Un debate europeo sobre el acceso a la vivienda en Canarias: prioridad imperiosa, que exige normas y recursos

A lo largo de las 14 y 15 de enero en Las Palmas de Gran Canaria, mi ciudad natal, tuvo lugar una intensa y significativa jornada de debate —de entre las denominadas reuniones externas, una vez al año— del Grupo Socialista en el Comité de las Regiones (CdR) de la UE y en el Parlamento Europeo (PE), con participación de dirigentes del Partido de los Socialistas Europeos (PES), por iniciativa de la alcaldesa de LPGC Carolina Darias, representante municipal en el CdR por España.

Las intervenciones en los paneles giraron en torno a una preocupación tan compartida como imperiosa: la sombría perspectiva de un recorte sin precedentes a las políticas cruciales para la razón de ser de Europa; Cohesión, Fondos Estructurales, Política Regional y Política Agrícola Común/PAC, y el daño que ello puede causar al sentimiento de adhesión (y pertenencia) a la integración europea como factor de bienestar social, derechos y oportunidades.

Ninguna de las amenazas que se ciernen sobre los pilares de solidaridad ahora desdeñados como "tradicionales" (eufemismo de “anticuados”) es variable independiente de una correlación de fuerzas escorada como nunca a la derecha, y minada por la ultraderecha, en todas las Instituciones de la UE. 

Los socialistas europeos hemos hecho sonar la alarma, conscientes de lo que está en juego, y nos aprestamos a dar la batalla para evitar que se consume el tajo en los meses que restan hasta la aprobación de tan amenazador Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028/2034, que convertiría las políticas de cohesión y regional en meros "sobres nacionales" con supresión del escalón regional de gobernanza y de gestión de estos Fondos, trenzando para ello alianzas con la ciudadanía la sociedad civil y otras formaciones progresistas y europeístas.

Huelga aclarar aquí que si semejante revés resulta del todo inaceptable —por más que se le haga pasar por "nuevo paradigma" en un mundo sacudido por el desorden global que exigiría a la UE que ponga toda la carne en el asador de la Defensa y la Seguridad—, en el caso de las RUPs, como Canarias, sería además contrario a Derecho de la UE por violación del art.349 TFUE. Dicho artículo, constituye la base jurídica exclusiva para reclamar y obtener un tratamiento sensible con la insularidad alejada, adoptando, en su caso, excepciones a las reglas generales y medidas específicas adaptadas a la singularidad de nuestro territorio.

En este contexto, tenso y desafiante, era obligado que en las Jornadas de debate sostenidas en LPGC prestásemos la debida atención al problema que ha emergido como prioridad imperiosa a todo lo ancho de la UE en estos últimos años: la vivienda. El primer eje dirimente en la discusión al respecto es el que diferencia, si es que no enfrenta, a quienes propugnamos que el acceso a una vivienda digna es un derecho que requiere una política social y la movilización de recursos públicos. 

Se equivocan los que lo confían a un mercado que se muestra cada día tan disfuncional (no se encuentran la oferta y la demanda para millones de personas cada vez más desesperadas, enfadadas y desafectas ante la falta de respuesta a sus necesidades) como injusto (insensible al enriquecimiento exponencial de los grandes tenedores y los fondos de inversión que especulan con "activos inmovilizados" en perjuicio de millones de jóvenes, trabajadores y clase media empobrecida por falta de emancipación y por los costes prohibitivos de los alquileres que expulsan a tantos de sus centros urbanos y de sus aspiraciones vitales).

Un problema de alcance paneuropeo no puede ser ignorado por la UE: inventando o expandiendo sus actuales competencias, el PE (con decisivo impulso socialista) ha situado en la agenda un Plan de Vivienda Asequible y una movilización de recursos europeos que apunta a 700.000 millones de euros en la presente Legislatura 2924/2029, bajo la responsabilidad del Comisario danés Jørgensen (socialdemócrata). 

