Alguien miente

Nuevo frente de confrontación entre el Gobierno y el Partido Popular. Ante la incapacidad de entenderse, los enviados de Pedro Sánchez han llegado a un acuerdo con Canarias para aliviar en parte su presión migratoria. Se trasladarán a la península alrededor de 4.400 menores extranjeros no acompañados y, gracias a una negociación paralela, el PSOE tendría en principio asegurado el apoyo de sus socios habituales en el Congreso, incluido Junts. ¿El motivo? El PP asegura que de ese reparto quedan excluidas Cataluña y País Vasco, un extremo que el Ejecutivo desmiente.

“No queda excluida ninguna comunidad. Se aplicaría a todas”, no se han cansado de repetir tanto en público como en privado desde la Moncloa. Si bien, tras esa respuesta tan rotunda, el Gobierno precisa que hay regiones que “ya llevan haciendo un trabajo previo acogiendo a menores migrantes” ocupando las plazas que ahora señala el acuerdo. Y, entre ellas, estarían Cataluña y País Vasco. Precisamente, con quien ha negociado el Gobierno para desatascar la situación es con Junts y el PNV.

Las comunidades autónomas del PP se enteraron por los medios de comunicación del acuerdo, según las fuentes consultadas por El HuffPost. Y eso es lo que más ha indignado a los barones. “Es una vergüenza”, resumía uno de ellos. “Estamos todos atónitos”, aseguraba públicamente el murciano Fernando López Miras. Hasta fuentes del Gobierno de Ceuta reconocieron que no tenían constancia, aunque el pacto les beneficia.

“Vamos a ver qué es lo que nos presentan y los criterios que se han establecido. Pero de partida, aquí ya hay unos que han pactado una serie de cosas, que son los nacionalistas vascos y catalanes, y otros que vamos a rebufo”, según la reflexión de otro barón popular, que reconoce que él siempre abogó “por un gran acuerdo PP-PSOE” que al final nunca se materializó, tras varios intentos infructuosos.

El socialista Emiliano García-Page, al que la noticia le pilló en Canarias, pidió “mesura” al PP dando a entender que se estaba equivocando en su denuncia. El presidente de Castilla-La Mancha mantuvo un encuentro con su homólogo canario, Fernando Clavijo, que negó taxativamente privilegios entre comunidades. “Quiero desmentir algo: no están fuera ni Cataluña ni el País Vasco. No se va a quedar fuera ninguna parte del territorio”, dijo. Aunque también tuvo que precisar: “Otra cosa es que el esfuerzo previo va a ser tenido en cuenta, porque no es lo mismo enviar niños y niñas a una red que está saturada y que ya tiene un esfuerzo”.

“Claro, como todas las comunidades… aquí los centros están también saturados, por encima de nuestras capacidades”, exponen en la Comunidad Valenciana o en la Región de Murcia. “Van a jugar a la división. Es normal que en Canarias - con un gobierno de coalición con el PP- y Ceuta -gobernada por el PP- busquen soluciones… pero el problema aquí es que no se ha logrado un grana cuerdo de Estado”, traduce un diputado popular.

El Gobierno intentará un último acercamiento con el PP cuando el nuevo plan migratorio -vía real decreto ley o proyecto de ley- llegue al Congreso de los Diputados. Si bien, las posibilidades de pacto son prácticamente nulas. “No contarán con nuestro apoyo”, avisaron ya portavoces oficiales. “Está claro que todo esto ya está pactado con PNV y Junts”, sugirieron las fuentes consultadas. “Cataluña no puede formar parte del café para todos” en la gestión de la inmigración, afirmó Jordi Turull, echando más leña al fuego.

¿No o abstención?

El Gobierno también ha puesto en un brete al PP con la reducción de la jornada laboral. De momento, Yolanda Díaz no tiene asegurados los votos, pues Junts parece situarse en el 'no'. Aunque es consciente de que su medida, ya aprobada por el Consejo de Ministros, genera un profundo debate interno en las filas de Alberto Núñez Feijóo, con unas encuestas que detectan que hasta sus votantes están a favor de trabajar menos horas.

El “sí” del PP parece descartado, toda vez la patronal se opone a la ley de Díaz. Pero no así la abstención, a juicio de la opinión de barones relevantes del partido. “También es importante escuchar a las bases, a nuestros votantes”, sugiere uno de ellos, para reivindicar no votar en contra. El debate también existe en el propio comité de dirección mientras Feijóo ha optado por no desvelar de momento sus cartas. La que ya ha marcado el paso ha sido Isabel Díaz Ayuso, que públicamente se ha alineado con Antonio Garamendi apostando claramente por el 'no'.

Con todo, Moncloa cree que ha enderezado en algo el rumbo y “ahora es el PP el que tiene que justificarse”, según un ministro. De hecho, insisten en que hay margen para la negociación de los Presupuestos, que pasa inevitablemente por más cesiones a los de Carles Puigdemont. “Aquí hay que ir dando pasos. Y ahora los damos más seguros. El martes, el Consejo de Ministros aprobará el salario mínimo interprofesional”, destacan las fuentes gubernamentales.

Lo que callan es que, también en esto, el Gobierno se ha roto, con un enfrentamiento cada vez menos soterrado entre Díaz y María Jesús Montero, la titular de Hacienda. Y en este sentido lo que aún no aclaran es si habrá exención del IRPF para los perceptores de ese salario mínimo.