La proposición llega tras el reciente desalojo de un solar en Can Rova, donde cientos de personas con menores fueron expulsados de sus caravanas y tiendas de campaña.
El objetivo es que unifique datos, estudios y normativas para ver qué es lo que mejor está funcionando, adoptar medidas al respecto y tener más agilidad para combatir el fraude.
Según avanza la 'SER', solo podrían acceder a ayudas públicas específicas y adicionales aquellas comunidades donde se haya dado este paso, fundamental para la aplicación de la ley de vivienda a la que comunidades bajo gobierno del PP se niegan o resisten a aplicar.
Unas declaraciones de la ministra Isabel Rodríguez y la decisión de cambiar la normativa para agilizar las construcciones de viviendas hacen saltar las alarmas en las filas de Sumar, que ven "extraño lanzar la idea de un nuevo boom".