Un error en el cálculo de los plazos legales por parte del juez Juan Carlos Peinado ha obligado a cerrar de forma anticipada la instrucción contra Alfonso Sánchez Vicente, gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid y alto cargo del Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida. Según informó El País este jueves 3 de julio, la Audiencia Provincial de Madrid ha anulado la prórroga de diligencias solicitada por el juez el pasado 2 de abril, al constatar que el plazo máximo legal de instrucción había expirado ya el 27 de enero. Esta decisión impide seguir adelante con la investigación por presunta malversación de fondos públicos debido a que no se podrán practicar pruebas que habían pedido las acusaciones políticas. 

El caso investigaba la adjudicación directa de un contrato de 72.600 euros a Ok Diario en diciembre de 2022 para organizar unas charlas sobre movilidad urbana. El evento, celebrado pocos meses antes de las elecciones municipales de mayo de 2023, fue presentado por el propio Almeida y el director del medio, Eduardo Inda, lo que llevó a los grupos municipales de Podemos y Más Madrid a sospechar de una posible utilización partidista de recursos públicos.

La Audiencia concluyó que todas las actuaciones impulsadas después del 27 de enero deben considerarse nulas, al haberse dictado fuera del plazo legal sin una prórroga válida. Esto incluye diligencias clave como la solicitud de informes a la Policía o a organismos oficiales, que podrían haber aportado pruebas sustanciales para la investigación. 

La reacción política no se ha hecho esperar. Desde el grupo de Más Madrid, una de las acusaciones populares en la causa, Rita Maestre calificó el error del juez Peinado como “negligente e inaceptable” y anunció que lo denunciará ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según recoge El País. Desde esta formación también han denunciado que la falta de rigor procesal que ha impedido esclarecer posibles irregularidades en el uso de dinero público durante un periodo preelectoral. "Es una forma de indefensión ante un ejercicio cortijero y caprichoso de la justicia", ha dicho la representante del grupo parlamentario en el Ayuntamiento. 

Además, el grupo parlamentario se ha personado en la causa con el fin de presentar la queja y acordar una nueva prórroga de la instrucción para que se investigue las presuntas negligencias que rodean al caso. 

Este no es el primer caso en el que el juez Peinado se ve envuelto en polémica. Su instrucción en el denominado 'caso Begoña Gómez', pareja del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido duramente cuestionada por instancias superiores debido a la falta de pruebas claras y la presunta vulneración de derechos fundamentales. Por el momento y hasta el momento de este artículo, el juicio y los imputados del mismo se están llevando a cabo sin bases jurídicas y bajo autos justificados por noticias de prensa. 

El archivo de la causa contra Sánchez Vicente representa un revés para quienes buscaban depurar responsabilidades políticas y jurídicas en el uso de fondos públicos. No obstante, el fallo también subraya la importancia de la observancia estricta de los plazos procesales como garantía para los investigados. Mientras tanto, el CGPJ deberá determinar si existió negligencia profesional en la actuación del magistrado Peinado.

Fuentes judiciales citadas por El País reconocen que este tipo de errores, aunque poco comunes, pueden tener efectos demoledores sobre una instrucción en curso. La controversia añade presión sobre el sistema judicial madrileño, en un momento de creciente tensión política y cuestionamientos a la imparcialidad de algunos jueces de instrucción. Especialmente en el juez Peinado, cuyo historial es de sobra conocido.