La encrucijada del reparto de menores: la cronología que deja a Canarias incrustada en el abandono e incertidumbre

Una promesa perpetua que nunca termina de cumplirse. El reparto de menores migrantes, como cada verano, vuelve a ponerse encima de la mesa como una meta que pareciera imposible de alcanzar. Mientras tanto, la Ruta Atlántica sigue dejando centenares de fallecidos todos los años y el archipiélago canario asume una absoluta responsabilidad que debería ser compartida. Sin embargo, los escollos y trabas laten en cada intento de acuerdo, en cada propuesta de reparto y en cada idea expuesta. En estos momentos, el futuro persiste incierto para uno de los dramas humanitarios más salvajes en el sur de Europa mientras todo el pueblo canario permanece desamparado y sobrepasado de una gestión que debiera ser compartida, pero que se instala en la soledad e incertidumbre.   

El pasado jueves 17 de agosto se emprendió la Conferencia Sectorial de Infancia en el Congreso de los Diputados, donde el reparto de menores con otras comunidades autónomas para lograr una mínima equidad era uno de los puntos clave en el orden del día que no se terminó de tratar. La incertidumbre marca el sendero de cómo tratar uno de los mayores dramas humanitarios que asola al sur de Europa. Las regiones gobernadas por el Partido Popular decidieron no personarse en la reunión en la que se determinaría el futuro de unos 3.900 niños y adolescentes extranjeros que residen en la actualidad en Canarias, Ceuta o Melilla. Esta decisión, según los populares, se sustenta en que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez pretende "imponer un reparto forzoso e ilegal" que rompería con el principio de igualdad.

Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobará este martes una nueva declaración de emergencia en Canarias que destinará un total de 40 millones de euros para la creación de 1.200 plazas de asilo para menores migrantes en la península. "Primero son menores antes de ser migrantes y de cara a su traslado hay que ser exquisitos y velar de manera milimétrica por esa protección jurídica y por esas garantías", ha asegurado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, recalcando que "el Partido Popular está utilizando como chivo expiatorio a los menores, a estos niños y niñas en situación tan vulnerable para intentar erosionar al Gobierno porque no tienen un modelo de país".  

Dicho reparto lleva siendo uno de los dolores de muelas que el Gobierno no es capaz de extirpar desde la llegada del nuevo inquilino a la Moncloa. Pese a ello, la encrucijada es una realidad latente en el archipiélago desde hace casi 20 años. Corría el año 1994 cuando se emprendió por primera vez el arriesgado recorrido que en la actualidad se conoce como Ruta Atlántica —un camino que deja centenares de muertos todos los años—, pero no fue hasta el curso 2006/2007 cuando la presión migratoria supuso una realidad inasumible para el archipiélago. Aquel suceso se conoció como 'crisis de los cayucos', ese año llegaron a las costas canarias más de 31.000 personas desde África, esencialmente de Senegal y Mauritania —por poner en contexto, sólo en Tenerife desembarcaron más de 20.000 personas—. Fue entonces cuando el reparto apareció por primera vez en escena ante la imposibilidad de que el archipiélago asumiera tal acogida. 

El entonces ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, liderado por Jesús Caldera, acordó con diferentes comunidades autónomas el primer reparto de menores migrantes con lugares como Madrid, Galicia, Andalucía, Castilla y León o Cataluña. Aquel primer intento dejó en evidencia una falta de coordinación territorial que no creó un marco de actuación para escenarios similares y deficiencias en la equidad: los repartos fueron voluntarios y ni mucho menos se lograron repartir el exceso que asumió el archipiélago en aquellos años. La planificación tenía el objetivo de colocar a 500 migrantes; para 2007 tan sólo se lograron 350. Fue entonces cuando el reclamo común en los gobiernos canarios fue nombrado por primera vez y que persiste hasta la actualidad: Canarias está desbordada y no puede asumir toda la presión migratoria.

Los flujos migratorios siguieron protagonizando las costas canarias, pero con una menor afluencia en comparación con la crisis de los cayucos. No obstante, en 2019, una de las principales rutas que proviene desde Senegal volvió a emerger con fuerza. Aquel repunte volvió a plasmar una realidad trágica un año después ejemplificada en el puerto de Arguineguín (Gran Canaria) donde llegaron a dormir más de 2.600 personas, la mayoría sobre el asfalto y en la intemperie, con condiciones ausentes de dignidad. La capacidad del lugar rebosó por más de seis veces su capacidad y terminó convirtiéndose en un nuevo símbolo del fracaso institucional de la acogida y el respeto a los derechos humanos. Miles de migrantes fueron retenidos bajo custodia policial sobrepasando el máximo legal con ausencia de duchas, agua potable o condiciones dignas. Dos años después, la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria dio carpetazo a la denuncia contra hacinamiento de personas en noviembre de 2020.     

