La negativa de Ayuso a recordar la Real Casa de Correos como lo que fue, un centro de torturas durante el franquismo

Julián Grimau García, que permaneció en coma al menos cinco días, tenía una "importante fractura del cráneo abierta y conminuta establecida en el hueso parietal izquierdo con hundimiento y atrición cerebral", "fractura grave de las dos muñecas" y, entre otras cosas, una "fractura del tercer dedo de la mano derecha". La versión oficial habló de "tentativa de suicidio". "Se habría lanzado a través de una ventana, rompiendo el vidrio", decía. Pero los médicos franceses que revisaron su caso no opinaban igual. "La ausencia de equimosis, de toda traza de corte al nivel de la cara y de las manos, que necesariamente habrían debido resultar de la proyección violencia de la cabeza contra el vidrio, descartan la posibilidad de un suicidio. Además, según la propia foto de Pueblo, el señor Grimau, para pasar a través de la ventana, habría tenido que realizar un salto prácticamente imposible", recogía el informe que firmaron Pierre Frumusan, médico asistente de los hospitales de París; Victor Lafitte, neuropsiquiatra; y el doctor Michel Sakka, antiguo interno de los hospitales de París.

No, Julián Grimau García no intentó suicidarse, por mucho que el fundador del Partido Popular y entonces ministro de Información del franquismo, Manuel Fraga, así lo defendiera. Julián Grimau, miembro del Comité Central del Partido Comunista de España, fue detenido el 7 de noviembre de 1962 por la Dirección General de Seguridad del franquismo y enviado a la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, hoy sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Allí, fue torturado y lanzado por una ventana para falsear un intento de suicidio. No murió entonces, pero sí el 20 de abril de 1963 tras haber sido condenado a muerte por el franquismo. Un pelotón de fusilamiento le descerrajó 27 balas y otras tres de gracia.

Cuando uno acude a la céntrica Puerta del Sol madrileña, puede ver tres placas en la fachada de la Real Casa de Correos. Una, para honrar a las personas que lucharon contra los franceses el 2 de mayo de 1808; otra, en memoria de las víctimas del atentado del 11 de marzo de 2004; la tercera, en recuerdo de las personas fallecidas durante la pandemia. Nada recuerda, sin embargo, lo que sucedió en el interior de esa fachada de ladrillo y piedra caliza blanca desde 1939 y hasta el final del franquismo. En Argentina, la Escuela Mecánica de la Armada es hoy un Museo de Memoria que recuerda las torturas de la dictadura argentina. En Portugal, lo que durante la dictadura portuguesa funcionó como prisión política, de 1928 a 1965, es hoy el Museo Aljube Resistencia y Libertad, un espacio de memoria histórica. En España, la Real Casa de Correos es poco más que el lugar donde un carrillón desciende del reloj en nochevieja. Pero el Gobierno quiere que eso cambie.

El pasado 16 de octubre, el Gobierno abrió un expediente para declarar la Real Casa de Correos como un lugar de Memoria Democrática, algo que exige la ley de Memoria que entró en vigor en 2022. Este nombramiento implicará, según declaró la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, "la colocación de una placa en la fachada para recordar a las personas que fueron detenidas y maltratadas en ese lugar durante la dictadura". Pero hay a quien no le gusta esta decisión. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, está dispuesta a acudir a donde haga falta para evitarlo. El Gobierno ha tratado de negociar la señalización con la presidenta, pero esta se niega. Es una "invasión competencial", dice. Claro que la líder del PP tampoco quiere la placa.

Este martes, la presidenta de la Comunidad de Madrid envió una carta al ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para expresar su "indignación [...] por la insólita decisión del Gobierno de la Nación [...] de declarar la Real Casa de Correos lugar de memoria democrática". "Nos oponemos a esta iniciativa que invade las competencias de una comunidad autónoma — la de Madrid, donde está la capital de España — en materia de defensa del patrimonio histórico y es irrespetuosa con la Historia de un edificio que el pueblo de Madrid asocia con la libertad y concordia, con celebraciones muy queridas, y con hechos heroicos, y no con división y enfrentamiento elegidos con amnesia selectiva con afán manipulador", prosigue Díaz Ayuso.

En su misiva, la presidenta madrileña tira de cierta ironía al preguntar a Ángel Víctor Torres por qué nombra lugar de memoria la sede de la Presidencia de la Comunidad pero no así "el parlamento canario y los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife". "Te recuerdo que en Canarias, tierra muy querida que conoces bien, hay tres construcciones significativas para las que podrías igualmente incoar sendos expedientes de declaración como ‘lugares de memoria democrática’, y no lo haces", le escribe. Uno de ellos, por cierto, el Parlamento canario, cuenta desde 2019 con una placa en el jardín del patio principal en recuerdo a las personas represaliadas. Lo que la presidenta madrileña quiere, tal y como explica, es que se deje a la Real Casa de Correos "ser lo que ha sido y es, por respeto y consideración hacia las incontables personas que la aprecian y disfrutan; sin buscarle significados manipuladores, divisorios, oportunistas y nocivos".

