Citan como investigada a la exconcejal de Urbanismo por las viviendas públicas de Alicante
También tendrá que acudir a declarar la exdirectora general municipal María Pérez-Hickman.
La exconcejala de Urbanismo de Alicante Rocío Gómez y la exdirectora general municipal María Pérez-Hickman han sido citadas a declarar en calidad de investigadas por la magistrada que investiga las irregularidades en la adjudicación de las viviendas públicas de la playa de San Juan.
Según la providencia de la magistrada titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, a la que ha tenido acceso EFE, Gómez y Pérez-Hickman son dos de las 15 personas llamadas a declarar como investigadas entre el 26 de mayo y el 5 de junio, entre ellas diez beneficiarios de las viviendas del complejo residencial Les Naus.
La exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez y la ex directora municipal de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondo y actualmente jefa del servicio de Contratación, María Pérez-Hickman, deberán comparecer el 20 de mayo junto al jefe de la Sección de Vivienda Protegida de la delegación territorial de Vivienda de la Generalitat Valenciana, Roberto Palencia.
Este último es el alto funcionario que tramitó y visó en exclusiva, y a petición propia, la tramitación de los pisos de la playa de San Juan y que, supuestamente, confesó a un superior que la había "cagado" al destaparse las irregularidades en numerosos expedientes y que una de las viviendas había acabado en su pareja, que además es arquitecta municipal.
Del mismo modo, la magistrada ha llamado a declarar el mismo 20 de mayo a otro arquitecto municipal, al administrador único de la mercantil Fraorgi SL por la promoción del residencial Les Naus, Francisco O.G., y el 5 de junio a los adjudicatarios de las viviendas número 28, 42, 50, 52, 75, 101, 117, 139 y los dos beneficiarios de la 87 de la promoción investigada.
En un caso en el que se han personado la Fiscalía Anticorrupción y el PSPV-PSOE y Ciudadanos (Cs), estas dos formaciones como acusaciones populares, la magistrada tomará declaración con carácter previo a los investigados a siete funcionarios autonómicos y municipales en calidad de testigos.
Será el 8 de mayo para la jefa del Servicio de Gestión Patrimonial, Paloma Romero; el TAG del Servicio de Gestión Patrimonial, Pablo Torregrosa, y el arquitecto jefe del departamento técnico de Control de Obras, Antonio Faura, en el caso de los técnicos del ayuntamiento.
De la Conselleria valenciana de Vivienda, deberán testificar esa misma jornada el director general de Planificación y Políticas de Vivienda, Juan Antonio Pérez; la jefa de sección de Emergencia Habitacional, Marta Vera; la técnica de Arquitectura María del Carmen García; y la técnica de gestión de Administración General Marta Jiménez.
El funcionario que visó las viviendas, investigado no testigo
En la providencia y ante la petición del abogado de Ciudadanos Eduardo García-Ontiveros de que Roberto Palencia acudiera como testigo, la magistrada le aclara que su comparecencia debe ser como investigado, acompañado de abogado, porque Anticorrupción le considera implicado en la comisión de los hechos objeto de la investigación.
La comunicación de la magistrada alicantina se produce una vez recibidos sendos escritos tanto de la Fiscalía Anticorrupción como de la acción popular de Cs y después de que el pasado viernes tomara declaración como testigos al director territorial de la conselleria, Juan Manuel Galbis, a la jefa del servicio, Concepción Morillas, y al secretario territorial adjunto en Alicante de la Conselleria de Vivienda, Vicente Caturla.
El próximo viernes, día 24, está previsto que declaren como testigos otros cinco funcionarios de la delegación territorial de Vivienda que participaron en la revisión de los expedientes tras destaparse las presuntas irregularidades.
El "escándalo" de Les Naus, término usado por el alcalde alicantino, Luis Barcala, ha desencadenado una intensa tormenta política en la ciudad desde que saltó a la luz a finales de enero, y ha incluido las dimisiones de la concejala de Urbanismo y la directora general municipal Pérez-Hickman y de un asesor de la Conselleria de Industria y Turismo, además de la creación de sendas comisiones de investigación en Les Corts Valencianas y en el ayuntamiento, junto a la apertura de la causa judicial.