Aquel incremento migratorio por la apertura de la ruta que conectaba Senegal con el archipiélago perduró durante los siguientes años. En 2021 y 2022 se pactaron traslados de entre 241 y 282 migrantes respectivamente. Pese a ello, no se llegó a materializar ni el 50% de aquellos repartos y la mayoría de las comunidades autónomas incumplieron aquel acuerdo. La única que cumplió con el 100% fue Asturias mientras que las Islas Canarias superaban el 300% de la capacidad de acogida. Ello siguió señalando el fracaso y la ausencia de un plan nacional migratorio que a día de hoy sigue siendo una de las mayores asignaturas pendientes del Ejecutivo. 

En octubre de 2023, el presidente canario Fernando Clavijo celebró la Conferencia Sectorial que aprobó el 'Pacto Canario por la Migración' reclamando mecanismos legales obligatorios para distribuir menores en estado de emergencia al resto del Estado. En el acuerdo, el Ejecutivo autonómico y portavoces de los grupos del Parlamento reclamaron al Gobierno de España una “política migratoria de Estado que contemple el fenómeno en su totalidad” y que “mejore la coordinación entre los distintos organismos de las administraciones públicas con competencias” en migración. Sólo Vox se desmarcó de aquel documento. Esta fue la primera vez que Canarias ponía encima de la mesa la necesidad de impulsar una reforma legislativa para repartir a los menores. 

Tres meses después de aquel acuerdo y ya entrado el 2024, ni un solo menor fue acogido por la península. Las negociaciones e intentos de acuerdo se asentaron en el fracaso latente que ha dejado este drama humanitario. Tan sólo Aragón, Galicia y Madrid comenzaron a ultimar el protocolo para la derivación y a calcular qué cantidad de personas podrían asumir. Sin embargo, el resto no dio señales de vida dejando a Canarias como la única que aguantaba la presión migratoria, una vez más. Durante lo restante de aquel año, Amnistía Internacional denunció la desprotección y falta de inspecciones en los centros —muchos de ellos temporales— que cuidaban a más de 6.000 migrantes. Además, en abril el Gobierno y Canarias acordaron incorporar un nuevo artículo en la Ley de Extranjería para obligar al reparto en caso de que una comunidad superase el 150% de su capacidad —porcentaje que sobrepasa con creces—. En junio se consolidó marcando criterios poblacionales, económicos, sanitarios y con una fórmula rápida de actuación.

A lo largo de este curso —en el que se aprobó en marzo el acuerdo mencionado anteriormente acerca de la Ley de Extranjería— la situación que ya arrastra la tragedia no ha mejorado. En febrero de 2025, Canarias aprobó el estado de emergencia en lo que se refiere a los menores extranjeros con el fin de garantizar su protección, al igual que ya hizo en 2023. En ese mismo mes, el archipiélago tutelaba más de 5.800 migrantes no acompañados. Sin embargo, un boicot tiró por tierra todos los esfuerzos para regular la situación, uno que se ha convertido en habitual siempre que este tema se pone encima de la mesa en la actualidad política: todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular se han ausentado de la solidaridad a lo largo de los últimos meses. 

En las Conferencias Sectoriales de abril y del pasado jueves las comunidades del PP se ausentaron de la reunión durante este tiempo han optado por la vía judicial para evitar el reparto de menores migrantes denunciando que País Vasco y Cataluña están extensos del acuerdo. Hasta once autonomías han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional alegando la "reubicación forzosa e invasión de competencias". Pese a ello, el Gobierno asegura que iniciará el proceso de traslado el próximo 28 de agosto aún con las reticencias del principal partido de la oposición. A diferencia de otros acuerdos, el Real decreto-ley aprobado el pasado 18 de marzo, y que modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería, establece criterios de obligado cumplimiento y pese a los recursos al Tribunal Constitucional, este todavía no ha emitido una resolución al respecto. La única piedra que se puede encontrar el Ejecutivo en el camino es que algunas comunidades rechacen acoger a los menores. Esto podría obligar al Estado a realizar los traslados mediante sus propios recursos recurriendo a entidades como Cruz Roja o la red estatal 'Canarias 50'. 

En definitiva, y de nuevo, la incertidumbre se plasma en lo que pueda suceder en los próximos meses de verano en el que, pese a las promesas del Gobierno, no se sabe qué será de miles de personas cuyo futuro sigue inmerso en la incertitud. Una tragedia humanitaria que parece no tener fin, dejando cientos de muertos en las aguas canarias y cuyo archipiélago lleva aguantando una presión migratoria inasumible durante más de 20 años.