No deja de resultar llamativo, sin embargo, que en la recopilación que Ayuso hace de las funciones que ha ejercido la Real Casa de Correos, en ningún momento la relacione con la Dirección General de Seguridad franquista, bajo la cual actuaba la Brigada Político Social. "Ha sido, en el transcurso de más de 250 años — enumera la presidenta — oficina central de Correos y testigo de los acontecimientos del 2 de mayo de 1808, y ha albergado la Capitanía general, el Gobierno Militar y la sede del Ministerio de Gobernación incluso con el Gobierno del Frente Popular. Y es hoy, lo que es: un edificio que, cada Nochevieja, une a los españoles con ocasión de las campanadas de su célebre reloj; [...] que es sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid desde hace cuatro decenios, que solo ha existido en democracia, y con el Estado de las autonomías; y cuya remodelación integral a finales de los años 90 del siglo pasado fue inaugurada por Sus Majestades los Reyes de España". El Gobierno, por su parte, llevará el asunto al Tribunal Constitucional ante la negativa de la Comunidad.

El historiador Pablo Alcántara conoce bien la historia de la Real Casa de Correos. En su libro La DGS. El palacio de terror franquista (Espasa), Alcántara reconstruye la historia del edificio desde su construcción a finales del siglo XVIII hasta la actualidad, pero centrando su atención en lo que albergó durante la dictadura franquista. “En los últimos tiempos — escribe en la introducción de su libro — se han publicado importantes trabajos sobre la represión franquista y la violencia política a lo largo de la historia de España. Sin embargo, sobre el epicentro de terror que fue la Real Casa de Correos no existe ninguno hasta la fecha [2024]. Con este libro pretendo rellenar ese vacío historiográfico, para seguir avanzando en la comprensión de la represión franquista y de la violencia política y policial. También para honrar la memoria de las víctimas que sufrieron torturas en el céntrico edificio; su historia no puede caer en el silencio y el olvido, sino que debe reivindicarse. Las voces que nos recuerdan que allí se torturaba y asesinaba siguen resonando en la Puerta del Sol y sus alrededores. Y mi deseo es que sean escuchadas”.

Alcántara está de acuerdo en que la Real Casa de Correos sea un lugar de memoria, pero, en conversación con El HuffPost, pide ir un paso más allá. "La placa está bien, pero lo que habría que hacer es crear un museo de la memoria, como en Argentina o Portugal. Sé que ahora mismo no es la batalla y que la placa está bien, pero el Gobierno debería ir mucho más allá. Es necesario hacer una divulgación de la historia y la mejor manera de que el público la conozca es sí, primero una placa, pero luego un museo", defiende el historiador. Alcántara explica la ausencia de información pública respecto a este lugar por culpa no solo de la duración del régimen franquista sino también por lo que supuso la Transición. "Tiene mucho que ver con la Transición", dice: "Esta misma semana Aitor Esteban, del PNV, todavía le decía al presidente Sánchez que cuando habría una nueva ley de secretos oficiales. Los historiadores, de hecho, apenas tenemos medios para estudiar y conocer todo lo que pasó. En la Transición se hizo un borrón y cuenta nueva, no solo judicial sino histórico. Es verdad que en los últimos años la sociedad civil ha ido avanzando en investigaciones de memoria democrática, pero las instituciones han quedado atrás".

El propio Pablo Alcántara se encontró con muchos obstáculos para documentar su libro. Tuvo que acudir a los expedientes de los policías de la Dirección General de Seguridad, pero solo a los que han muerto hace más de 25 años, tal y como permite la legislación. "Había que demostrarlo con una esquela", recuerda. Pero había otro problema. "Esos archivos pueden tardar en llegar un año y medio, así que ya no es solo el hecho de que haya problemas para consultarlos, sino que, al solicitarlos, hay una larga espera", afirma. A partir de ahí, "siendo muy cabezón e insistiendo mucho", pudo acceder a documentación de la oposición antifranquista, a documentación judicial de los Consejos de Guerra de los tribunales militares y del Tribunal de Orden Público. Pero lo más útil, sin duda, son los testimonios de las personas que pasaron por la Real Casa de Correos.

En septiembre de 2023, uno de estos testimonios pudo escucharse por primera vez en sede judicial. Julio Pacheco, militante comunista, se convirtió en la primera víctima del franquismo que pudo relatar lo sufrido en los juzgados españoles. Allí, Pacheco acusó de torturas a cuatro agentes de la Brigada Político Social, entre los que se encontraban el comisario ya jubilado José Manuel Villarejo y el fallecido Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño. "Los policías te tiraban para un lado, te pegaban, te daban golpes... Tú eras como una peonza y ellos hacían contigo como si fueras un juguete", narró Julio Pacheco según su declaración, a la que tuvo acceso eldiario.es. La Justicia archivó la causa al considerar prescritos los hechos denunciados.

El de Pacheco es solo uno más de entre el sinfín de casos que pretende recordar la ley de Memoria Democrática, no así la Comunidad de Madrid. Ni tan siquiera una placa.