Bruselas castiga a España y le recorta 1.100 millones de euros de los fondos europeos esperados por incumplir dos acuerdos

La Comisión Europea ha aplicado este lunes un castigo a España al considerar que nuestro país no ha cumplido con dos de los objetivos prestablecidos. El organismo europeo ha realizado el quinto pago de los fondos europeos del plan de recuperación que le correspondía a nuestro país, pero por el camino se han quedado 1.100 millones de euros.

Este era el quinto pago de los fondos europeos, y que el Ejecutivo español había solicitado a Bruselas el pasado mes de diciembre. Finalmente, Bruselas ha dado luz verde al pago, pero ha decidido recortar el importe en 1.100 millones de euros como sanción. 626 millones debido a que España no ha compensado debidamente a los funcionarios interinos, mientras que la ausencia de los otros casi 500 millones se deben a que el Gobierno español no aprobó finalmente la subida fiscal al diésel.

Así, el montante final percibido por España es de 24.137 millones de euros (8.000 en subvenciones y 16.000 en forma de préstamo).. De acuerdo con el comunicado emitido por el Ejecutivo comunitario este lunes y recogido por El País, se explica que “el pago de 626.615.891 euros se suspenderá del/de los desembolso(s) posterior(es) de la ayuda no reembolsable, según lo establecido en la sección 2, apartado 3, del anexo de la Decisión de Ejecución del Consejo, de 15 de julio de 2021, sobre la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España".

Respecto a la cuestión de los funcionarios, el incumplimiento por parte de España se produce debido a que, según Bruselas -concretamente tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE-, el Gobierno no compensó como debía, a los trabajadores públicos que sufrieron la alta temporalidad. Este formaba parte de uno de los principales objetivos que España aseguró a Europa que cumpliría.

La sentencia apuntaba a que las reformas llevadas a cabo por el Gobierno eran insuficientes, por lo que, pese a que Bruselas dio el visto bueno en un inicio, tras el auto de los jueces luxemburgueses, se vio obligada a rectificar.

Por el otro lado se encuentra otro incumplimiento. Esta vez relacionada con la reforma fiscal que el Gobierno de España aseguró que implantaría al diésel, pero que finalmente no se ha producido. En este caso, el compromiso del Ejecutivo era el de equiparar tributariamente el diésel y la gasolina.  Sin embargo, y pese a varios intentos por parte del Gobierno, la medida no terminó de salir adelante tras no conseguir los apoyos parlamentarios suficientes.