El Gobierno firma la tercera prórroga de los Presupuestos Generales del Estado: qué cambia y qué supone de cara a 2026

Ya es oficial: el Gobierno ha firmado la prórroga para alargar los Presupuestos Generales del Estado, aprobados por última vez en 2023. Se trata de la tercera prórroga consecutiva, ya que no hubo cuentas nuevas ni en 2024 ni en 2025. Y aunque para el próximo año Moncloa insiste en que habrá Presupuestos, la falta de apoyos parlamentarios ha hecho imposible que llegasen a tiempo.

La prórroga supone extender, desde el 1 de enero, lo ya aprobado en 2023, pero en estos tres años ha habido novedades, partidas especiales y necesidades que han obligado a modificar los números inicialmente previstos. 

La prórroga automática responde a lo dispuesto por la Constitución España. Si bien no se cumple el artículo 134.3 —El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior— sí lo hace con respecto al subsiguiente 134.4 —Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos—.

Esta prórroga es la tercera consecutiva del Gobierno de Pedro Sánchez y supone la undécima en democracia, ya que ocurrió lo mismo con las cuentas de 1978, 1982, 1995, 2011, 2016, 2017, en dos ocasiones los de 2018 y ahora por tercera vez con las de 2023.

A corto plazo no se esperan noticias favorables al Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero. Tras ver rechazado su 'techo de gasto', el punto de partida de los PGE, por la falta de apoyos en la Cámara Baja y metidos en un periodo sin sesiones parlamentarias hasta febrero, los plazos se antojan largos. Sin embargo, desde Moncloa insisten en que habrá presupuestos en 2026 y que estos serán "expansivos y responsables", en palabras de Montero, partiendo de ese 'techo de gasto' que se eleva hasta los 216.177 millones.

Como informa Europa Press, ante el rechazo del Congreso, entrará en vigor el límite marcado en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo 2025-2028, remitido a Bruselas. Este documento deja menor margen de gasto a las comunidades autónomas y otorga una mayor flexibilidad a la administración central.

A falta de presupuestos, el Gobierno ha recurrido en los últimos meses a la figura de las 'adendas', vinculadas al cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Así, en septiembre, el Consejo de Ministros ya aprobó la llamada 'adenda DANA' casi un año después de la tragedia en Valencia. 

Dicho elemento incorpora el Componente 32, de 'Apoyo a la Recuperación y la Resiliencia en respuesta a los desastres naturales', con el objetivo de reforzar la capacidad del país para hacer frente a fenómenos meteorológicos extremos y a crisis externas que afectan a la economía española. En la práctica, supone la reorientación de actuaciones del Plan de Recuperación hacia nuevas inversiones.

Hace días, el 9 de diciembre, el Ejecutivo aprobó otra adenda centrada en la simplificación del Plan de Recuperación para reducir carga burocrática y adelantar plazos antes de la conclusión del proyecto, previsto para finales de 2026

Además de las adendas citadas por Hacienda, el ministerio detalla que para favorecer la absorción de los Fondos Next Generation y de manera transitoria hasta que haya unos nuevos Presupuestos, se establece un requisito previo ante cualquier nuevo expediente de gasto asociado a estos fondos europeos. Dicha exigencia pasa por la adaptación de los créditos que los ministerios tuvieran prorrogados a las necesidades asociadas al cumplimiento del Plan de Recuperación.