Reparar el abuso de poder, una lección entre Gobierno e Iglesia

Estamos viendo una ofensiva patriarcal muy bien organizada en eso que llaman "batalla cultural". No es casualidad: hay mucho dinero moviéndose a nivel internacional para engrasar discursos reaccionarios que inundan las redes sociales, que es donde hoy se informan los más jóvenes. Nos quieren vender la moto con ese mantra de que "el feminismo se ha pasado de la raya", intentando que parezca que los hombres son las verdaderas víctimas.

Pero seamos claros: la igualdad no amenaza a nadie. Lo que hace es ponernos delante de un espejo que muestra las costuras de un sistema que, durante demasiado tiempo, ha permitido que muchos abusos queden impunes. Lo que antes era un silencio cómplice para proteger a famosos, líderes o jerarquías de la Iglesia, hoy es una exigencia de justicia. Por suerte, el abuso y el exceso de poder ya no se aceptan como algo "normal".

Hay quienes intentan disfrazar de "rebeldía" lo que no es más que una pataleta por perder los privilegios de siempre. Frente a eso, hay que ser tajantes: señalar el machismo y castigarlo por ley es fundamental, pero no es suficiente. Una democracia de verdad no se mide solo por cuánto se indigna, sino por su capacidad de reparar el daño. Es fundamental actuar con decencia frente a quienes sufrieron abusos de poder tan atroces como la pederastia; miles de niños y niñas que fueron víctimas de hombres que se hacían llamar "siervos de Dios".

El acuerdo entre el Gobierno de España y la Iglesia católica para indemnizar a las víctimas es histórico. Por primera vez, la Iglesia deja de tener el monopolio sobre cómo y cuánto se compensa a quienes sufrieron abusos que ya han prescrito o que no pueden ir por la vía judicial común. El cambio de reglas es total: la Iglesia ya no es juez y parte. Si hay desacuerdo, la última palabra la tendrá el Estado a través del Defensor del Pueblo.

Este avance es, por fin, una respuesta a lo que las asociaciones de víctimas llevan años pidiendo. Si antes el camino a la justicia pasaba obligatoriamente por el filtro de la misma institución donde sufrieron el daño, ahora el proceso es público y transparente. Es, en esencia, una política que devuelve la dignidad a quienes fueron abandonados a su suerte durante décadas.

No nos engañemos: estos comportamientos de hombres con poder no son casos aislados. Son síntomas que manchan a cualquier institución que diga estar al servicio de la gente. La Iglesia tiene una herida profunda por estos abusos a menores que no se cura solo pidiendo perdón. Este acuerdo refuerza una ética política clara: el foco de la sospecha no puede estar nunca en la víctima —sea niño, niña o mujer—, sino en el agresor y en las estructuras que lo encubrieron.

Como sociedad, debemos ser lo suficientemente maduros para aceptar una realidad que incomoda, pero que es evidente: por supuesto que no son todos los hombres o todos los curas, pero, sistemáticamente, siempre es un hombre con poder quien somete a otra persona para satisfacer su deseo. Admitir este patrón, educar en igualdad, denunciar y reparar a las víctimas es la única forma de construir una sociedad donde todas y todos podamos vivir, de verdad, en libertad.