El Gobierno aprueba el real decreto para la protección y tutela de los menores migrantes a las CCAA

En el Consejo de Ministros, celebrado este martes, el Gobierno ha anunciado la aprobación del real decreto de capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores no acompañados de las comunidades autónomas. "Se trata de un paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante", ha dicho la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría.

"Estamos hablando de niños y niñas que vienen solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y humanitaria", ha afirmado Alegría después de la polémica que lleva protagonizando todo el verano después de que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular rechazaran el reparto y acoger a los menores. Algunas de ellas, como la Comunidad de Madrid, incluso llegaron a presentar recursos ante el Supremo para evitarlo. 

Este decreto fija la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad, es decir, el número de plazas que debería tener para cumplir el ratio fijado, de 32 menores por cada 100.000 habitantes. Las comunidades que tengan una ocupación que triplique su capacidad ordinaria de acogida, como Canarias o Ceuta, deben pedir la situación de contingencia migratoria, que declarará el Gobierno, para que los menores en su territorio sean trasladados a otras comunidades. El destino serán comunidades con menos saturación en sus recursos

Las mayores diferencias se dan en Andalucía, que con los datos conocidos hasta ahora acoge a 1.372 menos de lo que le corresponde, Comunidad Valenciana, con 1.216 y Galicia, con 620. Con la entrada en vigor de este decreto, arrancará el mecanismo de solidaridad obligatoria que exigió Canarias y por el que se derivará a unos 3.000 jóvenes procedentes de las zonas más tensionadas, como este archipiélago o Ceuta, a otras regiones, para lo que ya se reformó la ley de extranjería, con el PP en contra.

Además, los plazos para la entrega de los menores comenzarán cada 15 días. Este sistema lo han recurrido ante el Tribunal Constitucional diez autonomías gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha (PSOE). Con el esfuerzo de acogida realizado hasta la fecha, ni País Vasco ni Cataluña tendrían que acoger a ningún joven, aunque Cataluña anunció su intención de atender como mínimo a 31, el mismo número que en anteriores campañas de acogida.