La Fiscalía ha pedido la amnistía para los cerca de 40 empresarios y ex altos cargos del Govern de Carles Puigdemont procesados por los preparativos del 1-O, tras casi un año de bloqueo por una discusión sobre competencias judiciales.

En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, el ministerio público considera que "se compartan o no las motivaciones políticas, ideológicas o incluso filosóficas" de los impulsores de la ley, los procesados por el 1-O deben ser amnistiados dado que sus actuaciones se ciñeron a la financiación y organización del referéndum, por lo que están incluidas en la amnistía.

La Fiscalía deja al margen la amnistía dos gastos concretos que cree no están vinculados con el procés: el servicio de limpieza y una auditoría encargados por el Diplocat, por lo que pide llevar a juicio a los exsecretarios generales de la institución Roser Clavell y Albert Royo, únicamente por esos contratos.

En su escrito, el fiscal se desmarca de la tesis del Supremo e insiste en que debe amnistiarse también el delito de malversación -que se suma a los de prevaricación, falsedad documental, desobediencia por los que fueron procesados los organizadores del referéndum-, porque de lo contrario se dejaría "vacío de contenido" lo dispuesto en la ley.

-Noticia de última hora, en ampliación-

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