La primera línea de acción practicable puede y debe apuntar a la regulación europea y sujeción a control del comportamiento predatorio de los Fondos de Inversión ("Fondos Buitre"). Junto a la intervención decidida sobre el stock inmobiliario de las Instituciones financieras (Bancos), combinando transparencia en el mercado (Registros de tenedores) con políticas fiscales (impuestos al capital inmovilizado). Así pues, no sólo habrá de incentivarse la puesta en el mercado de inmensos patrimonios hoy en manos de una oligarquía enriquecida, sino liberar los recursos necesarios para financiar vivienda pública.

En una RUP como Canarias el paisaje adquiere tintes inevitablemente más dramáticos: no solo por los límites físicos del territorio disponible para la promoción y edificación de vivienda pública accesible (y por las contradicciones políticas y burocráticas entre administraciones regidas por dinámicas de antagonismos políticos cruzados), sino también por el peso de una población flotante cualitativamente mayor a ninguna otra CA comparable en extensión y población: junto a los 2.260.000 habitantes de derecho, Canarias soporta en su suelo la demanda de servicios de 18 millones de visitantes al año (empezando por un alojamiento en que tiene cada vez más peso el alquiler vacacional).

Y es en este contexto que cobra sentido el Documento elevado por el Gobierno de España (ministro Ángel Víctor Torres) en la consulta pública abierta por la Comisión Europea para la elaboración de la próxima Estrategia UE para las RUPs 2027/2032. 

Junto a la exigencia del mantenimiento (e incremento) del POSEI (actualmente, 272 millones de euros) y de los Fondos RUPs (en FEDER y Fondo Social), de los Programas especiales (Horizon, Cosme...) y de un dispositivo de solidaridad específico para migrantes y menores no acompañados tras su Salvamento y Rescate, coherente con la posición de Canarias como Frontera Exterior de la UE, el Gobierno de España propone considerar limitaciones a la compra de inmuebles a no residentes en Canarias.

Esta propuesta evidencia varias cosas, todas ellas requeridas de esfuerzos de explicación que deberemos abordar: a)-No es legalmente viable plantear, por contraria a la Constitución (art. 138.2, 139.2 y 157.2 CE) y al Derecho de la UE, ninguna discriminación contra ciudadanía española ni ciudadanía de la UE. b)-Sí es, en cambio, legalmente viable, restringir el acceso al mercado inmobiliario en Canarias a ciudadanía no comunitaria: pero ha de hacerse por ley que en todo caso habrá de acreditar su adecuación a un fin lícito y su proporcionalidad con los fines legalmente perseguidos; c)-Solo con autorización europea será posible hincarle el diente a esa limitación, aduciendo singularidades de las RUPs, en modo que sea compatible con el Derecho de la UE (libre circulación y residencia, art.45 CDFUE y art.63 TFUE), d)-De hecho, las excepciones actualmente contempladas en el Derecho de la UE fueron negociadas en los respectivos Tratados de Adhesión (caso de Dinamarca, Islas Färoe, 1973; Finlandia, Islas Aland, 1994; Malta, e islas de Croacia, ambas en 2004).

En defecto de esa base jurídica, Canarias puede aducir el art.349 TFUE, pero no basta con ello: España deberá negociar el encaje y aceptación de cualquier medida restrictiva de la libre circulación y elección de residencia en un marco general de políticas sociales de vivienda pública asequible promovidas por la CA de Canarias. 

De modo que pueda probar que una restricción general y no discriminatoria (sin distinguir entre españoles ni ciudadanía europea, sino basada en un parámetro objetivo de exigencia de residencia efectiva en el archipiélago, y consiguiente destino de uso residencial de la vivienda adquirida), y pueda superar también el canon de adecuación al Derecho de la UE impuesto por la jurisprudencia sólida del TJUE sobre medidas restrictivas de libertades constitutivas da la integración europea regida por ese Derecho.