El Gobierno aprobará medidas sociales que no requieran pasar por el Congreso

La debilidad parlamentaria del Gobierno es una realidad que no se pasa por alto. Ante los últimos movimientos de los partidos que apoyaron la investidura y que han colocado contra las cuerdas al equipo de Pedro Sánchez, como el corte de relaciones de Junts o el tono crítico de Podemos, el Ejecutivo tratará de sacar adelante las medidas sociales que no requieran pasar por el Congreso. 

Así lo ha confirmado el diario El País este lunes: el presidente pedirá a cada uno de los miembros del Consejo de Ministros un listado de tres o cuatro medidas de carácter social que no necesiten pasar por la Cámara Baja. Esta decisión habría sido tomada en el mes de noviembre con el objetivo de alcanzar propuestas "ambiciosas" y "disruptivas". 

"Lo raro sería que un Gobierno no estuviera pensando constantemente en medidas que mejoren la vida de la gente. Es importante que sepamos cómo es nuestra situación. Hay medidas que no tienen que ser convalidadas por el Congreso. Hay mucho que se puede hacer que no tiene que tener ese rango legal", decía la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la Cadena Ser, confirmando la información.

Comienza así una estrategia por parte del Gobierno en la que intentará recuperar la confianza ciudadana después de una clausura de año marcada por la corrupción y los escándalos sexuales, así como de los grupos parlamentarios que se han ido alejando del proyecto de Sánchez en los últimos meses. "Tenemos mucho por delante. Tenemos que cambiar el modelo de la vivienda: de hablar de negocio a hablar de derecho. Las legislaturas son de cuatro años y estamos sacando adelante esta agenda social tan importante", aseguraba Saiz en los micrófonos amarillos. 

Además, ha insistido en que el Ejecutivo "trabaja todos los días en recobrar la confianza de las fuerzas políticas que respaldan las diferentes propuestas". El Gobierno se coloca así ante la tarea de recuperar lo perdido en el último año. 2026 se presenta como todo un reto con numerosas elecciones autonómicas donde el principal partido del Gobierno se posicionará ante escenarios con todas las apuestas en contra y en los que el segundo partido de la coalición no logra las alianzas necesarias para presentar un proyecto amplio y concurrirán diferentes fuerzas. 

Ante esta situación, esta aprobación de medidas sociales tratarán de dejar clara a la ciudadanía la autoría del Gobierno debido a que, ni pasan por el Congreso ni se podrán atribuir a las comunidades autónomas donde el principal partido de la oposición, el Partido Popular, gobierna la mayor parte de ellas. Sin embargo, la Cámara Baja sí que tendrá la decisión de sacar adelante o no diferentes propuestas, como la revalorización de las pensiones, los últimos pliegos del escudo social o el aumento salarial de los empleados públicos. 

Sánchez tratará así de poner contra las cuerdas tanto a Junts como al Partido Popular para que justifiquen, en caso de que lo hagan, su voto en contra ante propuestas que beneficiarían a una mayoría social del país. Sin embargo, también es consciente de la debilidad parlamentaria a la que se enfrenta: en los últimos meses ha perdido votaciones clave como la reducción de la jornada laboral o la aprobación del techo de gasto. Además, los presupuestos generales del Estado también vislumbran un futuro muy oscuro ante los números imposibles que se manejan.  

"Hay presupuestos prorrogados que profundizan en la cohesión social. No es lo mismo cualquier tipo de presupuestos. Tener unos presupuestos prorrogados tan positivos nos permite esa cohesión social", justificaba esta mañana la nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en el programa de José Luis Sastre. Se baraja así que una de las medidas estrellas para el próximo año que presentará el Gobierno será el aumento del salario mínimo, así como las ayudas públicas de hasta 100 euros a gafas o lentillas o las ayudas y abono general para el transporte. 

Pese a que el sigilo y la discreción esté a la orden del día, se espera que Sánchez realice algún anuncio durante la campaña electoral de Aragón que comenzará en el primer mes por causa de los comicios del próximo 8 de febrero. "Viendo el calendario, es lógico que el presidente quiera disponer de un cajón de iniciativas a las que recurrir para ir sacando y diferenciarse [de la derecha]. Es verdad que el ruido mata al contenido, pero cuando tienes algo interesante, también te resuelve el ruido. Y a fin de cuentas, el BOE es el BOE", ha asegurado uno de los ministros al diario El País. 

El Ejecutivo encarrila así un nuevo año donde espera recuperar la confianza perdida de ciudadanos y partidos ante un goteo electoral en el que el Partido Socialista es pesimista aunque no pierde la esperanza. Sánchez mantiene así que terminará la legislatura y las elecciones serán en 2027.