Begoña Gómez, el cuento de nunca acabar: dos años de instrucción... ¿y ahora, qué?

El 16 de abril de 2024, el juez Peinado abrió diligencias previas contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por unos presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras recibir una denuncia del sindicato Manos Limpias. La noticia se conoció unos días después y Pedro Sánchez reaccionó dándose cinco días para reflexionar si tenía sentido seguir al frente de la presidencia del Ejecutivo. 

Este jueves, dos años después de que empezara este embrollo, Begoña está a sólo un paso del banquillo acusada de cuatro delitos una vez que el juez diera por finalizada la instrucción. Sobre la mujer del presidente pesa la posibilidad de haber incurrido en malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. Sólo se ha salvado del intrusismo profesional, otro de los delitos que Peinado le achacó en esta fase preliminar. 

La decisión de llevar a juicio a Gómez, tras dos años de una instrucción marcada por las continuas polémicas, ha destaponado la crítica furibunda del Gobierno. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños - que estuvo a punto de ser también imputado por petición del juez - aseguró este lunes que el auto de procesamiento había "avergonzado" a muchos ciudadanos. Lo que provocó a su vez que el CGPJ y la mayoría de asociaciones de jueces hayan censurado sus palabras al considerarlas un ataque a la independencia judicial. Pedro Sánchez, algo más cauto, repitió lo que lleva diciendo todo este tiempo: "El tiempo pondrá a cada uno en su sitio. Sólo le pida a la Justicia que haga justicia".

¿Cuáles serán ahora los siguientes pasos? ¿Es seguro que Begoña Gómez se sentará en el banquillo de los acusados? Con el fin de garantizar que el proceso es garantista y no vulnera los derechos de los investigados - la mujer del presidente, su asesora, Cristina Álvarez; y el empresario Juan Carlos Barrabés - a partir de ahora se sigue un desarrollo específico hasta la apertura del juicio oral. En primer lugar se formularán los escritos de acusación, para los que las partes disponen de cinco días hábiles, seguido de los escritos de defensa. 

Después, llegará el turno de la Audiencia Provincial de Madrid al atender los recursos de defensa, de la fiscalía y de Manos Limpias como acusación. Será entonces cuando este tribunal decidirá si avala el procesamiento, ordena nuevas diligencias o incluso decide archivar la investigación. Este último escenario parece poco probable, puesto que la Audiencia provincial ha ido desmontando en estos dos años algunas de las estrategias de Peinado, pero también ha avalado parte del núcleo de su investigación. 

Sobre el segundo, el de ordenar nuevas diligencias, cabe recordar que Manos Limpias considera precipitado el cierre de la instrucción. "Es necesaria la prórroga para seguir indagando en los hechos y solicitar diligencias que puedan resultar necesarias a la vista de la documentación pendiente de recibir", asegura uno de sus abogados, Víctor Soriano. Este escenario dilataría aún más los plazos para la celebración del juicio. 

La misma Audiencia también tendrá que decidir finalmente si Gómez será juzgada por un jurado popular - como ha reclamado Peinado - o por uno profesional. La única vez que se ha pronunciado hasta la fecha sobre este aspecto fue a favor de la segunda opción, pero Peinado insiste en la primera fórmula. 

Sea cual sea el recorrido final, todo parece indicar que el posible juicio contra Begoña Gómez no arrancaría hasta el primer semestre de 2027. Fechas difíciles para el Gobierno puesto que las elecciones municipales y autonómicas se celebrarán a finales de mayo y las generales, previsiblemente, en septiembre. Por lo que el desarrollo del juicio e incluso la propia sentencia podría influir de manera drástica en las dos convocatorias. 

En todo caso, es todavía precipitado aventurar cuándo se sentará en el banquillo de los acusados... si es que la Audiencia Provincial no lo remedia. Lo único seguro es que en septiembre de este año tendrá lugar la jubilación forzosa de Peinado al cumplir los 72 años, por lo que no tiene garantizado que vaya a ser él quien dicte esa apertura de juicio oral contra la mujer del presidente del Gobierno. 

¿Será Begoña condenada?

Y luego está que Begoña Gózmez sea finalmente condenada, a la vista de que las acusaciones vertidas contra ella no están especialmente sustentadas. Uno de los delitos es el de tráfico de influencias por su carta de apoyo a una unión temporal de empresas vinculada al empresario Carlos Barrabés, presentada en procesos de licitación pública, o para la creación de su cátedra en la Complutense. Sobre lo primero, la Guardia Civil no admitió delito y sobre lo segundo cabe recordar que Gómez no recibió retribución alguna por ello.

Después está el delito de corrupción en los negocios, ya que Peinado considera que Begoña fue "la impulsora de la captación de fondos privados e, indiciariamente, no para la cátedra universitaria pública (lo cual era solo en apariencia), sino para integrarlo en su patrimonio personal", para lo cual ofrecería como "contraprestación" la ventaja competitiva de las empresas, todas ellas partícipes en numerosos procedimientos de licitación pública. Hasta ahora, no se ha demostrado que Gómez haya obtenido un beneficio económico con esta cátedra. Es más, tanto la Fiscalía como la defensa han confirmado que todas las donaciones se ingresaron en cuentas de la universidad. Por otro lado, tampoco ha quedado por el momento demostrado que las aportaciones de entidades como Reale Seguros, Fundación la Caixa, Indra, Google y Telefónica para la puesta en marcha de esta cátedra le sirviera a estas empresas para, después, obtener ventajas o trato preferente en concursos públicos.

El magistrado cree igualmente que hay razones suficientes para juzgar a Gómez por apropiación indebida por registrar como propio el software desarrollado en la cátedra de Transformación Social Competitiva, aunque el registro de la propiedad intelectual certificó a petición de la Universidad Complutense de Madrid que no existe ningún software a nombre de Begoña Gómez. La esposa del presidente del Gobierno sólo registró a su nombre por 25 euros (cuota anual) el dominio de Internet donde se alojaba la plataforma tecnológica que, además, era de uso gratuito.

Y luego queda el asunto de la malversación por la intermediación de una asesora de Moncloa para los asuntos "profesionales" de Begoña. Al margen de si es lícito o no que echara mano de Cristina Álvarez para resolver algunas cuestiones de la cátedra (de manera excepcional, según dijo ante el juez), la jurisprudencia sólo considera responsables del delito de malversación a quienes tienen capacidad de decisión sobre los fondos públicos, como autoridades y funcionarios que tienen a su cargo fondos o efectos públicos por razón de su cargo. Excepcionalmente, también pueden incurrir en él ciertos particulares legalmente designados, como depositarios de caudales públicos, administradores concursales o personas encargadas accidentalmente de fondos o bienes embargados Algo que no cumplirían ni Begoña Gómez ni su asistente.