Ayuso acepta a regañadientes el Plan Estatal de Vivienda: estaban en juego 1.100 millones para rehabilitar, construir, alquilar y comprar en Madrid

Siempre al choque. Pero esta vez la Comunidad de Madrid se ha rendido a la evidencia. La región no puede quedarse fuera del reparto de los 7.000 millones de euros que ha comprometido el Gobierno central a través del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que sí ha recibido críticas desde el Sindicato de Inquilinas. "Nosotros no hemos dicho que no vamos a asumirlo", ha aclarado este miércoles tras el Consejo de Gobierno.

El mismo Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda de la Comunidad, no esperó este martes a que la ministra Isabel Rodríguez desgranase los detalles del nuevo Plan Estatal recién aprobado. En un vídeo publicado en su perfil en redes sociales, Rodrigo acusó al Gobierno de haber desarrollado este plan "a espaldas de las comunidades autónomas" sin haberse aprobado en Conferencia Sectorial.

"Lejos de ser un marco de colaboración es un instrumento para recentralizar competencias que son claramente autonómicas: intenta imponer medidas que ya han sido declaradas inconstitucionales como la protección permanente [de la vivienda pública] o favorece la financiación si se declaran zonas tensionadas. O haces lo que el Gobierno quiere o no hay dinero", criticaba.

Solo 24 horas después el propio Rodrigo ha matizado a la prensa y al propio Gobierno, que llegó a entender que no pasaba por los planes de la Comunidad de Madrid acatar y activar este nuevo Plan Estatal. "Nosotros no hemos dicho que no vamos a asumirlo, decimos que se ha hecho a espaldas de las comunidades autónomas", ha incidido. 

De hecho, esta nueva postura del consejero lleva a entender que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aceptará algunos planteamientos que según Jorge Rodrigo son "inconstitucionales". El propio consejero ha asegurado este miércoles, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que "no tiene ningún problema" con blindar el carácter público de la vivienda protegida.

"Cree que daña al Gobierno, pero..."

Ya fue la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, particularmente dura con Isabel Díaz Ayuso este martes cuando presentó el Plan Estatal de Vivienda. Preguntada por las consecuencias de que Madrid no lo aplicase, zanjó el debate: "Estarían renunciando a 1.000 millones de euros para hacer vivienda pública protegida, permanente y para siempre". 

Ese "es un coste que no sé si la presidenta de la Comunidad de Madrid sería capaz de expresar con algún chascarrillo, pero estoy segura de que es un coste que no aceptará ningún madrileño". La ministra también adujo que Ayuso "cree que daña al Gobierno cuando no aplica la Ley de Vivienda". "Está dañando a un millón y medio de personas que viven de alquiler en la Comunidad de Madrid".

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla una inversión pública de 7.000 millones de euros (60% del Gobierno, 40% de las comunidades). Porcentualmente, el 40% de esa cifra irá a construir vivienda, mientras que otro 30% irá a rehabilitar y otro 30% a ayudas y subvenciones directas. Estas proporciones serán similares a nivel autonómico y se contempla mover 1.113 millones de euros en la Comunidad de Madrid.

De haber rechazado activarlo, la Comunidad habría perdido acceso a esos 1.113 millones. Por ello, Isabel Rodríguez recordaba este martes que los madrileños "están sometidos al mayor aumento de precios del alquiler de toda España", y recordó que de haber activado la Ley de Vivienda el Gobierno de Ayuso, los ciudadanos "podrían ver sus rentas del alquiler congeladas desde hace dos años".

Por su parte, la Comunidad de Madrid también trató de contraprogramar el Plan Estatal de Vivienda presentando su Plan de Choque de Vivienda 2026/2027, con quince nuevas medidas "entre las que se incluye la Ley de Medidas Urgentes para Vivienda Protegida para crear más de 15.000 nuevos hogares en los próximos cuatro años". Es el segundo plan del Gobierno regional.