precisamente velar por la calidad de todas las universidades, tanto las públicas como las privadas. Y este aspecto interesa a cualquier proyecto universitario serio.
La derecha introduce ese relato en el debate público porque pretende que no se evidencie el desgaste que está provocando a las universidades públicas allí donde gobierna. Madrid es el mejor ejemplo del desmantelamiento de lo público y lo hacen por dos vías: en primer lugar, rebajan la financiación de las universidades públicas y dejan de darles apoyo institucional, y, en segundo lugar, autorizan cualquier propuesta privada sin el más mínimo rigor. Esta misma agenda de destrucción del sistema universitario público de la que es paradigma Madrid, también la está poniendo en marcha en los últimos años la derecha en Andalucía.
Las y los socialistas vamos a seguir dando la batalla en defensa del sistema universitario español. Velaremos siempre por la calidad de la universidad en España y defenderemos firmemente a la universidad pública, que ha sido y es el mejor ascensor social con el que cuenta nuestra sociedad, un motor de crecimiento y de transformación.
Roberto García Morís es portavoz socialista de Universidades y diputado por Asturias.