Empleados del Hospital de Torrejón recibieron la orden de reutilizar material sanitario de un solo uso: "No es legal”

Esta semana, el diario El País ha desvelado cómo en el hospital de Torrejón de Ardoz, en Madrid, sus gestores privados trataban de aumentar la rentabilidad de su negocio por encima de la salud de los enfermos. La denuncia ha llevado a la marcha del CEO del centro, del Grupo Ribera Salud, y a una petición de cuentas por parte de la oposición a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso. 

Pero es que el escándalo no acaba aquí, porque este viernes el diario del Grupo Prisa añade nuevos datos que dan cuenta de cómo se enfocaba el día a día en el hospital: al parecer, los empleados recibieron la orden de reutilizar material sanitario de un solo uso para ahorrar más. "Esta acción no es legal", denunciaron.

Lo hicieron por derecho, a través del canal ético interno del centro, los directivos que luego fueron despedidos, precisamente. Una portavoz del Grupo Ribera Salud niega que esta práctica se realice, tras consulta del diario. "Todo se enmarca en los planes de Ribera Salud para aumentar sus beneficios", avalados por los audios del consejero delegado de la compañía, Pablo Gallart, en los que daba instrucciones de aumentar listas de espera y de seleccionar la actividad rentable para conseguir un ebitda (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) "de cuatro o cinco millones de euros".

Los tres miembros de la dirección asistencial del grupo y la gerente del Hospital de Torrejón denunciaron órdenes como la de esterilizar catéteres de un solo uso. "Esta acción no es legal, por ficha técnica ese material no se puede reesterilizar", se avisaba. Ribera Salud insiste en que destituciones de las personas que firmaron estas quejas no tienen "nada que ver con estos hechos".

No se puede reutilizar un catéter de un solo uso porque están diseñados justamente para un solo procedimiento, en un solo paciente. Intentar reutilizarlos puede causar contaminación cruzada, infecciones y problemas técnicos, ya que no están fabricados para ser limpiados ni esterilizados de manera segura. La reutilización podría dañar el catéter y comprometer su integridad y la seguridad del paciente. Pueden llegar a costar más de 2.000 euros.

Como explica El País, "se trata de un dispositivo con tubos muy finos, flexibles y con electrodos en la punta que se introduce por una vena o una arteria hasta el corazón para estudiar su actividad eléctrica desde dentro. En Europa, estos productos tienen un marcado CE de un solo uso". Este tipo de material solo se puede volver a utilizar en hospitales si el reprocesamiento (incluyendo la limpieza, desinfección y todas las fases para su reutilización) las realiza un fabricante reprocesador que cumpla todos los requisitos que le son de aplicación (el reglamento 2017/745 el Real Decreto 192/2023).

Aunque quedan claras las normas y los riesgos de incumplirlas, las instrucciones denunciadas hablaban de esterilizar hasta un máximo de 10 veces, "siempre que estén en buen estado". Se trata de una orden que se dieron dos semanas después de la reunión del 25 de septiembre en la que Gallart pidió a sus subalternos usar la "imaginación" para "identificar qué procesos no son contributivos para el EBITDA de la sociedad [rentables]".

Denuncia masiva en mayo

En las últimas horas también se ha sabido que hubo una denuncia masiva presentada por profesionales del dentro en mayo, donde ya se apuntaban estos problemas. Lo han adelantado El País y la Cadena SER. 

Un grupo de trabajadores del centro denunció entonces haber sufrido presiones para priorizar a los clientes que podían resultar más rentables para la empresa gestora del centro. El manifiesto, firmado por los médicos, señalaba que en los últimos años el Hospital de Torrejón había experimentado "un deterioro acelerado de la calidad asistencial más básica", llegando a calificar la situación de "insostenible desde los puntos de vista asistencial, laboral y ético".

Los firmantes hablaban de la presión a algunas jefaturas de servicio para que priorizasen en consultas y listas de espera a pacientes procedentes de otras áreas sanitarias ("no cápita") frente a los de Torrejón. Una situación contraria "al principio de equidad del Sistema Nacional de Salud". De hecho, pedían el abandono de la imposición de cuotas de pacientes 'no cápita', "evitando la diferenciación entre pacientes por motivos de rentabilidad empresarial, mediante el abandono, en cualquier prestación del Hospital (consultas, listas de espera quirúrgica, etc.)".

Fuentes del hospital de Torrejón aseguran que en el documento "se pedían cambios a la nueva dirección de Ribera" y que desde entonces "han pasado unos meses en los que se ha trabajado junto con los profesionales un plan de mejoras".

Además, recuerdan que "se han cesado a directivos del hospital y del grupo, con responsabilidades directas en el hospital de Torrejón como pedían los profesionales en ese documento".

La respuesta

El día 13 de junio, el Consejero Delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, respondió con un correo electrónico a los firmantes del documento en el que los sanitarios denunciaban presiones para priorizar a los pacientes más rentables.

El CEO agradecía el manifiesto de los médicos y que hubieran compartido su "visión compartida sobre la situación del Hospital", así como el "tono constructivo" y el "apoyo para mejorar la situación"

"Estamos estudiando detenidamente el escrito y valorando las situaciones que denunciáis, así como las soluciones que proponéis", aseguraba Gallart en este mensaje del mes de junio.

"Estamos convencidos de que con el trabajo y el esfuerzo de todos los que formamos parte de este proyecto asistencial, vamos a ser capaces de mejorar y volver a posicionar el Hospital como un referente en la Comunidad de Madrid, tal y como nuestros pacientes demandan y los profesionales os merecéis. Os mantendremos informados al respecto", terminaba su mail.

Ahora, la Alta Inspección del Ministerio de Sanidad ha iniciado una investigación para comprobar si ha habido algún tipo de irregularidad o vulneración de los derechos de protección de la salud pública. Los trabajos empezaron ayer mismo.