El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este martes que el aumento del gasto en seguridad y defensa hasta el 2% del PIB aprobado por el Consejo de Ministros no será votado en el Congreso porque "no requiere de la aprobación de las Cortes Generales".

En su comparecencia posterior a la reunión del Consejo, Sánchez anunció una inversión adicional de 10.471 millones de euros para seguridad y defensa para llegar este año al objetivo de destinar el 2 % del PIB a esa partida, una meta que el Ejecutivo había propuesto alcanzar en 2029.

Sin embargo, este aumento del gasto no será votado en el Congreso puesto que "no implica un mayor esfuerzo presupuestario". Para justificar esta decisión, el jefe del Ejecutivo aseguró que hay varios artículos de la Constitución que establecen "con claridad cuáles son las decisiones que corresponden al ámbito ejecutivo y al ámbito legislativo" y otro de la Ley General Presupuestaria "que establece con nitidez qué puede y no puede hacer el Gobierno a la hora de reasignar y ejecutar partidas de gasto". "Este plan, por tanto, no requiere la aprobación de las Cortes Generales", zanjó Sánchez.

Que el presidente del Gobierno eluda el Congreso en una decisión tan importante ha enfadado a la oposición, pero también a su socio de Gobierno, Sumar. Los ministros del partido de Yolanda Díaz presentaron en el propio Consejo de Ministros observaciones para dejar constancia de sus quejas, principalmente por la partida de cerca del 19 % de gasto destinado a armamento. 

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, calificó por su parte de "inaceptable" y "autoritario" que Sánchez no lleve el plan de defensa al Congreso. "Pretende mandar a la Unión Europea y la OTAN algo que nuestros propios ciudadanos ignoran, porque no ha contado con nadie para elaborarlo", denunció. Y teóricos socios del Gobierno, como Podemos, ERC, Bildu o BNG, también se mostraron en contra de esta decisión de Sánchez.

Pero, ¿realmente puede incrementarse el gasto en defensa sin el aval del Congreso? A raíz de la pandemia de coronavirus, se incluyó una disposición en las cuentas del Estado del año 2021 que permitía al Ministerio de Hacienda mover fondos de una rúbrica a otra sin requerir el visto bueno del Congreso. La única línea roja es que no se superase el techo de gasto. Es decir, es posible mover el excedente o los fondos que no se están empleando en un ministerio a otro que va a requerir de un gasto mayor.

Según explicó Sánchez, el grueso de la financiación va a proceder de tres fuentes: la reordenación de algunas partidas de los fondos europeos, de los ahorros generados por la "gestión rigurosa" que ha hecho el Gobierno y los buenos datos económicos; y del margen que dan ciertas partidas que se incluyeron en los presupuestos de 2023 y que ya no se necesitan. Por tanto, el Ejecutivo no necesita la validación del Congreso para usar el remanente o las partidas que ya no sean necesarias. Igualmente, la Comisión Europea facilita que parte de los fondos europeos puedan ser destinados a gastos en defensa y seguridad.