La financiación de Cataluña crea un cisma en los socios del Gobierno y se tambalea su aprobación en el Congreso

La nueva financiación singular de Cataluña acordada entre Gobierno y Generalitat el pasado lunes ha ocupado parte del foco en la actualidad nacional. Este acuerdo, que surge de una de las exigencias clave de Esquerra Republicana para facilitar la investidura de Salvador Illa (PSC) para president el verano pasado, llega en uno de los momentos más críticos de la legislatura después de los casos de corrupción que han salpicado al Partido Socialista donde están involucrados los que fueran secretarios de Organización de la organización —Santos Cerdán y José Luis Ábalos— y Koldo García, mano derecha del segundo de ellos. Pese a ello, el Ejecutivo prioriza al máximo sus esfuerzos con el partido liderado por Oriol Junqueras para asegurarse el apoyo de uno de los socios más imprescindibles de las legislaturas de las coaliciones progresistas y también la estabilidad en el territorio catalán. 

Una vez conocido el acuerdo, las reacciones, críticas e impresiones de los diferentes grupos parlamentarios que conforman el Congreso de los Diputados no se hizo esperar y se desató una tormenta perfecta que pone en grave riesgo la aprobación del mismo. En ese sentido, las posiciones contrarias al ejecutivo no van exclusivamente en dirección de los principales opositores, sino a los socios habituales y fundamentales para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, permanezca en el palacio de la Moncloa. En ese sentido y ante lo que se ha puesto como "un nuevo modelo de financiación autonómica al que se podrán unir aquellas comunidades que lo soliciten", muchos de los diferentes territorios ven que el privilegio se ha puesto al servicio de la Generalitat dejando sin equidad aquellas comunidades con menor capacidad económica.

Sin embargo, las críticas también vienen desde el interior de Cataluña. Junts, la pieza más inestable del Ejecutivo, ha sido una de las voces más críticas con el acuerdo entre las instituciones dejando claro que "ni supone una bilateralidad ni una singularidad". "De entrada es una decepción. Perpetúa justamente aquello que se quería cambiar y seguirá así porque el PSC nunca hará algo que le moleste al PSOE, más aún teniendo en cuenta la coyuntura en la que nos encontramos", explicaba el secretario general del partido, Jordi Turull, en una entrevista con la televisión catalana. "Es la consolidación del café para todos, pasamos del café para todos a la singularidad para todos", proseguía Turull en una línea similar a Carles Puigdemont que apuntaba a que el pacto "intenta generalizar aquello que es singular". 

Las discrepancias salen de Cataluña, pero no del Gobierno, donde el segundo partido de la coalición, Sumar, se halla inmerso en un debate interno en el que por el momento no han encontrado una sincronía. Los representantes catalanes (Comunes) dentro de la formación liderada por Yolanda Díaz apoyan el acuerdo que han alcanzado ambas instituciones. "Es un acuerdo que asienta un modelo de financiación autonómica justo y necesario para Cataluña y para el resto de comunidades", aseguraba la diputada Aína Vidal. No obstante, no se percibe de la misma forma otros partidos como Compromís o la Chunta que amenazan directamente con votar en contra de la propuesta "en caso de que no se atiendan las necesidades de sus territorios". 

"Cualquier mecanismo de financiación autonómica debe incluir sí o sí, si quiere contar con nuestros votos, de un fondo de transitoriedad que nos haga estar al nivel de la media no solo a la Comunidad Valenciana, sino al conjunto de comunidades autónomas que estamos infrafinanciadas", ha declarado este martes en el Congreso el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez. En el mismo sentido se posicionaba Agueda Micó que defiende que "Valencia lleva discriminada desde el siglo pasado". Por parte de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo ha sostenido un argumentario bastante similar a los valencianos y votará en contra en caso de que no se contemple las singularidades financieras de Aragón. Finalmente, Més per Mallorca están a favor del acuerdo con Cataluña y no ven la incompatibilidad con el resto de las autonomías y, su homólogo en la capital, Más Madrid, todavía no se ha declinado por una posición clara. 

Por parte del País Vasco, la incertidumbre acerca de su posición pone en jaque cualquier escenario posible. Pese a que es probable que las formaciones de Euskadi —EH Bildu y PNV— se muestren favorables, la realidad es que no se sientan interpelados al no regirse por la financiación estatal. Esto podría suponer una baza para el Ejecutivo que se aseguraría los 11 votos vascos en una futurible votación parlamentaria. De hecho, Esquerra Republicana ha iniciado los acercamientos a ambas fuerzas políticas para ver su disponibilidad ante la medida. Desde la izquierda fuera de Moncloa, Podemos se muestra precavido y deberán de estudiar con más detenimiento la integridad del acuerdo para tomar partida. "De primeras no tiene visos de éxito. Creo que esto es una nueva cortina de humo del PSOE para desviar la atención de los casos de corrupción. A día de hoy, este acuerdo yo creo que está condenado al fracaso", aseguraba Pablo Fernández, secretario de Organización y coportavoz del partido.

Fernando Clavijo, secretario general de Coalición Canaria y presidente del archipiélago, ha criticado duramente el acuerdo diciendo que "este modelo supondría quitarle dinero a los canarios para mandarlo a Cataluña y rompería la solidaridad". Desde Galicia, la portavoz de Hacienda del BNG, Noa Presas, instó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para "aprovechar la situación y pelear por un modelo de financiación propio". Incluso dentro del Partido Socialista, la opinión no es unánime. Las comunidades que todavía están gobernadas por el PSOE dentro del régimen común—Asturias y Castilla-La Mancha— han mostrado sutilmente sus discrepancias al igual que el secretario general del partido en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que apuntó que "premia a quienes más tienen para castigar a los que más necesitan".

El líder socialista manchego, Emiliano García Page, y uno de los mayores escollos para Sánchez dentro del partido llegó a decir que "en caso de que lo planteara Madrid, ellos mismos dirían que es una barbaridad", refiriéndose a los integrantes del acuerdo. "Sólo faltaría que vayamos a un modelo en el que en vez del Estado vaya a redistribuir y repartir sean las autonomías las que repartan y el Estado el que mendigue la financiación para los gastos comunes. España es plural pero a veces se utiliza el concepto de España plural simplemente para justificar la España desigual", concluía Page. 

En definitiva, el acuerdo al que llegaron el lunes la Generalitat y el Gobierno podría quedar en papel mojado nada más llegara al Congreso de los Diputados por no tener un apoyo suficiente. Es seguro que el Partido Popular y Vox votarán en contra, la clave de bóveda reside en la mayoría de la investidura que mantiene muchos de los flecos con rechazo o ausencia de convencimiento para apoyar una medida que podría suponer un ante y un después para el modelo de financiación autonómica.